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El entorno anticorrupción

Por las redes sociales, los hechos de corrupción cada vez salen más a la luz. Cuestión que sin duda es positiva

Cartera 14/12/2016 01:32 Luis Enrique Graham - Articulista invitado Actualizada 01:32
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En México y en el mundo, la corrupción afecta a todos. No sólo el gobierno y su aceptación o popularidad frente a los gobernados se ven afectados por hechos de corrupción. Está comprobado, y así lo han señalado organismos internacionales reconocidos, que la corrupción afecta la economía de las empresas y de las personas. La corrupción es un mal que siempre ha existido pero, lamentablemente, se ha incrementado.

Por las tecnologías de información (por ejemplo, redes sociales), los hechos de corrupción cada vez salen más a la luz. Cuestión que sin duda es positiva. Aunado a esto, existe un elemento de mayor importancia que en los últimos años se ha desarrollado vertiginosamente: las herramientas legales para prevenir y castigar los hechos corruptos.

En los últimos años, organizaciones internaciones, tales como ONU, OEA y OCDE, han emitido convenciones para combatir hechos de corrupción. Dichos convenios han sido firmados por diversos países, incluyendo México.

Adicionalmente, existen legislaciones a nivel mundial, específicamente, el Foreign Corrupt Practices Act (en Estados Unidos de Norteamérica) y el U.K. Bribery Act (en Gran Bretaña), que cuentan con un alcance extraterritorial respecto de hechos de corrupción, sin importar que estos ocurran en un estado extranjero.

Por esa razón, diversas empresas que tienen actividad en México (muchas de las cuales son filiales de una entidad extranjera o su matriz está, por ejemplo, en los Estados Unidos), han efectuado cambios importantes para prevenir y sancionar hechos de corrupción.

Como un hecho positivo, y derivado de una gran presión social en los últimos años, el ejecutivo federal envió al Congreso la llamada Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción (mayo de 2015), misma que —poco más de un año después— ha derivado en la creación de nuevas leyes y reformas a otras existentes para dar un giro muy importante al tema de la anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, será un mecanismo conformado por diversas entidades públicas y por integrantes de la sociedad civil, que servirá como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno y los particulares, para prevenir, controlar y sancionar hechos de corrupción. Este nuevo sistema será el encargado de emitir recomendaciones, aparatos y medios para reducir la corrupción.

Asimismo, dentro de las siete leyes que integran las reformas anticorrupción, se creó la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicha ley (que entrará en vigor a partir del 18 de julio de 2017) cuenta con mecanismos de prevención y de sanción, tanto para funcionarios públicos, como para particulares.

En una cuestión novedosa en México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala diversos deberes para las empresas en materia de prevención de corrupción. Ahora, para evitar o minimizar sanciones, las empresas deberán contar con mecanismos de prevención, de lo contrario —y con la independencia para sancionar que adquirió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa— se podrían imponer sanciones que van desde multas económicas muy altas, hasta la suspensión de actividades de la empresa y la disolución de la misma.

Las herramientas han sido otorgadas al gobierno y a la sociedad, por lo que, tanto funcionarios públicos como particulares (incluyendo las empresas) se enfrentaran a un nuevo sistema de prevención y de sanción que, entre otros aspectos, será más estricto. Por ello, las empresas deben establecer o ajustar sus mecanismos y procedimientos para prevenir y combatir la corrupción.

 

Socio de Hogan Lovells México

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