Morena alista candidaturas después del Grito

Morena se prepara para anunciar de un solo golpe las coordinaciones estatales que mantiene pendientes rumbo a las elecciones de 2027. La previsión dentro del partido es que las definiciones comiencen después del 15 de septiembre y se presenten en bloque, no de manera escalonada, para intentar contener la guerra que se desató entre los aspirantes.

La decisión no está tomada por completo y el hermetismo es casi absoluto. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, comunicó a los participantes que serían convocados “en los próximos días”, pero hasta el cierre de esta columna nadie había recibido una fecha precisa.

La mecánica utilizada por Morena consiste en llamar a los aspirantes aproximadamente 24 horas antes del anuncio. Si las designaciones fueran a darse este fin de semana, las primeras llamadas ya tendrían que haberse producido. No ocurrió así. Fuentes del partido consideran que los movimientos podrían comenzar hacia finales de la próxima semana, una vez concluida la conmemoración del Grito y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en la gira posterior a su Segundo Informe de Gobierno.

Hasta ahora se han definido cinco de las 17 coordinaciones estatales en disputa. Faltan 12 y en varias de ellas el proceso interno está al rojo vivo. La dirigencia de Ariadna Montiel dice que podrían esperar hasta diciembre, como permite la convocatoria, pero prolongar la incertidumbre significaría dejar crecer las campañas negras, las filtraciones y las amenazas de ruptura. Así que esa opción no es viable ni está en la mesa.

El arranque formal del proceso electoral federal 2026-2027 agregó presión. Una de las versiones que circula dentro de Morena sostiene que el Instituto Nacional Electoral pidió al partido contener la abierta promoción de sus aspirantes, cuyos actos, recorridos y despliegues territoriales son cada vez más difíciles de presentar como actividades ordinarias.

Chihuahua es uno de los casos más delicados. Andrea Chávez aparece bien posicionada en las mediciones internas, mientras Cruz Pérez Cuéllar intenta evitar que la decisión se cierre a favor de la senadora, porque acusa fraude. Las descalificaciones entre grupos y la intervención de otros personajes, como Javier Corral, elevaron la disputa. Algunos participantes estarían considerando desconocer el resultado si la encuesta no los favorece, pese a los compromisos que firmaron para respetar el proceso y evitar agresiones entre compañeros.

En Baja California, la competencia descarnada entre Julieta Ramírez e Ismael Burgueño han prendido fuego al proceso. Las filtraciones y versiones sobre investigaciones en Estados Unidos transformaron la sucesión en una guerra política cuyos efectos son inconmensurables.

Quintana Roo vive una dinámica similar. Las acusaciones alrededor de vuelos privados y lujos de la gobernadora Mara Lezama, los señalamientos contra el exdirector de Aduanas, Rafael Marín, y contra la alcaldesa con licencia Ana Patricia Peralta, así como la operación de grupos vinculados al Verde han convertido la definición en una disputa que rebasa a Morena. Allí no sólo se decide una coordinación, sino el reparto del poder entre las fuerzas que integran el oficialismo.

En Zacatecas, los grupos del gobernador David Monreal y del diputado Ricardo Monreal conservan intereses en la sucesión, mientras Verónica Díaz y Ulises Mejía buscan quedarse con la candidatura. La dirigencia sabe que cualquier resolución deberá acompañarse de un acuerdo político que evite que los inconformes busquen cobijo en otro partido.

Nuevo León presenta una dificultad distinta. Morena debe medir a Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores, Andrés Mijes y Waldo Fernández. La candidatura opositora a Movimiento Ciudadano dependerá tanto de las encuestas como del acuerdo nacional entre Morena y sus aliados. Se asegura que la candidata será una mujer.

En Michoacán, los grupos de Raúl Morón, Carlos Torres Piña y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla disputan el control de la sucesión. La competencia interna se mezcla con los problemas de seguridad y con el peso territorial de liderazgos que difícilmente aceptarían quedar fuera sin recibir posiciones o garantías políticas.

Morena registró originalmente a 277 aspirantes para las 17 gubernaturas. Todos firmaron compromisos para respetar las encuestas, evitar campañas ostentosas y no atacar al partido ni a sus órganos de dirección. En los hechos, varias de esas reglas han sido rebasadas.

