Con miedo a resolver

Hay una forma de perder la independencia judicial que no requiere modificar la Constitución, remover jueces ni desaparecer tribunales. Me refiero a que quien tiene que resolver un asunto empiece a pensar en las consecuencias personales de hacerlo.

Eso es lo que más me llamó la atención de un informe que acaban de publicar el Berkeley Judicial Institute y el Rule of Law Lab de NYU sobre las amenazas que enfrenta la judicatura federal en Estados Unidos. El informe distingue entre dos tipos de independencia judicial. Una es institucional e implica la posibilidad de que el Poder Judicial resista las interferencias de los otros poderes. La otra es decisional, es decir, que cada juez pueda resolver los asuntos que tiene enfrente sin miedo ni favoritismos.

De la primera hablamos mucho; de la segunda, casi nada. El estudio parte de entrevistas con 34 jueces federales, nombrados por presidentes republicanos y demócratas, y analiza cuatro fenómenos: violencia, intimidación, desinformación e incumplimiento de las resoluciones judiciales. No son problemas nuevos. Lo que ha cambiado, según el informe, es su frecuencia y su intensidad.

Los testimonios son duros de leer. Hay jueces que han instalado botones de pánico y cámaras en sus casas; otros han cambiado la ruta que utilizan para ir a trabajar, han eliminado información personal de internet o han pagado de su bolsillo seguridad privada. Algunos han tenido que explicarles a sus hijos que no deben abrir la puerta si llega alguien inesperado. Una jueza contó que ella y su hijo tienen una palabra clave para que, si alguna vez los alguaciles tienen que recogerlo de la escuela por una emergencia, él sepa que realmente fueron enviados por ella.

También está el llamado pizza doxxing. Desde 2025, distintos jueces comenzaron a recibir pizzas que nunca habían pedido en sus domicilios. Muchas fueron enviadas a nombre de Daniel Anderl, el hijo de la jueza Esther Salas, asesinado en 2020 por un abogado que llegó armado a su casa. La propia Salas informó que se habían registrado cerca de 200 episodios y que en al menos 20 se utilizó el nombre de su hijo. El mensaje detrás de una pizza enviada a la casa de alguien que nunca dio su dirección no necesita demasiada explicación.

Pero hay un testimonio que me parece todavía más importante. Uno de los jueces entrevistados relata que, frente a las amenazas que había recibido, durante 45 minutos consideró cambiar una decisión. Sabía cuál creía que era el resultado jurídicamente correcto, pero pensó que lo más fácil sería resolver de otra manera y proteger a su familia. Finalmente no lo hizo. Ahí está gran parte del problema. No en que efectivamente haya cambiado su sentencia, afortunadamente no lo hizo, sino en que durante 45 minutos hubo un factor adicional dentro de la decisión judicial que no tenía nada que ver con la Constitución, la ley, las pruebas o los argumentos de las partes. Era el miedo.

El propio informe recoge la preocupación de otros jueces sobre algo todavía más difícil de medir: que ese miedo termine influyendo de manera inconsciente en las decisiones. Que alguien “asuma el golpe”, por decirlo de alguna manera, para evitar convertirse en el siguiente objetivo.

Creo que esa discusión nos interesa mucho en México. Llevamos años quién debe llegar a un tribunal, cómo debe llegar, cuánto debe durar, quién debe vigilarlo y bajo qué condiciones puede ser sancionado. Después de la reforma judicial, varias de esas respuestas cambiaron radicalmente. Pero también debemos preguntarnos por las condiciones que necesita una persona para poder juzgar con independencia una vez que ya está sentada frente al expediente.

No se trata de que los jueces estén protegidos de la crítica. Las sentencias deben poder cuestionarse y quienes las dictan deben explicar y hacerse responsables de sus decisiones. El propio informe estadounidense parte de esa distinción: la crítica a las resoluciones judiciales es una parte normal de una democracia constitucional. Lo que rebasa esa crítica son las amenazas, la intimidación, la desinformación y el desacato.

La diferencia parece obvia hasta que volteamos a ver el estado actual del mundo. No es lo mismo decir que una sentencia está mal que decir que el juez que la dictó es un enemigo. No es lo mismo cuestionar un argumento que amenazar con utilizar mecanismos de responsabilidad porque no gustó el resultado. Tampoco es lo mismo recurrir una resolución que asumir que cumplirla es opcional. Sobre esto último, el informe recuerda a los clásicos: los tribunales no controlan ni el dinero ni la fuerza pública, buena parte de su autoridad descansa en la expectativa de que sus decisiones serán obedecidas.

Hay algo más que me pareció relevante. Las amenazas no sólo afectan a quienes hoy son jueces. Algunos de los entrevistados creen que también harán menos atractivo serlo. Hablan de colegas que están pensando en retirarse antes y de buenos abogados que quizá decidan no buscar un cargo judicial si éste significa convertir a su familia en un posible blanco. Eso también afecta la independencia judicial.

No basta con mirar las reglas que dicen que un tribunal es independiente. Hay que mirar las condiciones en las que realmente trabaja quien decide. Hablar de independencia judicial ya no es sólo preguntarnos si un juez puede resolver contra el gobierno, contra una mayoría o contra un actor poderoso. También es preguntarnos si puede hacerlo sin que, antes de firmar la sentencia, tenga que pensar en su casa, en sus hijos o en lo que le puede pasar después. Cuando el miedo entra al expediente, aunque la sentencia no cambie, la independencia ya empezó a erosionarse.

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