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Las manufacturas mexicanas operan bajo presión por las alzas en sus costos, sobre todo en los combustibles y demás energéticos, que han provocado una mayor inflación, además de la inseguridad, la corrupción y las extorsiones, principalmente, dijo el presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) expuso que ante esa situación es necesario “no estancarse en optimismos engañosos que no convencen, pero dañan los planes de las empresas; sin olvidar que el crecimiento económico de un país no se da por vía simple de recaudar siempre sobre los mismos, sino incentivando intensivamente el avance de su industria local y reduciendo la informalidad”.

Para lograr crecimientos del PIB superiores a 3.5% en el país se debe trabajar exhaustivamente y con sentido de urgencia para detener o reducir los incrementos en precios de las gasolinas, combustibles, energéticos y tarifas de luz, así como frenar el crecimiento del comercio ilegal de mercancías, piratería y subvaluación de productos.

Destacó la importancia de disminuir la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la delincuencia y la notoria debilidad del ejercicio del Estado de derecho. Detalló que hay afectaciones por la depreciación del peso frente al dólar, incrementos de las tasas de interés, la disminución de la inversión pública por recortes presupuestales, la desaceleración del consumo y en las exportaciones mexicanas por los posibles cambios que se puedan dar por la política proteccionista de Estados Unidos, ante una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Afirmó que por esa situación hay cancelaciones de inversiones de proyectos que estaban comprometidos y los realizados pueden reconsiderar su traslado parcial o total en un futuro.

Dijo que preocupa “la inseguridad que prevalece en México y que perturba su crecimiento y la corrupción que agobia y obstaculiza los negocios; las extorsiones e impunidad más constantes; la irregularidad o debilidad en el ejercicio de un Estado de derecho que requiere dar certidumbre jurídica a lo invertido y a lo que vendrá”.

Indicó que a ello se le suman los problemas regulatorios, la baja transparencia estatal y municipal, la informalidad y la tramitología excesiva e ineficiente ante requisitos implantados por los tres niveles de gobiernos.

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