La dirigencia puede anunciar las 12 coordinaciones pendientes en una sola jornada, pero difícilmente resolverá de un jalón las fracturas acumuladas durante meses. Después del 15 de septiembre comenzará a conocerse quién ganó las encuestas y también quiénes están dispuestos a desconocerlas.

Posdata 1

La novedad es que Coahuila se colocó por primera vez como la entidad con mayor percepción de seguridad del país, desbancando a Yucatán. Según la ENVIPE 2026 del Inegi, 71.5% de sus habitantes considera seguro vivir en el estado. Le siguen Yucatán, con 63.8%, gobernado por Joaquín “Huacho” Díaz; Aguascalientes, con 57.8%, de Teresa Jiménez, y Querétaro, con 53.4%, de Mauricio Kuri. El promedio nacional es de apenas 24.7%.

El avance de Coahuila es considerable. En 2021, sólo 43.3% de los coahuilenses decía sentirse seguro; cinco años después, el porcentaje aumentó 28.2 puntos. Durante el último año, la entidad pasó del segundo al primer lugar nacional, ya bajo la administración del priista Manolo Jiménez.

El gobierno estatal atribuye el resultado al llamado Modelo Coahuila, sustentado en prevención, proximidad, inteligencia y despliegue policial, además de la coordinación con la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y los municipios. La administración de Jiménez asegura haber destinado más de 8 mil millones de pesos a infraestructura, patrullas, equipamiento, capacitación, arcos carreteros y sistemas de videointeligencia.

Posdata 2

Los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo las secciones 232 y 301 no están devolviendo necesariamente producción y participación de mercado a ese país. Según el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, las restricciones están desviando operaciones y ventas hacia otras economías, una distorsión que debería corregirse antes de la revisión del T-MEC.

La advertencia toca directamente a las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio, para las cuales el gobierno de Claudia Sheinbaum busca conservar un trato preferencial. México también ha incrementado aranceles a unas mil 400 fracciones de productos procedentes de China y de otros países con los que no tiene tratado comercial, además de impulsar la sustitución de importaciones mediante el Plan México.

La entrevista se la hizo Bloomberg en Estados Unidos y dejó una buena impresión sobre la forma en que Lazzeri se desenvuelve y expone con claridad los temas de interés para México. El nuevo embajador comienza, además, a construir una interlocución relevante en los círculos políticos y financieros de Washington y Nueva York.

En la revisión del T-MEC, el planteamiento de México es que los aranceles no fracturen cadenas que llevan décadas integrándose. Si los gravámenes permanecen, la cuota de mercado que pierdan México, Estados Unidos y Canadá podría no regresar a la región.

Posdata 3

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, dijo que la incertidumbre comercial global y las tensiones geopolíticas son uno de los principales obstáculos para detonar inversiones en México. Durante el Foro Mujeres de EL CEO, explicó que la falta de claridad internacional está retrasando decisiones de capital, aun cuando el país conserva una posición privilegiada frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La apuesta del gobierno para 2027 será acelerar el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, con inversiones en energía, agua y transporte, además de utilizar a la banca de desarrollo como catalizador del financiamiento. La energía será determinante: 54% de los objetivos incluidos en el Plan México está relacionado con ese sector y requerirá contratos y esquemas de participación con la iniciativa privada.

El margen fiscal, sin embargo, será estrecho. Hacienda calcula que los Requerimientos Financieros del Sector Público disminuirán de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Bonilla aseguró que la deuda no crecerá de manera explosiva y que la reducción del déficit se realizará sin contraer excesivamente la actividad económica.

Por su parte, Roxana Muñoz, vicepresidenta y analista de Moody’s, advirtió en el mismo foro que una consolidación fiscal más lenta y un mayor endeudamiento podrían presionar la calificación soberana. México tiene condiciones para atraer inversión extranjera y convertirla en producción y empleos de mayor valor; el reto será ofrecer certidumbre externa, pero también disciplina fiscal, energía e infraestructura suficientes.

@MarioMal

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