El último argumento de Jorge Meixueiro

Hay historias políticas que una conoce primero como historias de familia y sólo muchos años después comprende como historias del país.

Jorge Meixueiro Hernández forma parte de la historia de la familia de mi marido. Su nombre ha permanecido entre nosotros durante generaciones y, quizá por eso, durante mucho tiempo conocí lo ocurrido el 18 de agosto de 1943 como se conocen estas cosas: como una historia familiar. Volver ahora a los documentos me hizo verla de otra manera.

Ese día, Jorge Meixueiro subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para defender el triunfo electoral que sostenía haber obtenido en Oaxaca. No era un recién llegado a la política. Había sido diputado federal en tres ocasiones, entre 1928 y 1930, entre 1930 y 1932 y nuevamente entre 1937 y 1940. También había ocupado la Oficialía Mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. Conocía la Cámara, conocía al partido y conocía, seguramente mejor que muchos, la forma en que se tomaban las decisiones políticas en el México de aquellos años.

En 1943 buscó regresar al Congreso como candidato por el segundo distrito electoral de Oaxaca. La elección se había celebrado el 4 de julio y correspondía al Colegio Electoral de la Cámara determinar qué fórmula había obtenido el triunfo. Ése es un dato indispensable para entender lo que ocurrió después: no existía un tribunal electoral independiente al cual acudir para que revisara la elección. Eran los propios diputados quienes calificaban las elecciones de quienes habrían de convertirse en sus compañeros de Cámara.

El 18 de agosto se discutió el caso de Oaxaca. La comisión dictaminadora resolvió a favor de Leopoldo Gatica Neri y rechazó la pretensión de Meixueiro. La reconstrucción publicada años después por el Servicio de Investigación y Análisis de la propia Cámara señala que Meixueiro subió entonces a la tribuna y denunció fraude electoral.

Las palabras que se conservan de aquella intervención dicen bastante sobre el ánimo con el que llegó a defender su caso. Según la reconstrucción de la Cámara, Meixueiro afirmó que intentar revertir la decisión era como “picar una montaña con un clavo” o pretender derretir la nieve de un volcán con un cerillo. La hemeroteca de EL UNIVERSAL, al recuperar las crónicas publicadas inmediatamente después de los hechos, recoge también su afirmación de que aquello había dejado de ser para él una simple cuestión electoral y política para convertirse en una cuestión de honor y dignidad. Al final anunció que quería esgrimir su “último argumento”. (eluniversal.com.mx)

Lo hizo de una manera trágica: se quitó la vida en la propia tribuna.

No encuentro nada heroico en esa decisión y no quisiera que la recuperación de esta historia pudiera interpretarse de esa manera. Lo que me interesa está en otro sitio. Me interesa saber por qué un político experimentado, que conocía desde dentro el partido y el Congreso, llegó a la tribuna convencido de que los argumentos que presentara no serían capaces de cambiar la decisión. Y me interesa todavía más lo que ocurrió después, porque la historia de aquella elección no terminó con la muerte de Jorge Meixueiro.

Casi tres meses más tarde, el 12 de noviembre, el Colegio Electoral volvió a analizar el segundo distrito de Oaxaca. El Diario de los Debates de esa sesión permite alejarse de las versiones construidas con el paso de los años y también obliga a matizar la historia familiar. La Comisión Revisora de Credenciales encontró “numerosas y flagrantes violaciones a la ley”, intervención directa y parcial de autoridades y presiones que habían impedido el desarrollo normal de la elección y la libre expresión ciudadana.

El expediente contiene, sin embargo, un dato que debe decirse con la misma claridad: algunas de esas intervenciones habrían favorecido a la fórmula de Jorge Meixueiro. También existían irregularidades respecto de Gatica Neri. No hay, por tanto, elementos para convertir esta historia, 83 años después, en el relato simple de un candidato que ganó una elección y al que le fue arrebatada. Hacerlo sería acomodar los documentos a una historia que quizá resulta más atractiva, pero no necesariamente más cierta.

Lo que ocurrió después es suficiente para entender la gravedad del problema. El primer dictamen discutido el 12 de noviembre proponía declarar válida la elección y reconocer a Leopoldo Gatica Neri y Jesús Peña. La Asamblea lo rechazó. La Comisión presentó otro dictamen y entonces las elecciones celebradas el 4 de julio en el segundo distrito de Oaxaca fueron declaradas nulas y se ordenó convocar a elecciones extraordinarias.

Para entonces, Jorge Meixueiro llevaba casi tres meses muerto.

