Las elecciones también son para los pobres

Luis Castro, Presidente del Partido Nueva Alianza (PANAL) declaró, en una entrevista exclusiva, “No estamos de acuerdo en que NO exista financiamiento público, tendríamos una democracia de ricos, burgueses o malosos, si hay financiamiento privado solamente vendría de cuatro fuentes: de aportaciones de militantes, desvío de recursos por parte de gobiernos, recursos de malosos de cuello blanco y la última de mafiosos de cuello negro” (La Crónica de Hoy, Hidalgo 5-10-17).

Estas palabras fueron posteriores al envió de la carta a los integrantes del Frente Ciudadano por México (FCM), PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la que explicaba razones y condiciones para entablar un diálogo para revisar la conveniencia de presentar un candidato común a la Presidencia de la República. Hay que destacar que pide que se realicen debates públicos y una consulta abierta la tercera semana de noviembre (El Universal, 5-10-17).

En el juego de apariencias que suele ser la política, la coalición electoral contra el PRI y Morena es cada vez más factible -a pesar de la amenaza de Margarita Zavala de lanzarse como candidata independiente, que sólo puede hacer efectiva antes del próximo domingo- y más fuerte financieramente si sumamos las prerrogativas económicas de los partidos involucrados, menos el recurso regresado por el PRI al INE y la estrategia equivoca de Morena de supuestamente apoyar –hasta donde alcance- a los damnificados de los sismos.

En el antiguo régimen, el financiamiento de los partidos políticos se adecuaba el modelo corporativo y clientelar del autoritarismo presidencial. Los dineros se manejaban con gran opacidad, no había certeza de su origen y no había rendición de cuentas. Es la época de acuñación de la frase de Carlos Hank “un político pobre, es un pobre político”.

A partir de las reformas electorales de la última década del siglo XX, se determinó un esquema de financiamiento mixto –público y privado- reglamentado en la procedencia de las aportaciones y fiscalizado por los organismos electorales. Posteriormente, la bancarización de las operaciones financieras de los partidos introdujo un elemento de transparencia.

La falta de dinero suele ser un factor que obliga a abrirse de capa. La demagogia de algunos líderes partidistas que a consecuencia del S-19 prometía la renuncia a las prerrogativas, rápidamente encontró un freno en la realidad quincenal, que exige el pago de la nómina a los colaboradores –no necesariamente militantes-, que son la fuerza de trabajo cotidiana.

Las coaliciones electorales entre partidos que conciben en forma diametralmente opuesta la educación, la salud, el combate a la pobreza, los derechos humanos, la economía, la seguridad social la diversidad sexual y los derechos de las mujeres son necesariamente transitorias. No así las personas de carne y hueso con relaciones de trabajo permanentes o eventuales en los partidos, el gasto corriente –la renta, la luz y el agua, entre otros servicios- y la promoción de la acción política.

No es baladí la declaración de Luis Castro. Sin dinero público, las elecciones serían una cuestión de ricos o de utopías de candidatos ciudadanos que para mostrar su independencia de cualquiera afirman que sólo están dispuestos a aceptar donaciones menores de los individuos. Los pobres, que no forman parte de la sociedad civil organizada de las agrupaciones empresariales, grupos de presión, organizaciones de la sociedad civil, académicos, notables o comentócratas, estarían excluidos estructuralmente de hacer política.

La construcción del FCM es una cuestión de ocasión, importante para el futuro inmediato, pero el debate sobre el esquema de financiamiento de los partidos políticos es de mayor calado y no puede resolverse bajo una lógica de corto plazo, ni golpes mediáticos para ganar votos. Incluso, en el PRI, más de uno, empezando por el Secretario de Finanzas, están pensando cómo van a cubrir la nómina siguiente. Quienes trabajan para los partidos políticos, si no son ricos, requieren cobrar un salario para dedicarse de tiempo completo a la actividad. El financiamiento exclusivamente privado convertiría a la política en un “trabajo” de notables o de las clases pudientes. Vale la pena una reflexión más profunda sobre el tema.