SEP, no sólo es PISA, también el abuso sexual de infancias

Un día antes de que se presentaran los catastróficos resultados de la prueba PISA, Mario Delgado volvió a pedir perdón por los abusos sexuales perpetrados en escuelas públicas. Lo hizo hace unos días, durante la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil. Volvió a hablar de prevención, vigilancia, capacitación, protocolos y denuncia. Pero hay una pregunta que el secretario de Educación no puede responder con otra ceremonia: ¿puede garantizarles hoy a las madres y los padres de México que sus hijos están seguros dentro de una escuela?

La respuesta tendría que inquietarnos. Hace un año, Delgado ofreció una disculpa pública a las víctimas del jardín de niños Marcelino de Champagnat, donde decenas de familias denunciaron violencia sexual contra niñas y niños de entre tres y cinco años. Aquello no fue solamente la historia de agresores que encontraron víctimas indefensas. Fue la historia de un sistema que no supo prevenir, detectar ni detener la violencia.

Y ése sigue siendo el problema. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia acaba de evaluar el cumplimiento de las medidas ordenadas judicialmente a la SEP. De las medidas de reparación, sólo dos están cumplidas en su totalidad. El resto avanza parcialmente o continúa pendiente. Pero lo verdaderamente alarmante está detrás de esa contabilidad: las vulnerabilidades que permitieron aquellos abusos siguen presentes en miles de escuelas.

La primera Jornada de Concientización dejó un dato difícil de olvidar. El 17 por ciento del personal docente encuestado dijo que durante las actividades algún estudiante le reveló una experiencia de violencia sexual. Casi uno de cada cinco. Es decir, cuando se abrió un espacio para hablar, los niños hablaron.

El problema vino después. Sólo 37 por ciento del personal había recibido capacitación previa y 47 por ciento respondió que en su escuela no existían protocolos para saber cómo actuar frente a una revelación de violencia sexual.

Secretario Delgado: ¿qué debe hacer una maestra cuando un niño le dice que alguien lo toca? ¿A quién llama? ¿Cómo evita revictimizarlo? ¿Quién separa inmediatamente al posible agresor? ¿Quién protege al niño al día siguiente? ¿Quién vigila que la denuncia no se pierda entre una dirección escolar, una supervisión, una autoridad educativa y un Ministerio Público?

Un protocolo guardado en internet no protege a nadie. Tampoco protege una jornada anual si el resto del año la escuela conserva espacios ciegos, baños inseguros, personal sin capacitación, mecanismos de denuncia desconocidos y autoridades que reaccionan sólo cuando el daño ya ocurrió. La ODI lo ha dicho con claridad: una escuela segura requiere infraestructura diseñada para prevenir violencia, capacitación permanente y mecanismos reales de seguimiento.

El caso Champagnat mostró hasta dónde pueden llegar esas fallas. En 2018, 57 familias denunciaron. Sólo 18 casos consiguieron llegar a sentencia. Detrás de esa diferencia hay años de desgaste, miedo, pruebas, declaraciones y familias obligadas a pelear contra el mismo aparato institucional que debía protegerlas.

Y aquí está el punto que Mario Delgado tendría que explicar: ¿por qué la seguridad sexual de los niños sigue dependiendo tanto de que ellos puedan contar lo que les ocurrió y de que sus padres tengan la capacidad de enfrentarse al sistema?

La prevención tendría que empezar mucho antes. Tendríamos que saber quién entra a una escuela, quién trabaja con los niños, qué antecedentes tiene, quién lo supervisa, qué espacios puede ocupar a solas con ellos. Tendrían que existir baños y zonas que reduzcan oportunidades para el abuso, rutas de denuncia conocidas por todos, personal entrenado para reconocer señales y consecuencias claras para quien encubra, minimice o calle.

Eso es construir una escuela segura. La SEP publicó lineamientos nacionales en 2025. Incorporó la jornada al calendario escolar. Creó materiales y guías. Son avances y hay que reconocerlos. Pero la existencia de una norma no demuestra que una niña esté protegida en el baño de su escuela. La existencia de un manual no garantiza que su maestro sepa qué hacer cuando pide ayuda.

La propia SEP dice ahora que quiere construir una cultura de prevención y que la vigilancia debe ser permanente. Bien. Entonces hay que medirla. Escuela por escuela. Saber cuántos planteles tienen protocolos operando, cuántos trabajadores fueron capacitados, cuántas zonas de riesgo fueron corregidas, cuántas denuncias se recibieron, cuánto tardaron en atenderse y qué ocurrió después. Porque de otra manera estaremos confundiendo política pública con documentos y protección con discursos.

Mario Delgado dijo hace un año algo que hoy se vuelve contra la propia autoridad: disculparse no protege. Tenía razón. Ahora falta demostrar que después de la disculpa vino el Estado.

Porque un niño abusado dentro de una escuela no fue solamente víctima de quien lo agredió. También fue víctima de cada puerta institucional que debió cerrarle el paso al agresor y permaneció abierta. Mientras esas puertas sigan abiertas, secretario, el problema no está resuelto.

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