Un año de justicia real y verdadera (sic)

Hay algo extraño en un informe que lleva por título Un año de justicia real y verdadera.

El pasado lunes, el ministro presidente Hugo Aguilar presentó el balance del primer año de la nueva Suprema Corte. Habló de cifras, expedientes resueltos, ahorros, digitalización, actividades en territorio y esfuerzos por acercar la justicia a pueblos y comunidades indígenas. Por supuesto que hay cosas que reconocer, pero el discurso tuvo también otra característica, varias de sus conclusiones más importantes fueron presentadas como hechos consumados, aunque el propio informe no ofrece todos los elementos necesarios para demostrarlas.

Aguilar sostuvo, por ejemplo, que “no hay rezago, no hay ineficiencia”. Para respaldarlo informó que durante el año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y que se resolvieron 13 mil 231, es decir, el 88 por ciento. También señaló que, de los mil 479 asuntos heredados de la integración anterior, quedan únicamente 44 por resolver. Esas cifras, sin embargo, han sido cuestionadas, entre otros, por el investigador y profesor Javier Martín Reyes quien tras analizar los datos actuales con los de la previa integración, no se logra entender de dónde vienen las cifras presentadas por el ministro presidente.

Pero hay, además, una cifra que no aparece en el informe y que tampoco he visto destacada en otros análisis: cuántos asuntos que ya fueron sesionados y votados siguen pendientes de engrose. La omisión importa porque un asunto no termina, para efectos reales, el día en que las nueve personas ministras votan. El engrose es el documento final de la sentencia: ahí quedan plasmadas la decisión, las razones que la sostienen y las modificaciones acordadas durante la sesión. De ese texto depende la notificación a las partes, su publicación y, en muchos casos, que el criterio pueda producir plenamente sus efectos.

El propio Aguilar lo sabe. En su informe criticó que antes los engroses se gestionaran sin reglas ni plazos y dijo algo difícil de discutir: una resolución que no está a tiempo también representa un retraso de la justicia; un criterio que no se publica oportunamente es “jurisprudencia que llega tarde”. La nueva Corte incluso aprobó un acuerdo que obliga a la Secretaría General de Acuerdos a presentar cada mes un informe sobre los engroses en trámite, pendientes de firma, en circulación y concluidos.

Entonces la pregunta es bastante sencilla: si la Corte tiene esa información y decidió medirla mensualmente, ¿por qué no apareció en el informe con el que se afirma que no existe rezago? Contabilizar un asunto como resuelto no necesariamente significa que la justicia esté terminada para quien espera la sentencia. Si existen decisiones votadas desde hace meses cuyo engrose sigue pendiente, también existe una forma de rezago. Sin esa cifra, la fotografía que nos presenta el ministro presidente está, por decir lo menos, incompleta.

Algo parecido ocurre con la transparencia. Aguilar afirmó que los debates son públicos y que “se acabaron las sesiones privadas donde se decidían asuntos en la obscuridad”. El problema no es que toda sesión privada sea ilegítima. La legislación vigente establece que las sesiones son públicas por regla general, pero admite excepciones. El problema es presentar su desaparición como un hecho cuando integrantes de la propia Corte han dado cuenta de que siguen celebrándose.

El propio presidente ha explicado retrasos en el inicio de sesiones públicas porque las ministras y ministros se encontraban reunidos previamente en privado. Personas ministras han expresado públicamente su inconformidad por discusiones realizadas en sesiones privadas. La deliberación pública no consiste únicamente en transmitir por televisión el momento de la votación. Su valor está en permitirnos conocer los argumentos, observar cómo se confrontan, entender por qué una posición cambia y seguir el proceso mediante el cual se construye una decisión. Si la discusión sustantiva ocurrió antes, a puerta cerrada, la sesión pública es meramente la escenificación de una decisión previamente procesada.

Y está, finalmente, la afirmación más importante: “la independencia del Poder Judicial no está en entredicho”. La independencia judicial tampoco se acredita pronunciando la palabra independencia. Se demuestra en las decisiones, especialmente cuando aplicar la Constitución resulta incómodo para quienes ejercen el poder. Una Corte puede ser eficiente, austera, cercana y popular y, aun así, no ser independiente. Son cosas distintas.

Por eso también llama la atención una de las frases iniciales del discurso: “Hoy, el pueblo también manda en el Poder Judicial”. En una democracia, las personas juzgadoras no reciben un mandato representativo de quienes votaron por ellas. Su función no es seguir la voluntad de la mayoría, sino aplicar la Constitución, incluso cuando eso implique ponerle límites a esa mayoría para proteger los derechos de las minorías o de grupos en situación de vulnerabilidad. Precisamente para eso existen los tribunales constitucionales.

Quizá lo que más falta en el informe es autocrítica. Los problemas pertenecen casi siempre al pasado, aun cuando esta nueva Corte ha mantenido buena parte de los criterios de la integración anterior; los logros, en cambio, pertenecen al presente. Se habla de errores heredados, resistencias heredadas, opacidad y rezagos heredados. Mucho menos se dice sobre las dificultades, y pendientes de este primer año.

Rendir cuentas exige algo más que enumerar logros; implica mostrar también lo que no funcionó, y aquello que continúa pendiente. La Corte sabe mejor que nadie que una afirmación no se vuelve verdadera simplemente porque esté escrita en una sentencia, tiene que estar sustentada.

Lo mismo debería valer para un informe.

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