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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) no debió apoyar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, aseveró el vicepresidente de dicho organismo, Juan Carlos Pérez Góngora, quien presentó un amparo contra el proceso electoral que se lleva a cabo al interior del organismo, tras rechazarse su candidatura.

Al respecto, el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa, Guillermo Romero, dijo que él votó en contra de la decisión de adherirse al acuerdo que presentó el Ejecutivo y que se firmó el pasado 9 de enero por la Concanaco, representantes sindicales y organismos como Concamin y CCE.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Omar A. Osuna, dijo que al menos cuatro delegaciones de Sinaloa están en contra de que se haya firmado el acuerdo, porque no se preguntó a los integrantes sobre si estaban o no de acuerdo.

En conferencia de prensa, Pérez Góngora dijo que se han presentado diversas irregularidades en la Confederación. Por una parte, el proceso de elecciones tuvo anomalías porque se impidió su participación como candidato, ya que el presidente actual de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, hizo campaña a favor de Ricardo Navarro.

Otro de los asuntos fue que el proyecto de venta de tabletas a los comerciantes que se impulsó con el gobierno se otorgó a uno de los integrantes de la cúpula de la Confederación, lo que pudiera ser un conflicto de interés.

Además, dijo que hay hechos que los llevan a tener que pedir que se realice una auditoría a los estados financieros de la Confederación.

El hasta ahora vicepresidente de combate a la economía ilegal de la Concanaco explicó que se solicitó que se anule el proceso de elecciones, porque el comité electoral del organismo empresarial no quiso aceptar su candidatura, a pesar de que cumplió con los requisitos.

Y es que sólo se aceptó la candidatura de Navarro, por lo que dijo que presentó un amparo ante el Juzgado 10 de distrito en materia administrativa el 4 de enero, recurso legal del que habría resolución entre marzo y abril próximo.

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