Las promesas incumplidas de la reforma judicial  

La reforma judicial prometió una mejor justicia y cercana a la gente. A un año de distancia, el balance que se realiza desde el Observatorio de la Justicia es desalentador y negativo. La justicia cotidiana ha mermado en calidad y tiempos de resolución, mientras que la Suprema Corte, más allá del discurso optimista del ministro presidente Hugo Aguilar, tiene un saldo desfavorable.

Los análisis independientes muestran una baja de la productividad de la Corte. Pero, al margen de la cifra, que sí es importante, habrá que contrastar la calidad de las sentencias y si verdaderamente hay una nueva etapa. Aunque hay algunas decisiones relevantes sobre comunidades indígenas, gestación subrogada y acceso al agua; las tendencias que se empiezan a perfilar muestran a la Suprema Corte alineada al poder político: en los eventos públicos, discursos y en las posturas de sus integrantes, prevalece la deferencia hacía la Presidencia de la República y hacia el Congreso, lo que conduce a vaciar de contenido los temas constitucionales y a tener cada vez más posturas políticas.

Ejemplo de esto es el presupuesto mínimo para apoyar a las víctimas del país que fue eliminado de la ley y que motivó un amparo de la anterior Corte. Al analizar el incumplimiento de la sentencia, lejos de argumentos sobre la progresividad de derechos o las medidas regresivas, la discusión se dedicó a elogiar los esfuerzos de la Cámara de Diputados y su voluntad de dar presupuesto a las víctimas, pero no el desacato. Además, en varias discusiones, la definición actual de interés legítimo ha sido un elemento que ha permitido a varios integrantes de la Corte plantear no discutir los temas de fondo y proponer limitar el acceso al juicio de amparo, sobre todo de organizaciones civiles.

Por otra parte, hay un segmento de decisiones que aunque se presentan como novedosas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, libertad de expresión, feminicidio, desaparición de personas o exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, buena parte de estas temáticas no constituye una doctrina constitucional novedosa y auténtica, sino es la reiteración de criterios ya elaborados por la anterior Suprema Corte a la que varios de los integrantes actuales han calificado como neoliberal y ajena a los intereses del pueblo. Si esto es así, ¿por qué las y los ministros de hoy resuelven con el criterio neoliberal? Un gesto de honestidad institucional implicaría dejar de utilizar estos calificativos y reconocer el aporte de la Suprema Corte anterior a la reforma judicial.

La discrecionalidad y la falta de transparencia son también elementos presentes en el primer año de funciones. El ministro Hugo Aguilar no brinda en su informe una explicación razonable sobre las sesiones privadas. Aquellas que, como oferta de campaña, las y los ministros prometieron dejar atrás. En un año sólo se dio una sesión itinerante y una audiencia pública y estos ejercicios no han tenido repetición como espacios de deliberación frente a la ciudadanía, además, decidió eliminar el registro de estadística. Esto parece mostrar que la escenificación y la apariencia son más importantes que establecer cambios permanentes para la justicia constitucional.

Por último, decisiones relevantes para el orden constitucional como el cumplimiento de las sentencias internacionales contra México por la prisión preventiva oficiosa siguen sin discutirse, afectando a miles de personas inocentes que permanecen en las cárceles del país. Incluso, el pleno avaló por unanimidad que la ministra Estela Ríos sea la ponente en el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana. El problema tolerado por su pares es que la ministra, como Consejera Jurídica de la Presidencia, pidió a la Corte mantener la figura en 2022. Al tolerar la afinidad con el Ejecutivo y una postura ya asumida, las y los ministros avalaron la pérdida objetiva de imparcialidad e independencia para un tema que implica la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Con estos elementos cabe preguntar si los señalamientos de una Suprema Corte “lenta, anquilosada, ensimismada y alejada del pueblo”, corresponden a la integración formada por la reforma judicial. Las y los ministros tienen la respuesta.

Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. @hele_simon

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