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De becerros, alfalfa y elecciones

Carlos Matute

El Bronco, gobernador de Nuevo León y uno de los 48 aspirantes a la candidatura presidencial, anunció que él no iba a recabar ninguna firma de las que se requieren (alrededor de 866 mil) para que su nombre figure en la boleta de las elecciones federales de julio del 2018. Afirmó que hay miles de personas (no aclaró si asalariadas o voluntarias) cazando ciudadanos para que le otorguen su apoyo.

Para evitar suspicacias, el aspirante aclaró que el financiamiento de la etapa para recabar el apoyo ciudadano proviene de su negocio, de la venta de becerros y alfalfa de su rancho y que su familia se apretaría el cinturón para poder sufragar los gastos que implica la contratación de los auxiliares que colaboren en recabar datos, quienes requieren de una capacitación mínima para que se capture la credencial para votar (anverso y reverso), verifique los datos, la toma de fotografía “viva” de la o el ciudadano, firma y cifrado y envío de la información.

¿Cuál es la estrategia financiera del resto de los aspirantes? Es importante que esta pregunta la conteste cada uno de los prospectos. La lectura de los Lineamientos emitidos por el INE implica que los costos para capturar la información de un elector en apoyo a una candidatura ciudadana son altos, a pesar de los esfuerzos para que se minimicen con el uso de tecnologías de información y comunicación- o que se utilicen voluntarios.

La transformación de aspirante a candidato exige que se obtengan en promedio más de siete mil firmas diarias dispersas en por lo menos 17 estados. El proceso de captura tarda por lo menos cuatro minutos (suponiendo que la plataforma y la conexión no presenten errores) y requiere de un equipo que soporte el sistema operativo iOS 8.0 o Android 5.0 en adelante, con un costo aproximado de 2 mil quinientos pesos por unidad. A estos costos habrá que añadir los derivados de que la aplicación móvil liberada por el INE (o la red de datos) no funcionen adecuadamente, como ya expuso Zavala en redes sociales.

La fuerza de trabajo mínima requerida es de 60 personas durante cuatro meses de tiempo completo, sin descanso dominical. Si los auxiliares cobraran un sueldo, lo que es esperable y legítimo, por un monto de 200 pesos al día sin considerar impuestos, ni carga social, el gasto total sería de 24 mil pesos por persona, multiplicado por 60, haría un total de 1.44 millones de pesos. Esta cifra no toma en cuenta a los coordinadores de los equipos, el transporte, los servicios, el pago de renta de los espacios de trabajo, los viáticos, el costo de la línea, el equipo (que el INE es contundente al señalar que no se proporcionará a los aspirantes), y un largo etcétera. Así, el cálculo de El Bronco es dos millones y medio para empezar. Creo que queda corto, si cumpliera con sus obligaciones fiscales derivadas de una relación laboral.

La comparación de los requisitos para la formación de un partido nacional y para la inscripción de una candidatura independiente muestra que es más difícil la segunda que la primera, ya que exige un mayor número de personas que manifieste su apoyo a un proyecto, 1% vs. 0.26% de la lista nominal de electores y el plazo es de 120 días contrastado con un lapso indefinido para el registro de un partido. Esto es lo que hace previsible que el diseño de la boleta electoral sea correcto, ya que no incluye más de dos espacios destinados a candidatos sin partido. Es decir, de los 48 aspirantes se proyecta que solamente dos se conviertan en candidatos.

No obstante, estamos frente a un cambio de estrategia de la conformación de la representación política en la que se pretende abandonar la estructura permanente -con declaración de principios, ideología y programas políticos explícitos– que implica la existencia de partidos, para ser sustituidos por comités de ciudadanos efímeros sólo existentes en época de elecciones que canalicen los esfuerzos de algún notable para hacer realidad una ambición personal (ser presidente, senador o diputado) y que sólo es identificable con un membrete, una filia o una fobia durante las campañas o inclusive por una coyuntura.

En este escenario, quienes llevan la ventaja sobre el resto de los aspirantes son aquellos con un fuerte pasado partidista que, en sus afanes por ser los próximos gobernantes, no dudarán en utilizar las maquinarias de las organizaciones políticas cuyas filas abandonaron recientemente, con lo que profundizará el proceso de desmantelamiento de las mismas. Una visión de mediano plazo permite identificar las estrategias de Andrés Manuel López y Margarita Zavala, uno fundó un partido que le ha quitado paulatinamente la clientela electoral al PRD, y la otra está forjando una candidatura independiente que puede restarle fuerza permanentemente al PAN.

Los auxiliares que no cobren un salario son aquellos que tienen una posición económica que les permite no trabajar en una actividad remunerada durante cuatro meses a cambio de la esperanza de obtener un cargo público en el caso que su candidato resulte ganador y premie su entrega a la causa (esto se conoce como el spoil system y afecta la profesionalización de las administraciones públicas).

Los efectos colaterales de la proliferación de los aspirantes no partidistas a la presidencia son: a) financiamiento personal o privado, del proceso de recolección de firmas, b) levantamiento de una estructura efímera y paralela a los partidos políticos, y c) fortalecimiento del intercambio de apoyo en campaña por cargos públicos o influencia en el ejercicio de los recursos presupuestales. Estos efectos orillan a que todos los aspirantes hagan transparente el origen de los recursos para pagar los gastos de la etapa de recolección de firmas.

Profesor de Posgrado de la Universidad Anáhuac del Norte
[email protected]
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