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Tlanixco, justicia

La suma de esfuerzos y voluntad política permitieron acabar con esta injusticia resultado de la colusión de autoridades corruptas y empresarios ambiciosos
16/04/2019
02:16
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Tras casi 16 años de permanecer injustamente presos, Rómulo Arias, Dominga González, Marco Antonio Pérez, Teófilo Pérez, Lorenzo Sánchez y Pedro Sánchez, de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, recuperaron su libertad. Los indígenas nahuas fueron acusados por el secuestro y homicidio del empresario español Alejandro Issak Basso, en abril de 2003, por el que fueron, indebidamente, sentenciados a 50 años de prisión.

Los indígenas condenados se desempeñaban en los órganos comunitarios vinculados con la gestión del agua de su pueblo, y habían participado en mesas de trabajo sobre el conflicto por las dotaciones de agua que mantenía Tlanixco con el municipio de Villa Guerrero, así como por el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento del agua a empresas floricultoras de Villa Guerrero, que afectaba la dotación correspondiente a la comunidad de San Pedro Tlanixco.

El desaseo del proceso judicial atrajo la atención de diversos organismos internacionales y de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el que realizó el acompañamiento legal.

Lo que derivó en un mandato emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, integrado por distintas agencias de Naciones Unidas, en contra de las condenas infligidas a los defensores del agua de esta comunidad, en el que se violó la garantía de debido proceso en los juicios y las sentencias, pues se habrían visto afectados por diversas irregularidades, entre éstas: la ponderación basada en declaraciones de testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar de los hechos, y la valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles.

En sus declaraciones, estos testigos señalaron haber visto en el lugar de los hechos, a personas que no estuvieron presentes. Aseguraron, que otro miembro de la comunidad, Faustino Trujillo Perdones, había “pateado al occiso el Sr. Alejandro Isaak Basso”, cuando Faustino Trujillo es una persona con discapacidad desde antes de los hechos. Señalaron que en el lugar se encontraba el Sr. Venancio Zetina González, quien había fallecido tiempo antes.

En el caso de la Sra. Dominga González Martínez, quien fue arrestada con base en un testimonio que señalaba que “una mujer de piel oscura y corta había estado involucrada en el asesinato”, el juez no consideró a los testigos presentados por la defensa, quienes afirmaron que ella se encontraba en la iglesia del pueblo en el momento de los hechos.

Finalmente, se ha hecho justicia. La suma de esfuerzos y voluntad política han permitido acabar con esta injusticia resultado de la colusión de autoridades corruptas y empresarios ambiciosos. Una infamia menos, entre las muchas que quedan por resolver en el país.

Al obtener su libertad, Rómulo Arias Jiménez señaló que fueron criminalizados por su calidad de indígena. “No aceptaron nada de testigos, nada, todo nos rechazaban. La verdad lo que presentábamos para ellos no servía, pero tampoco estoy rencoroso que diga contra la ley, simplemente que vean esos errores para la gente que son indígenas como nosotros”.

A las puertas del penal de Almoloya de Juárez, con una jaula en mano, estaba uno de los nietos de Teófilo Pérez. Al interior había un ave que dijeron pondrían en libertad, justo como su abuelo.

Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración

Alejandro Encinas
Dirigente político de la izquierda mexicana.

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