En México existe una discriminación inmensa hacia las mujeres privadas de la libertad quienes representan únicamente el 5% de la población penitenciaria, siendo alrededor de 11,6801, las cuales están distribuidas en su mayoría en reclusorios mixtos.
Los reclusorios mixtos son aquellos que fueron diseñados y habilitados para los hombres y que con el paso del tiempo adaptaron un espacio pequeño para las mujeres, espacios que no cumplen con las condiciones mínimas de dignidad y respeto a los derechos humanos, pues carecen de áreas adecuadas para el trabajo, la educación, la recreación e, incluso, algunas actividades básicas.
Hoy en día existen 294 centros penitenciarios en el país de los cuales únicamente 20 son exclusivamente femeniles y/o con perspectiva de género, estos albergan al 40% de las mujeres privadas de la libertad, lo que se traduce en que el 60% restante están en reclusorios mixtos viviendo en condiciones inhumanas.
A pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los derechos de las mujeres privadas de la libertad, como lo son: i) a la maternidad y la lactancia; ii) instalaciones adecuadas, dignas y seguras, con artículos de higiene personal; iii) valoración y atención médica; iv) guarda y custodia de hijas e hijos hasta los 3 años; v) alimentación adecuada, educación y atención pediátrica para hijas e hijos; tristemente estos se siguen sin respetar en la mayoría de los centros penitenciarios que alberga mujeres.
Hasta el 2016, de los 174 establecimientos penitenciarios estatales femeniles y mixtos, solamente 19 reportaron tener guarderías para aproximadamente 542 niñas y niños, 10 centros señalaron contar con áreas de maternidad y 25 tener espacios para la educación temprana2.
De lo hasta aquí mencionado, se puede apreciar la diferencia abismal de las consecuencias del encarcelamiento para los hombres y mujeres, siendo el factor principal cuando existen menores involucrados.
Otra consecuencia del encarcelamiento para las mujeres es que en su mayoría son abandonadas, lo que no tiene que ver con el delito que cometieron sino con el aspecto cultural, ya que no cumplieron con el papel impuesto socialmente; como esposas son sustituidas.
Asimismo, una de las grandes discriminaciones que viven las mujeres privadas de la libertad, recae en los programas que existen dentro de los centros penitenciarios tendientes a la reinserción social, ya que para ellas son prácticamente nulos al ser destinados en su mayoría a la población varonil, quienes representan el 95%. No obstante ello, la reincidencia en mujeres es considerablemente menor que la de los hombres.
Las autoridades tienen nula conciencia respecto a la temática de género pues continúan fomentando en las mujeres privadas de la libertad situaciones de dependencia y subordinación en lugar de brindarles oportunidades educativas y laborales.
Inclusive, hablando del sistema de justicia penal, se toma en cuenta su calidad de mujer como elemento valorativo para ser juzgadas, su falta es doble -moral y legal-, continuando con la violencia de género por el rol que juegan en la sociedad e imponiéndoles como consecuencia penas más altas en comparación con los hombres.
Antes de sentenciar a una mujer, se debería de ponderar el daño causado por el delito cometido con aquel que se genera al núcleo familiar, sobre todo a sus hijas e hijos, analizar la posibilidad de implementar otras penas, apostando por la justicia restaurativa.
La realidad es que toda la población penitenciaria sufre de carencias, sin embargo, las mujeres privadas de la libertad son el eslabón más bajo, viviendo en la peor desigualdad y de la manera más invisible, a nadie le importa sus historias personales, sus necesidades como seres humanos o los motivos por los que delinquieron -en la mayoría de los casos por necesidad o por delitos relacionados con un hombre-.
Desde La Cana3, estamos seguras que esta desigualdad debe de terminar y por ello creamos un modelo de reinserción social integral en el que brindamos oportunidades de cambio a las mujeres privadas de la libertad, a través de la capacitación laboral y empleo formal, talleres de salud mental, educación, arte, cultura y deporte, así como un programa de seguimiento en libertad, con el fin de transformarlas, empoderarlas y lograr que construyan un nuevo proyecto de vida alejado de la delincuencia.
Como sociedad debemos de romper con este circulo de discriminación y violencia, brindándoles las herramientas necesarias que les permitan enfrentar, una vez que salgan, los retos de la vida en libertad.
