ENVIPE: México inseguro, ¿quién cuida a la ciudadanía?

Esta semana comenzó formalmente el proceso electoral de 2027. Nos esperan meses de un círculo interminable de candidatos, partidos, alianzas, encuestas, campañas y promesas que sabemos que, en la mayoría de los casos, no se van a cumplir. En este contexto, no podemos perder de vista que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó cifras alarmantes contenidas en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que deberían ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre quién quiere gobernar México.

Durante 2025 ocurrieron aproximadamente 33.8 millones de delitos en el país. Detrás de ellos hay 23 millones de personas adultas víctimas y 11.7 millones de hogares en los que al menos una persona sufrió algún delito. El dato más crudo es que 93.4% de los delitos quedó en la llamada cifra negra, es decir, no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación.

Sólo alrededor de 9% de los delitos fue denunciado y apenas 6.6% del total derivó en una carpeta de investigación. Al final, únicamente 1.1% de los delitos tuvo una resolución en el Ministerio Público. Dicho de otra manera, México registra decenas de millones de delitos al año, pero aproximadamente sólo uno de cada cien consigue llegar a una resolución favorable en esa primera etapa del sistema de justicia. Ésta resulta una expresión clara de la impunidad que vive nuestro país.

Durante años nos han repetido, como reclamo, que los mexicanos no denuncian, como si se tratara únicamente de una decisión ciudadana. La ENVIPE muestra que más de 60% de los delitos no denunciados se explica por causas atribuibles a la autoridad, entre ellas la pérdida de tiempo y la desconfianza. Incluso entre quienes sí denunciaron, pero no consiguieron que se iniciara una carpeta de investigación aparecen la falta de pruebas, la actitud hostil y el desinterés de las autoridades. El ciclo es frustrante pues vemos pasar que hay delitos, la víctima desconfía y no denuncia; si no hay denuncia, no hay investigación; si no hay investigación, aumenta la impunidad, y esa impunidad produce más desconfianza. Por eso deberíamos considerar la cifra negra también como una medida de la distancia entre los ciudadanos y el Estado. En México, esa distancia es kilométrica.

La ENVIPE exhibe una profunda fractura institucional. La confianza y la percepción de corrupción cambian radicalmente según la autoridad de que se trate. Entre quienes identifican a cada institución, la Marina registra 89.5% de mucha o algo de confianza, la Fuerza Aérea 88.9%, el Ejército 87% y la Guardia Nacional 79.4%. En contraste, la confianza cae a 45.8% en la policía de tránsito, 58.6% en la policía estatal y 57.2% en la policía preventiva municipal. Al mismo tiempo, la percepción de corrupción alcanza 74.1% en la policía de tránsito, 63.6% en la policía preventiva municipal y 62.8% en la policía estatal. El problema se extiende a la procuración e impartición de justicia: 61.4% percibe corrupción en ministerios públicos y fiscalías estatales, 56% en la policía ministerial o de investigación, 56.2% en la FGR y 65.8% en los jueces. Una parte esencial de la cadena encargada de prevenir, investigar y sancionar el delito enfrenta simultáneamente un déficit importante de confianza y elevadas percepciones de corrupción. En un país donde más de nueve de cada diez delitos quedan fuera de una investigación formal, esa combinación nos explica porque tantas víctimas terminan alejándose del propio sistema que debería protegerlas.

La inseguridad tiene un doble costo económico.

Durante 2025, el impacto económico del delito y la inseguridad para los hogares mexicanos fue de aproximadamente 267.3 mil millones de pesos. De esa cantidad, alrededor de 91.6 mil millones se destinaron a medidas preventivas, es decir, la población tuvo que invertir en rejas, cerraduras, cámaras, alarmas, vigilancia y modificaciones a viviendas y vehículos. Esto sin olvidar que la ciudadanía ya había pagado impuestos para recibir seguridad y después tuvo que pagar nuevamente de su bolsillo para intentar conseguir la seguridad que el Estado no pudo garantizar. A esos cálculos hay que añadir los negocios que cerraron, la falta de inversiones, los transportistas que modifican rutas, las familias que dejan de salir o las comunidades que abandonan sus hogares por miedo. Seguridad, corrupción, impunidad y desarrollo económico son expresiones de la incapacidad de las instituciones para garantizar seguridad y, con ello, la certeza de un Estado de derecho.

Es incorrecto atribuir esta crisis exclusivamente al gobierno actual, pues México no llegó a una cifra negra superior a 90% en dos años, sino que ésta es el resultado acumulado de décadas de instituciones débiles, policías abandonadas, fiscalías incapaces o capturadas y autoridades que han protegido mejor a los poderosos que a los ciudadanos. Han gobernado distintos partidos, han cambiado presidentes, gobernadores, procuradores, fiscales y secretarios de Seguridad, pero el problema ha permanecido. Sin embargo, tampoco podemos seguir utilizando el pasado como explicación o justificación permanente. Las autoridades responsables son las que gobiernan hoy. Una persona que es asaltada, extorsionada, amenazada o secuestrada no tiene por qué distinguir qué orden de gobierno tenía la competencia. Si ninguna autoridad consigue protegerla, investigar los hechos o procurarle justicia, para esa persona quien falló fue el Estado.

Ésa es la realidad con la que entramos al proceso electoral 2026-2027. El próximo 6 de junio estarán en juego 20,109 cargos de elección popular y el INE calcula que podría tener que fiscalizar alrededor de 203 mil candidaturas. Elegiremos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de mil diputaciones locales, más de dos mil presidencias municipales y miles de sindicaturas y regidurías. Pongamos atención en lo que entregaremos después de contar los votos: presupuestos, policías, contratos, obra pública, permisos, información, territorio y poder a miles de personas que gobernarán durante los próximos años.

El problema de la inseguridad y de la corrupción no puede separarse, entonces, de la discusión electoral. Hoy México enfrenta organizaciones criminales que buscan penetrar policías, gobiernos e instituciones, y un proceso electoral de esta magnitud representa una oportunidad para intentarlo. La Operación Enjambre es una prueba de ello: al 8 de septiembre acumulaba 111 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellas 14 presidentes o expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados. Además, 91% de las personas detenidas correspondía a mandos de seguridad pública, directivos y policías que presuntamente facilitaban actividades criminales.

Nuestra principal tarea de vigilancia, tanto ciudadana como institucional, debería ser garantizar que quienes resulten electos gobiernen para los ciudadanos y no para quienes viven de extorsionarlos, robarlos, amenazarlos o asesinarlos.

Seguiremos denunciando.

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