El ciclo de la guerra

Los Estados Unidos están cometiendo el mismo error que llevó a Felipe Calderón al fracaso: enfrentar a los cárteles criminales como si fueran pandillas de forajidos a quienes hay que arrestar o abatir y nada más. Habituados a identificar enemigos para emprender guerras (como lo han hecho durante el 91% de su historia, con menos de 20 años en paz), han designado a esos cárteles como organizaciones terroristas para hacer lo que mejor saben hacer: usar la fuerza.

Si decidieran hacerlo –como lo ha venido advirtiendo el presidente Trump reiteradamente– la violencia aumentaría más. No hay ningún estudio serio que no advierta el riesgo inminente de esa espiral derivada del fuego cruzado que, además, ha sucedido ya varias veces: el “culiacanazo”, el 22 de febrero en Jalisco, hace unos días en Michoacán, etcétera. El polo opuesto tampoco funciona –abrazos y no balazos– pues esa decisión acabó cediendo la iniciativa y el control territorial a los criminales. Las soluciones no están en ninguno de esos extremos anclados, ambos, en la obsesión por las armas: ni el ojo por ojo, diente por diente, ni el dejar hacer y dejar pasar, porque el problema es más grave.

La presencia del crimen organizado no está solamente en la violencia que se va registrando en las estadísticas que las autoridades insensibles celebran. Las organizaciones criminales se han insertado cada vez más en la vida de las comunidades rurales y urbanas. No viven aparte, ni llegan montados para asaltar pueblos y huir hacia sus guaridas, sino que forman parte de la sociedad y de sus actividades cotidianas: viven en los barrios de toda índole según la jerarquía que ocupan en su organización, inscriben a sus hijos en las escuelas comunes y corrientes –públicas y privadas–, se sientan a comer en los restoranes como cualquier hijo de vecino, se entrelazan con el resto de la gente en las tiendas, los cines, los supermercados, las plazas públicas.

Algunas fuentes informan que esas organizaciones se han convertido en el quinto empleador privado más relevante de México y muchas otras confirman que el lavado de dinero atraviesa por decenas (¿cientos, miles?) de empresas que viven de sus ingresos o que prosperan gracias a sus inversiones. No todas son criminales, sino negocios limpios y prósperos que nacieron de dinero ilícito: restoranes, tiendas de autoservicio, plazas comerciales o tienditas de barrio que van brotando por todos lados, como los edificios y los fraccionamientos que mantienen a la industria inmobiliaria en los primeros lugares de crecimiento económico, año con año.

Los grupos criminales compran o se imponen a las voluntades de un número indeterminado de servidores públicos que les entregan contratos de obras y servicios públicos, los protegen cuando es necesario o, de plano, siguen sus instrucciones en gobiernos municipales y estatales (también en el federal, como hemos visto en fechas recientes), o utilizan a las policías para cuidarse recíprocamente. No conozco a nadie que no haya sido testigo de la presencia de esos criminales organizados, que no haya escuchado de ellos, que no sepa de vecinos, colegas, alumnos de escuelas o, incluso, parientes que estén vinculados con ellos, porque ya forman parte de eso que llamamos “el tejido social”.

Eso no se acabará tirando bombas, ni extrayendo con metralletas a algunos de sus liderazgos, ni exhibiendo capos para la prensa de vez en cuando. Se irá acabando cuando nos propongamos reconstruir el Estado de derecho que los gobiernos sucesivos han convertido en estado de desecho en aras de un poder político que no puede ni eso: ni hacer política, porque, en vez de convocar a la construcción de paz, destilan odio. Y eso mismo está haciendo la Casa Blanca: escalar el conflicto con todo, en busca de guerra.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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