Jorge Triana | 05-09-26 | 03:00 |

El obradorismo tiene una costumbre. Cuando un escándalo amenaza con alcanzar al entorno cercano del expresidente, la justicia encuentra operadores prescindibles y se detiene un piso antes de los intocables. Investigan a los Farías Laguna por el huachicol fiscal en la Marina, pero no al almirante Ojeda. La Barredora alcanzó a Hernán Bermúdez, pero no a Adán Augusto López. Ahora el régimen parece tener al hombre perfecto para cargar con el expediente de Andy: Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Amílcar no es un espontáneo ni un emprendedor que un día tocó la puerta correcta. Es amigo íntimo, compadre y operador de negocios de Andy López desde mucho antes de que su padre llegara a Palacio Nacional. Andy fue padrino de su boda en 2015, en Villahermosa. Amílcar no conoció al hijo de López Obrador buscando contratos. Los consiguió porque llevaba años sentado a su mesa. Por eso se convirtió en la cabeza visible de El Clan, la red de tráfico de influencias articulada alrededor del junior e integrada por amigos, funcionarios y empresarios que obtuvieron negocios millonarios en gobiernos morenistas.

Su transformación en empresario coincidió milagrosamente con la llegada de López Obrador a la Presidencia. El 7 de diciembre de 2018, seis días después de la toma de posesión y dos antes del inicio de las obras de Dos Bocas, Amílcar compró amplios predios cerca de la refinería a precio de ganga y después los arrendó a contratistas de PEMEX. No parece olfato empresarial, parece información privilegiada convertida en patrimonio.

En enero de 2020 fundó Romedic con su padre. Cuatro meses después, el gobierno de Adán Augusto López le entregó un contrato por 61 millones de pesos. Entre Tabasco y Quintana Roo, la empresa recibió más de 490 millones en negocios del sector salud. La COFEPRIS había boletinado a Romedic porque, al verificar su domicilio, encontró una tienda de azulejos y una gasolinera, pero eso no importó.

Después apareció el balasto del Tren Maya. En audios filtrados se escucha a Amílcar afirmar que Gonzalo “Bobby” López Beltrán le facilitó la explotación de minas en Oaxaca. Amílcar y sus interlocutores reconocen que cometen fraude al vender piedra de baja calidad y dicen que, si el tren se descarrila, “ya será otro pedo”. Incluso se autodenominan “la red de corrupción”. En otros audios, Amílcar y su hermano presumen la protección de la “maña” y de “El Tanque”, operador del CJNG.

Las redes de Amílcar también llegaron a Sinaloa. Su cercanía con los hijos de Rubén Rocha Moya es pública. Una fotografía lo muestra en un partido de Grandes Ligas con Ricardo y José de Jesús Rocha. Amílcar habría llegado a hacer negocios con el gobierno estatal recomendado por Andy y Bobby para obtener contratos de salud y obra pública. MAJA Sportswear aporta otro puente. La marca de ropa aparece vinculada comercialmente con el entorno de los hijos del gobernador y, en Tabasco, Ezequiel Zepeda, cuñado de Amílcar, abrió una sucursal. Demasiadas coincidencias familiares alrededor del mismo dinero público.

El elefante en la sala es Portacelis, empresa creada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador financiero de Amílcar. La empresa fue creada en agosto de 2024 y recibió autorización para importar más de 52 millones de litros de diésel apenas tres días antes de que terminara el gobierno de López Obrador. El SAT pidió a la FGR proceder contra la firma por una defraudación fiscal de 834 millones de pesos. La paradoja es incómoda. El organismo está encabezado por Antonio Martínez Dagnino, amigo de Andy e integrante de El Clan. ¿Está desmantelando la red o preparando el expediente para sacrificar a Amílcar? El socio importador de Portacelis es Ikon Midstream, empresa de Houston cateada en medio de investigaciones sobre contrabando de combustible y vínculos con el CJNG.

Cuando el cerco comenzó a cerrarse, Amílcar salió de México. Habría trasladado a su familia a Suiza, las autoridades detectaron una transferencia de tres mil millones de pesos hacia cuentas de aquel país. Desde marzo temía ser arrestado y por eso promovió un amparo para conocer cualquier orden de aprehensión en su contra. El temor a una captura no frenó sus negocios. Apenas en junio constituyó dos empresas en Texas, Stone Basaltico LLC y Basalt Group LLC.

El amparo demuestra que Amílcar considera posible que el mismo régimen que lo enriqueció también puede sacrificarlo. Todo parece indicar que rompió con Andy por dinero y que ya se puso en marcha una operación para aislarlo, convertirlo en responsable único y lavarles la cara a los hijos del expresidente, especialmente después de la crisis provocada por la cancelación de la visa del junior.

Amílcar puede tener responsabilidades propias y, al mismo tiempo, ser utilizado como chivo expiatorio. Las dos cosas no se contraponen. El mejor chivo expiatorio no es un inocente, sino un operador comprometido, con suficiente suciedad para resultar creíble y sin apellido presidencial para volverse intocable. Se le procesa, se concentra en él toda la trama, se proclama que no hay impunidad y el expediente queda cerrado antes de tocar a Andy.

El Clan de Andy y sus negocios con Amílcar podrían explicar la revocación de la visa del junior. Washington no ha revelado las razones, pero el contexto existe. Huachicol fiscal, Portacelis, empresas en Texas, operadores aduanales y audios comprometedores. Tal vez sea una coincidencia o tal vez Estados Unidos conozca la parte del expediente que en México se empeñan en sepultar.

Amílcar no es un personaje secundario. Es el hilo que conecta el compadrazgo con los contratos, las medicinas con el balasto, Tabasco con Sinaloa, el Tren Maya con el combustible y el dinero de El Clan con Suiza y el crimen organizado. Durante años fue el compadre perfecto, cercano, discreto y útil. Ahora puede convertirse en el culpable perfecto. Si cae, la pregunta no será solamente qué hizo Amílcar, sino a quiénes pretenden salvar con su caída. Porque en el obradorismo los operadores son desechables. Los hijos, hasta ahora, siguen siendo intocables.