¿De quién es el doble discurso?

Esta semana, Buenos Aires fue sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que convocó a secretarios de seguridad de más de cien países. Frente a ese auditorio, el director de la agencia, Terry Cole, reconoció a Omar García Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”.

En México, alguien preguntó a la presidenta si no era contradictorio que la misma agencia que elogia al secretario de Seguridad sostuviera, en paralelo, señalamientos sobre los vínculos entre funcionarios mexicanos y crimen organizado. La titular del Ejecutivo coincidió con el diagnóstico: “unas veces dicen un tema y otras veces otro”. No obstante, también habló de la importancia de que otros países conozcan “lo que estamos haciendo” y “cómo lo estamos haciendo”.

En realidad, no hay contradicción alguna en que Washington celebre la colaboración con un funcionario en particular mientras desconfía de otros que son parte del mismo movimiento político que encabeza el gobierno.

Las autoridades estadounidenses parecen distinguir, por un lado, al aparato operativo de seguridad que entrega consistentemente resultados concretos y evaluables; y, por el otro, a la estructura político-electoral, sobre la cual siguen pesando sospechas que no terminan de resolverse.

El caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por ejemplo, ya no pertenece al terreno de las versiones periodísticas: existe una acusación formal del Departamento de Justicia en su contra, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con algunos medios, otros gobernadores también estarían siendo investigados por posibles vínculos criminales. Desde el oficialismo se niegan las acusaciones, bajo el argumento de que no existe documento oficial ni resolución que las sostenga. Es posible que sea así. Sin embargo, no se ha hecho ningún esfuerzo para demostrarlo con el mismo rigor que se exige hacia afuera.

El verdadero doble discurso, entonces, no está en la DEA. Cuando EE. UU. señala a algún integrante del oficialismo, la reacción inmediata es exigir pruebas e invocar la soberanía. Cuando se elogia la disposición colaborativa de un secretario, simplemente se acepta el gesto. Esa diferencia muestra que la supuesta soberanía se invoca por conveniencia, mientras la cooperación real se activa por pragmatismo.

Un reportaje del New York Times —sustentado en fuentes anónimas— afirma que la DEA se acercó en privado a decenas de funcionarios mexicanos para persuadirlos de hablar. Algunos respondieron, buscando adelantarse a investigaciones que temen que un día los alcancen. Nadie los obligó. Decidieron hacerlo antes de que alguien más decidiera por ellos.

El 11 de agosto, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, dejó de estar bajo custodia del sistema penitenciario, exactamente tres meses después de entregarse voluntariamente en Arizona. Se ha especulado que su salida de prisión se debe a un acuerdo para convertirse en testigo protegido.

En los hechos, eso dice más que cualquier posible señalamiento de Washington. Cuando exfuncionarios y operadores políticos de un partido empiezan a buscar protección, a costa de compartir información sobre sus pares o cómplices, no hace falta ninguna acusación externa. Es una muestra de que el propio sistema desconfía de sí mismo.

El oficialismo puede seguir llamando “doble discurso” a lo que dice EE. UU. sobre nuestro país. En el fondo, el discurso con dos caras es el propio. Cuando los integrantes de una organización empiezan a desconfiar unos de otros, es señal de que la realidad se impone sobre las palabras.

Diputada federal

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