En los países donde funciona el estado de derecho después de una denuncia mediática grave en contra de algún funcionario público, siempre hay acciones.
En todo el mundo la información publicada mediáticamente, -referente a un delito-, se convierte en un detonante judicial, incluso sucede en el resto de Latinoamérica.
Como ejemplo de esto recordamos la investigación de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, -denominada caso Watergate-, que logró exhibir la red de espionaje creada por el presidente republicano Richard Nixon en 1972, en contra del Partido Demócrata para apoyar su reelección. Esta investigación generó un escándalo que orilló al presidente Nixon a renunciar en 1974, antes de que el Congreso lo destituyera de forma deshonrosa.
En contraste en México hay una disonancia cognitiva colectiva, de alcance nacional. Nuestro gobierno trae una retórica discursiva de combate a la delincuencia y cero impunidad. Sin embargo, en los hechos, -aún y cuando la prensa pone las evidencias de delitos a la vista, de forma pública-, las autoridades voltean hacia otro lado y no se dan por aludidas. Es preocupante que a la sociedad mexicana esta incongruencia, -entre la narrativa gubernamental moralista y la falta de acciones-, le sea indiferente.
La indiferencia gubernamental, -convertida en evidente protección para los “de casa”-, destruye el “estado de derecho”.
Después de las denuncias públicas no sucede nada, no hay consecuencias, a no ser que haya interés por parte de quienes gobiernan de perjudicar a un adversario y entonces la justicia se convierte en un arma política.
En los últimos veinticinco años 25 presidentes latinoamericanos han sido enjuiciados y hasta encarcelados, pero en este régimen de la Transformación, -que ya va para ocho años-, ningún gobernador morenista ha sido procesado aún teniendo acusaciones directas por parte del sistema de justicia norteamericano.
Entre 2001 y 2026 los presidentes peruanos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y Martín Vizcarra fueron procesados y enfrentaron algún tipo de prisión.
En estos 25 años en Brasil los presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva, Michel Temer y Fernando Collor de Melo pisaron la cárcel y Jair Bolsonaro estará en prisión domiciliaria durante 27 años. A su vez, Dilma Rousseff fue destituida por “pedaleo fiscal”, que es una conducta administrativa penal por haber abusado del presupuesto federal sin aprobación del congreso.
En Colombia Álvaro Uribe enfrentó prisión domiciliaria en el 2020.
En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó a cumplir prisión domiciliaria en el 2025 y en Bolivia fue procesada y encarcelada Jeanine Añez. En Ecuador enfrentó la justicia Lucio Gutiérrez.
El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión, aunque en el 2025 fue indultado.
En El Salvador procesaron y encarcelaron a Francisco Flores y a Antonio Saca. En Guatemala pisaron la cárcel los presidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom y el presidente de origen militar, el general Otto Pérez Molina. En Nicaragua Arnoldo Alemán. En Panamá Ricardo Martinelli y en Paraguay Luís Gonzalo Macchi. En Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez y en Ecuador Lenin Moreno fue juzgado y condenado a cinco años de prisión este 28 de agosto pasado.
¡Qué lección de democracia y justicia nos han dado estos países latinoamericanos! Mientras tanto, en México, -entre el Congreso y la Presidencia de la República-, protegen a gobernadores que han sido señalados por la prensa mexicana, -y además por la justicia norteamericana-, de vinculación con el crimen organizado y ni siquiera se les ha abierto un proceso judicial.
Casi todos los presidentes latinoamericanos mencionados fueron juzgados por corrupción y no por vinculación con cárteles o delincuencia organizada, que es aún más grave.
¿Qué tienen esos países latinoamericanos que no tiene México?
En principio un sistema de justicia, -y un congreso-, fuerte y con independencia. Por ello lo primero que hizo la 4T al llegar al poder fue modificar la Constitución para apoderarse de los poderes Legislativo y Judicial.
A lo anterior añadamos que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto fueron detenidos y privados de la libertad, -por corrupción-, seis gobernadores priístas: Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Andrés Granier, Eugenio Hernández y Rodrigo Medina estuvo detenido 19 horas y liberado para llevar su proceso en libertad. A su vez César Duarte fue perseguido durante el gobierno de Peña Nieto pero permaneció prófugo hasta el 2020 en que fue detenido. Es de destacarse que fue un gobierno priísta el que encarceló por corrupción a gobernadores de su propio partido.
