Llevo mucho tiempo estudiando el fenómeno de la corrupción como causa de buena parte de los problemas del país. He insistido en que la corrupción no debe confundirse con la impunidad, la ostentación o la ineficiencia. Su origen es la captura abusiva de los asuntos públicos en aras de obtener dinero y/o poder. Aquellas son conductas cercanas, pero no son lo mismo. Por eso, encarcelar corruptos, ser austeros y seguir manuales ayuda, pero no elimina la captura del Estado.

Lo público es lo que nos atañe y nos pertenece a todos, lo que se publica y lo que está abierto. No es difícil detectar su captura: si lo que es de todos se vuelve de unos cuantos; si lo que debe saberse se oculta; si lo que debe ser incluyente y parejo se cierra y excluye, la “cosa pública” –la república– pierde su naturaleza de origen y se corrompe. Combatir la corrupción equivale a hacer público lo que es público: que nadie actúe como dueño del gobierno, que nadie pueda esconder lo que hace en los cargos públicos y que nadie pueda decidir arbitrariamente a quién protege y a quién lastima el Estado.

Esa captura la vemos todos los días: puestos públicos que se reparten como premio a la cercanía; dinero público que se distribuye en obras, contratos, servicios y programas diseñados para comprar y afirmar redes; leyes escritas para asegurar la dominación de quienes gobiernan; sentencias dictadas a modo; investigaciones emprendidas para castigar adversarios o detenidas para proteger aliados; información pública que se cierra o se abre según convenga; instituciones que desvían sus fines y no rinden cuentas sobre sus mandatos formales, entre un largo y ominoso etcétera.

Entretanto, la corrupción ha ido minando al Estado: no puede contener al crimen organizado (ni al desorganizado tampoco); no puede explicar los costos de sus obras; no puede garantizar el abasto de medicamentos; no puede ofrecer educación de calidad; no puede hacer crecer a la economía; no puede impartir justicia. Aquí me detengo, pues la lista es más larga: tenemos un Estado impotente para cumplir con sus cometidos y prepotente frente a sus críticos. Y seguimos teniendo gobiernos voraces, decididos a adueñarse de todo.

Los poderosos han preferido, siempre, esconder esa evidencia y simular que combaten la corrupción castigando a algunas personas. Así ganan doble: de un lado, siguen usando al Estado para sus intereses de grupo y, de otro, atacan a sus adversarios acusándolos de corruptos. Listillos desde chiquillos, han repetido esa fórmula una y otra vez: nosotros somos honestos y los demás son corruptos. Eso decía Santa Anna, por ejemplo, mientras actuaba como dueño y señor del país. Eso decía Obregón mientras orquestaba su reelección a la presidencia… Eso han dicho todos sin excepción, incluyendo a quien prometió barrer escaleras y a quien repite que “no somos iguales”. Pero sí son, porque siguen actuando como propietarios de los recursos públicos, siguen escondiendo la información y siguen excluyendo lo que nos les conviene. Exactamente iguales: ni mejores, ni peores. Iguales.

Me pregunto si antes de tocar fondo (¿hay un fondo?) podremos abrir los ojos para defender lo que es de todos, lo que debe saberse y lo que debe seguir abierto. Nomás abrir los ojos: observar y poner atención en lo que está sucediendo. Me pregunto si seremos capaces de registrar lo que vemos y si tendremos las agallas para decirlo. Solo eso: observar, registrar y decir. Y si podremos hacerlo vigilando la puerta de entrada al poder: las elecciones, de las que también se han vuelto a adueñar los poderosos de hoy, como lo hicieron los poderosos de ayer. ¿Es mucho pedir?

De eso trata la Alianza Democrática a la que hemos convocado. Nada más: de abrir los ojos, tomar nota y decir lo que vemos. Nada más.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

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