Farías Laguna en México: comienza la batalla judicial y mediática

Los elogios que en las últimas semanas han dedicado autoridades de Estados Unidos a los integrantes del gabinete de seguridad mexicano se tradujeron finalmente en respaldo operativo. La deportación desde Argentina de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal y marítimo, es la primera muestra concreta.

La participación del gobierno de Donald Trump en el proceso fue innegable. La Fiscalía General de la República agradeció públicamente la colaboración estadounidense. Sin embargo, la versión de la defensa de Farías Laguna, según la cual la administración de Javier Milei aceptó entregarlo únicamente por presiones de Washington, no corresponde plenamente con la forma en que se desarrolló el operativo.

Los abogados del imputado, Epigmenio Mendieta en México y Félix Helou en Argentina, buscaron cuestionar la legalidad del traslado y debilitar la credibilidad de las autoridades mexicanas antes de que comience la batalla judicial. La estrategia era previsible, aunque los hechos apuntan en otra dirección. Estados Unidos acompañó el caso desde las tareas de localización del exmando naval en Sudamérica, como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Ayer adelantamos en este espacio que el seguimiento y la ubicación de Farías Laguna estuvieron a cargo del gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, y puntualmente por la Secretaría de Marina, que lleva el almirante Raymundo Morales. Ambas contaron con el apoyo de la CIA para reconstruir la ruta del objetivo desde Florida, su paso por Colombia y su llegada a Argentina.

Desde el inicio, el caso fue compartido con las agencias estadounidenses como parte de los acuerdos de colaboración bilateral. Funcionarios del gobierno de Trump dieron seguimiento al operativo hasta que Farías Laguna abordó la aeronave enviada por la Marina para trasladarlo a México.

El caso se convirtió en un punto recurrente de las reuniones entre funcionarios de ambos países. La confirmación de que Farías Laguna se encontraba en Argentina elevó las suspicacias. La relación política entre Donald Trump y Javier Milei podía facilitar la coordinación y las autoridades mexicanas decidieron aprovechar esa interlocución.

También resultó oportuna la presencia esta semana en Buenos Aires del secretario Omar García Harfuch. Las filtraciones sobre la inminente deportación pusieron en riesgo el operativo, pues permitieron a la defensa activar recursos jurídicos para intentar impedirlo.

García Harfuch participó en una conferencia internacional sobre combate a las drogas, en la que coincidió con altos funcionarios estadounidenses. Aunque el traslado ya estaba autorizado con anticipación, la presencia en el sitio del secretario contribuyó a librar cualquier “bache”, al igual que la de los funcionarios estadounidenses.

Su llegada abre ahora una guerra judicial y mediática. La defensa intentará convertir el caso penal en un conflicto político, cuestionar la legalidad de su traslado y salpicar a funcionarios de los gobiernos mexicano y estadounidense. Veremos la capacidad del Estado mexicano para mantenerlo en la cárcel y, sobre todo, para dar con toda la estructura responsable del delito de huachicol fiscal.

Posdata 1

Fernando Farías Laguna permaneció 119 días bajo custodia de las autoridades argentinas. Fue detenido el 23 de abril en Buenos Aires, después de ingresar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo, y entregado a México el 20 de agosto mediante una expulsión administrativa. Durante casi cuatro meses estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, mientras promovía dos solicitudes de asilo y combatía tanto su extradición como su deportación. Ese periodo permitió al gobierno de Javier Milei conocer su ruta de escape, las identidades utilizadas, sus contactos y los argumentos con los que pretendía justificar una persecución política en México.

Antes de su entrega, agentes del FBI y un representante del gobierno estadounidense se reunieron con Farías Laguna en Ezeiza. Su abogado argentino, Félix Helou, confirmó el encuentro, pero reconoció que la defensa no estuvo presente y que desconoce lo que se habló. Fuentes vinculadas al operativo sostienen que también participaron representantes de inteligencia estadounidense. Hasta ahora no existe una versión pública sobre lo que dijo el excontralmirante, pero el interés de Estados Unidos difícilmente se limitó a convencerlo de aceptar su traslado. Farías conocía las rutas, empresas, aduanas, mandos navales y mecanismos financieros de una red que movía combustible entre Estados Unidos y México.

