Ven prácticas indebidas en contratación pública

maria.saldana@eluniversal.com.mx

La imposición de requisitos injustificados, errores de planeación, falta de diseño en licitaciones y reglas que limitan la participación de empresas provocan gastos adicionales en las contrataciones que realizan las dependencias gubernamentales, informó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el caso de medicamentos, significó el pago de un sobreprecio de 57%, consideró la autoridad.

Para evitar prácticas indebidas, la comisión sugirió a las oficinas acotar los espacios de contacto entre licitantes durante el procedimiento, optar por concursos vía electrónica, evitar que sea obligatoria la asistencia de los participantes en los actos, y evitar la publicación de precios de referencia o de presupuestos detallados.

Aseguró que el gasto destinado a obras y adquisiciones públicas como proporción del PIB fue de 5.32% en 2014 y representó 26.69% del total del gasto de la Administración Pública Federal en dicho año, por lo que consideró necesario que imponer principios de competencia.

La Cofece sugiere incluir las condiciones mínimas en el diseño, planeación, concurso y medidas transversales como crear unidades de inteligencia de mercados, sobre todo cuando el volumen o el monto del contrato lo ameriten. O, cuando menos pedir asesoría a la Cofece y someter a su consideración los proyectos de contratación pública.

En su manual Recomendaciones para promover la competencia en la contratación pública, el regulador expuso que en la medida en que se logran mejores condiciones de contratación y se evitan prácticas ilegales, “el Estado obtiene ahorros. De hecho, los entes gubernamentales tienen como mandato constitucional llevar a cabo procedimientos de contratación que consigan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado en términos del artículo 134”.

En 2010 la comisión sancionó por colusión a seis empresas del sector farmacéutico —Baxter, Fresenius, Eli Lilly y Pisa, entre otras— con 151 millones 679 mil 345 pesos.

Dichas firmas se coludieron para suministrar insulinas, entre 2003 y 2006 con sobreprecio de 57.6%, además que para el suero dieron un precio 3% mayor al real, lo que provocó un daño patrimonial de 622.7 millones de pesos de 2003 a 2005.