La anulación no permite afirmar que él hubiera ganado. Sí permite saber que aquella elección estaba afectada por irregularidades suficientes para impedir que su resultado se sostuviera. Y obliga a mirar un aspecto de esta historia que me parece más importante que resolver, desde la distancia, quién tenía más votos: quienes decidieron inicialmente a favor de un candidato y quienes meses después anularon la elección formaban parte del mismo órgano político.

Así funcionaba entonces el sistema.

Durante décadas México vivió con mecanismos electorales en los que las fronteras entre quienes ejercían el poder y quienes debían calificar la forma en que ese poder se obtenía eran muy distintas de las que después fuimos construyendo. La creación de autoridades electorales autónomas y, más tarde, de una justicia electoral especializada respondió a una larga historia de conflictos y desconfianza. No fue una sofisticación innecesaria del sistema democrático. Fue una respuesta a problemas que el país ya había vivido.

La historia de Jorge Meixueiro permite entender uno de ellos sin necesidad de demasiadas abstracciones. Cuando una controversia enfrenta a actores políticos, importa tanto la decisión como quién la toma. No basta con que exista un procedimiento si quien resuelve carece de la distancia necesaria respecto de quienes están sometidos a su decisión.

Ésa es una idea que trasciende lo electoral y que adquiere una relevancia particular en el México de hoy. Durante años construimos instituciones bajo la premisa de que ciertas decisiones debían quedar fuera del control inmediato de las mayorías políticas. Lo hicimos con las elecciones, con la justicia y con distintas funciones técnicas del Estado. No porque esas instituciones fueran infalibles ni porque la autonomía garantizara siempre buenas decisiones, sino porque habíamos aprendido que hay funciones en las que ser juez y parte termina por alterar el resultado, o al menos la confianza en él.

En los últimos años hemos comenzado a recorrer el camino inverso. La legitimidad proveniente de las urnas se utiliza cada vez con mayor frecuencia para cuestionar la existencia de límites que no dependen directamente de ellas. Se presenta a los jueces, a los órganos autónomos o a las instancias técnicas como obstáculos frente a la voluntad popular y se confunde el derecho de una mayoría a gobernar con la posibilidad de reducir los controles sobre la manera en que gobierna.

El problema de ese razonamiento es que olvida por qué construimos esos controles.

No fue por desconfianza en una persona o en un partido determinados. Fue por desconfianza en el poder. En cualquier poder. La experiencia histórica enseñó que las reglas funcionan mejor cuando no dependen de la voluntad de quien debe sujetarse a ellas y que los derechos necesitan instancias capaces de protegerlos incluso cuando hacerlo contradice a una mayoría.

Por eso esta historia de 1943 me resulta tan actual. No porque el México de entonces sea igual al de ahora ni porque tenga sentido establecer equivalencias fáciles entre dos momentos separados por más de ocho décadas. Me interesa justamente porque durante esos 83 años construimos buena parte de las instituciones que buscaban evitar que conflictos como aquél se resolvieran de la misma manera.

México tardó mucho tiempo en aceptar que el árbitro no podía ser también jugador. Ahora parece haber cierta prisa por olvidar las razones.

Quizá por mi cercanía familiar con esta historia nunca podré acercarme a Jorge Meixueiro como a cualquier otro personaje de los archivos. Su nombre permaneció en una familia y lo ocurrido aquella tarde siguió contándose mucho después de que desapareciera de la conversación pública. Pero volver a los documentos también sirve para quitarle a la memoria familiar aquello que el tiempo puede haber convertido en certeza y que la historia obliga a mirar con mayor cuidado.

No sé si Jorge Meixueiro ganó aquella elección. Los documentos que he revisado no me permiten afirmarlo y no quiero hacerlo. Sé que denunció fraude; sé que la comisión decidió en su contra; sé que subió a una tribuna convencido de que no conseguiría cambiar esa decisión; y sé que, tres meses después de su muerte, la elección fue anulada por las irregularidades que la habían rodeado.

También sé algo más: entre aquel México y el nuestro hubo generaciones que trabajaron para construir instituciones en las que una controversia no tuviera que terminar frente al mismo poder al que se cuestionaba.

Por eso no quiero reivindicar el último argumento de Jorge Meixueiro. Me interesa reivindicar todos los anteriores: la prueba, la defensa, la posibilidad de impugnar, la revisión de una decisión y, sobre todo, la existencia de alguien con independencia suficiente para escuchar y resolver.

Tal vez ésa sea la parte de su historia que vale la pena recuperar 83 años después. No cómo terminó su vida, sino qué nos recuerda el país en el que ocurrió.

Porque las instituciones también guardan memoria. A veces olvidamos que muchas de las que hoy parecen prescindibles fueron construidas precisamente para no repetir aquello que, cuando dejamos de recordarlo, empieza a parecernos imposible.

Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en retiro.

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