En este régimen de la Transformación está faltando la conexión jurídica entre denuncia y acción judicial. Por ello hoy vemos subordinación de los otros dos poderes, -que originalmente eran independientes y generaban equilibrio-, al Poder Ejecutivo, lo cual genera protección para “los de casa”.
México es un país sobrediagnosticado. Los delitos están a la vista pero las autoridades voltean hacia “otro lado”.
El periodismo de investigación en México es excelente. Además, hay varias organizaciones civiles dedicadas a realizar auditoría jurídica sobre la actuación de los funcionarios públicos y de nuestros gobernantes.
Sin embargo, hoy las fiscalías son obsoletas, pues no investigan los delitos. La prensa tiene la información que le permitiría a las fiscalías armar expedientes y sin embargo es ignorada.
No hay voluntad política para hacer cumplir la ley pues la ley se ha convertido en una herramienta de dominación política.
No ha sucedido nada con el clan político de Sinaloa, ni con el cártel de Tabasco, no obstante que las denuncias están presentadas.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
El reto de hoy en México no es comunicacional, sino jurídico.
En todos los foros cívicos se sigue planteando como prioridad persuadir a los ciudadanos para que participen activamente en la defensa de la democracia. Sin embargo, ya es tarde, pues la Transformación ha contaminado la moral pública, de modo tal que el ciudadano, -aun conociendo el grave diagnóstico y la impunidad que rodea a la 4T-, se deja seducir por las ayudas sociales y por unos cuantos pesos olvida los graves agravios que ha recibido. Olvida la violencia criminal, -tolerada por este régimen-, así como las desapariciones de personas a su rededor, y sufre el olvido de una justicia cada vez más lejana para el ciudadano anónimo.
Además, la corrupción es desmedida y cínica. Aunque la prensa la exhiba, las fiscalías no proceden. El Senado se ha convertido en refugio de delincuentes impresentables, que se escudan en el fuero y son arropados por su partido político.
Entre más delitos exhibe la prensa, con mayor cinismo los ignoran las fiscalías. La indiferencia ciudadana es alarmante. Aumenta el número de ciudadanos que prefieren involucrarse en las trivialidades del programa “la casa de los famosos” y abiertamente se niegan a seguir las noticias, pues les deprimen.
Mientras tanto, los partidos políticos no están a la altura del reto pues centran su atención en el reparto de los “despojos”, para compartirlos con “los de casa”, de cara a las elecciones del 2027.
El reto es jurídico y no mediático.
DURAZO Y SU AUTORIDAD MORAL
¿Quién le habrá dado al gobernador Alfonso Durazo la autoridad moral para definir quien tiene autoridad moral para cuestionar los resultados de gobierno de la presidenta Sheinbaum?
La democracia… ¿no nos da a todos los ciudadanos la autoridad moral para cuestionar a nuestros gobernantes?
La crítica de Durazo, -desde su cuenta de “X”-, en contra del mensaje que dio Luis Donaldo Colosio Riojas como senador, al evaluar el informe presidencial, fue un evidente ejercicio de “lambisconería” para hacer méritos frente a la presidenta.
Calificar de inexperto en política a Luis Donaldo otro grave error del gobernador.
Luís Donaldo tiene un talento innato para la política y además, una gran autoridad moral, sustentada en su congruencia política, la que le ha faltado a Durazo, quien se inició como priísta y ayudante de su amigo y padrino político Luis Donaldo Colosio Murrieta a quien hoy traiciona pretendiendo exhibir a su hijo.
Sin embargo, con gran oportunismo Durazo no dudó en volverse panista para acomodarse en el gobierno del presidente Vicente Fox y después volvió a acomodarse como morenista para agarrar chamba y así llegó a la gubernatura.
Tres giros ideológicos radicalmente diferentes … ¿Y así habla de autoridad moral?
EL INFORME PRESIDENCIAL
Este fue tradicionalmente el acontecimiento político del año. Era el momento de las grandes revelaciones respecto al desempeño del país durante el año transcurrido.
En contraste, actualmente con toda la información disponible en tiempo real, se ha convertido en un acontecimiento simbólico que genera oportunidades de promoción para el titular del Poder Ejecutivo.
¿A usted qué le parece?
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