La defensa en México, encabezada por Epigmenio Mendieta, ya perfiló su estrategia. Buscará citar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tío de los hermanos Farías Laguna, y colocar nuevamente en el expediente las menciones a Andrés Manuel López Beltrán que aparecen en declaraciones de testigos. Eso no acredita la responsabilidad de ninguno de los dos, pero anticipa el alcance político que intentarán dar al proceso. Farías Laguna podría presentarse no como jefe de la estructura criminal, sino como un mando que conoció, informó o actuó dentro de una cadena de decisiones superiores.

Lo que sigue no será únicamente una audiencia penal. La FGR deberá determinar cuánto está dispuesto a declarar Farías Laguna y si buscará algún beneficio a cambio de información. Si decide hablar y aportar documentos, nombres o rutas de dinero, el caso puede abrir una fractura dentro de la Marina y alcanzar a figuras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El riesgo para la 4T no está solamente en lo que Farías diga ante un juez mexicano, sino en lo que pudo haber contado durante sus 119 días en Argentina y, especialmente, en aquella reunión con los estadounidenses.

Posdata 2

Aeroméxico y Delta obtuvieron un triunfo relevante en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló la orden del Departamento de Transporte que pretendía terminar su acuerdo de colaboración conjunta y retirarles la inmunidad antimonopolio. La alianza, vigente desde hace casi una década, podrá seguir coordinando horarios, precios y capacidad en las rutas entre México y Estados Unidos. Delta, además, conserva una participación de 20% en la aerolínea mexicana.

Pero el comunicado de Aeroméxico cuenta solamente la parte conveniente. La Corte no concluyó que la alianza genere mayor competencia ni desestimó las preocupaciones antimonopolio. Determinó que el Departamento de Transporte actuó de manera “arbitraria y caprichosa” porque aplicó un análisis de mercado más limitado y criterios distintos a los utilizados en acuerdos similares. El gobierno estadounidense había calificado la sociedad como una “colusión legalizada” y calculado que ambas compañías concentran casi 60% de las operaciones en la terminal aérea de la Ciudad de México hacia y desde Estados Unidos.

Durante el segundo trimestre de 2026, Aeroméxico obtuvo ingresos récord por 1,500 millones de dólares, 12.6% más que un año antes, pero terminó con una pérdida neta de 57.7 millones de dólares, frente a la utilidad de 68 millones registrada en el mismo periodo de 2025. El Mundial tampoco produjo el auge esperado. En junio transportó 1.85 millones de pasajeros, 9% menos a tasa anual; el tráfico nacional cayó 13%, la demanda doméstica disminuyó 11.8% y el factor de ocupación bajó tres puntos, a 82.7%. La empresa estimó en 24 millones de dólares el impacto de la competencia futbolística sobre su negocio nacional.

La debilidad continuó después del torneo. En julio, Aeroméxico movilizó 2.15 millones de pasajeros, 6.1% menos que un año antes, y en los primeros siete meses acumuló una reducción de 2.7%, con una caída de 4.3% en el mercado nacional. La protección judicial del acuerdo con Delta es una victoria corporativa, pero no corrige la pérdida de pasajeros, la caída del negocio doméstico ni el regreso de la empresa a números rojos.

Posdata 3

El acuerdo preliminar que negocian Estados Unidos y Canadá encendió las alertas en el equipo mexicano encargado de la revisión del T-MEC. El gobierno de Trump está dispuesto a reducir de 50% a 25% los aranceles al acero y al aluminio canadienses, y de 25% a 15% los aplicados a sus automóviles. Si esas condiciones se confirman, México quedará en desventaja frente a su principal competidor dentro del mercado estadounidense.

El problema no es solamente arancelario, porque Canadá optó por negociar directamente con la administración de Donald Trump y obtuvo una ruta propia, mientras México apostaba por preservar una posición trilateral. El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá ahora que acelerar un acuerdo equivalente para evitar que inversiones y producción de acero, autopartes y vehículos migren hacia territorio canadiense.

En el sector automotriz pretende elevar de 75% a 82% el contenido regional exigido y establecer que al menos 50% del valor de cada vehículo sea de origen estadounidense. Para México, aceptar esas condiciones implicaría modificar de fondo el T-MEC y reducir la competitividad de plantas que durante décadas se integraron bajo una lógica norteamericana, no exclusivamente estadounidense.

La estrategia de Trump, de fragmentar el bloque para negociar por separado y extraer concesiones distintas de cada gobierno, está en marcha.

@MarioMal

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