La reeducación de la sociedad: Nestora y el Estado de derecho

Nestora Salgado es noticia. La candidata a senadora plurinominal por Morena está en el foco de atención nacional. Las “anécdotas” en torno a este tema son tragedias humanas, que involucran a muchas víctimas y victimarios; son expresiones del fracaso del Estado de derecho e intolerancia en grandes zonas abandonadas a su suerte por los gobiernos locales y Federal; ejemplos de enfrentamientos entre viejos y nuevos caudillismos; tierra fértil para la pesca ideológica de los grupos marginados ancestralmente y formación de guardias comunitarias o paramilitares confrontadas en medio de una población temerosa y más empobrecida y campo de batalla de defensores de derechos humanos de la más diversa afiliación partidista o activismo social.

La acusación directa de Meade a Nestora detonó el debate. ¿Es correcto que haya una candidata que fue comandante de policías comunitarias que operan paralelamente a los cuerpos de seguridad del Estado, con base en una legislación de usos y costumbres de Guerrero? ¿Es legítimo que ese tipo de policía no se someta a ningún protocolo de respeto a los derechos humanos de los presuntos delincuentes que detiene en flagrancia? ¿Es procedente que una persona cuyo expediente judicial está en proceso de revisión sea candidata al Senado? Estos cuestionamientos son los que debe resolver el electorado el 1 de julio en las urnas. Ese es el propósito y la pertinencia de presentar el caso en el debate de los candidatos a la Presidencia de la República.

¿A quién creerle? ¿A quiénes se dicen víctimas de Nestora? o ¿a los defensores de Nestora que la postularon como candidata al Senado? En palabras de una de las personas que declaran contra ella, la sociedad está en un proceso de reeducación. ¿Qué debemos defender? ¿El Estado de derecho o las tradiciones de las comunidades? ¿Los derechos humanos, el deseo de venganza, cualquier mecanismo de autodefensa o los usos y costumbres indígenas?

Las contradicciones de visiones jurídicas que hemos incubado en los últimos años se manifiestan en los procesos electorales y exhiben a las instituciones como ineficaces para la atención de los problemas sociales. Unos, se quejan que por fallas policiacas o de los sistemas de procuración o administración de justicia, los delincuentes están en la calle. Otros, acusan de represión a los aparatos del Estado cuando estos aplican la ley en los casos en que se recurre a la violencia para “restituir” el orden tradicional o defender su ideología. En resumen, nadie queda satisfecho.

Algunos testimonios publicados en la prensa (El Universal, 23-05-2018) destacan las declaraciones de las víctimas en las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ánimo que la comandante Nestora y sus huestes tenían de reeducar a los que eran considerados delincuentes. Trabajo en favor de la comunidad, dirían los captores, labores forzadas o secuestro, afirman los afectados. La justicia pendiente. En primera instancia le concedieron la razón, según la candidata por falta de pruebas, pero sus acusadores se la atribuyen a cuestiones formales, sobre todo, a que Nestora tiene una doble nacionalidad y que, por lo tanto, alegó que no había tenido protección consular durante su proceso.

Lo cierto es que para un sector de la clase política –los llamados activistas sociales u organizaciones paralelas al gobierno como las policías comunitarias- la sociedad debe reeducarse en un nuevo concepto de Estado de derecho, aquel que dictan ellos desde su ideología, usos y costumbres. Aquellos que no estén alineados a su forma de pensar y concebir el mundo pueden ser vejados en sus derechos humanos y quienes coincidan con ellos deben ser protegidos de la forma más amplia por todos los organismos internacionales y nacionales.

Esta reeducación pasa por imponer la idea de que el derecho corresponde al más fuerte y quien sea capaz de imponerlo será el que obtenga sus pretensiones. Las instituciones son desplazadas a un segundo plano. El voluntarismo político debe ser el que determine el alcance del derecho. Bajo esta perspectiva, la sociedad debe ser reeducada para aceptar que la certeza jurídica es un estorbo para la reivindicación de la lucha de algunos grupos que desplazados por el modelo de desarrollo de las últimos tres décadas o resentidos porque han perdido privilegios o posiciones de poder.

El posicionamiento respecto a Nestora Salgado no es anecdótico. Cada elector valorará desde sus experiencias personales y emitirá su voto. La pregunta es: ¿realmente necesitamos una reeducación como sociedad o sólo aplicar con justicia y firmeza el Estado de derecho que nos hemos dado como sociedad? Vale.