María Elena Morera | 05-09-26 | 03:07 |

Un informe de gobierno no necesita mentir para construir una realidad conveniente. Basta con escoger qué contar, qué subrayar y qué dejar fuera. Eso fue lo que sucedió durante el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum: la distancia entre informar sobre la realidad y seleccionar la realidad que conviene informar.

En seguridad, la Presidenta aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento desde que inició su gobierno. La cifra surge de comparar septiembre de 2024, un mes particularmente violento, con julio de 2026. Pero al observar periodos equivalentes, la fotografía cambia; entre enero y junio hubo 30 por ciento menos víctimas de homicidio doloso que en el mismo periodo de 2025. Es una disminución importante, pero 30 no es 51.

Detrás de esa diferencia hay algo más que una discusión estadística. Cada muerte pasa por una fiscalía que decide cómo investigarla, clasificarla y registrarla. En Causa en Común hemos documentado variaciones atípicas y posibles reclasificaciones hacia categorías como “otros delitos contra la vida” u homicidios accidentales. Eso no prueba que toda la reducción sea artificial, sin embargo, sí obliga a mirar con cuidado una cifra antes de convertirla en propaganda.

Lo más inquietante, sin embargo, no está en lo que se contó, está en quienes quedaron fuera. Durante los primeros 22 meses de este gobierno hubo alrededor de 60 mil reportes de desaparición; al 9 de agosto, 20,484 personas seguían desaparecidas o no localizadas. La Presidenta debía reconocer que detrás de cada registro hay una familia que sufre, busca y espera respuestas del Estado. La extorsión tampoco apareció en el discurso, aunque el problema es tan grave que el propio gobierno creó una Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Cómo hablar de seguridad sin hablar de quienes desaparecen ni de quienes pagan para trabajar o simplemente seguir vivos?

Por otro lado, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero omitió mencionar que administran aeropuertos, ferrocarriles y carreteras, además de construir infraestructura y empresas. Tampoco cupo en el discurso que mientras ese poder crece, las policías, fiscalías y los sistemas penitenciarios siguen sin fortalecerse. La pregunta es inevitable, ¿quién vigila ese poder y qué instituciones civiles estamos dejando atrás?

En otra parte de su informe, la misma selección sesgada apareció al hablar de democracia. Sheinbaum presentó como expresión de la voluntad ciudadana que ahora el Poder Judicial sea electo por voto popular, pero omitió que apenas 12.9 por ciento del electorado participó en la primera elección judicial y las controversias por los acordeones investigados por el INE. Elegir más cargos puede ampliar el voto, pero definitivamente no amplía la democracia. Una democracia necesita instituciones capaces de limitar al poder y ser verdaderos contrapesos.

La Presidenta aseguró, además, que “no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto” y presentó las mañaneras como un ejercicio de información, diálogo y derecho de réplica. Pero desde esa misma tribuna se ha descalificado a periodistas, medios, investigadores y voces críticas. Desde luego ella tiene derecho a responder, pero lo que no debería hacer es llamar rendición de cuentas a una plataforma utilizada para defender su proyecto político y desacreditar a quienes lo cuestionan.

Por último, no todo lo dicho en el Informe es falso, ese no es el punto. Una cifra puede ser verdadera y, aun así, contar una historia engañosa cuando se dejan fuera las víctimas, los datos y las instituciones que la contradicen.

La rendición de cuentas empieza donde termina la propaganda: en lo que incomoda, en lo que no salió bien, en aquello que el poder preferiría no contar, pero debe explicar. Gobernar no es administrar el relato sino hacerse responsable de la realidad.

Presidenta de Causa en Común.