Como Nicaragua, ¡cancelemos las elecciones!

El pasado 19 de julio, en un mitin en Managua, Nicaragua, Daniel Ortega declaró: "Aquí no volverá a haber elecciones". Poco después, el 1 de septiembre, la Asamblea Nacional le dio forma jurídica y aprobó la reforma constitucional impulsada por la dupla cogobernante: Ortega-Murillo.

Se trata de un modelo electoral (de sobra conocido por nosotros durante la vigencia del sistema de partido hegemónico 1929-2000), por el que no se eliminan formalmente las elecciones, pero el poder político centralizado determina quién puede y quién no competir y en qué términos, para cancelar alternancias políticas, aun en contra de la voluntad del pueblo nicaragüense. Es una clara deformación de la democracia para ajustarla a fin de que los detentadores del poder se preserven en él. Históricamente representa la sustracción y captura de la soberanía popular por la que luchó y murió Augusto César Sandino, y por la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado entonces por Ortega mismo, se levantó en armas con una revolución en contra de la dictadura de Anastasio Somoza. Una traición al legado sandinista.

La legalidad formal no equivale a legitimidad democrática, pues esta reforma excluye de candidaturas y cargos públicos a quienes el régimen considere "traidores a la patria", para lo cual, en la misma, empoderó al Consejo Supremo Electoral (órgano totalmente controlado por la referida dupla), con facultades reforzadas para sancionar a candidatos y partidos.

Ese modelo de "competencia selectiva" es el que se está aplicando gradualmente en México por el populismo gobernante, cuyo objetivo principal es, como bien lo describió la politóloga Nadia Urbinati, "deformar a la democracia". Analicemos la ruta.

1.- Anular una elección perdida. Con su mayoría calificada espuria (54% de votos y 74% de curules), Morena aprobó a finales de mayo una reforma constitucional al artículo 41, Base IV, que incluye una nueva causal de nulidad electoral "por actos de intervención e injerencia extranjera", sin precisar cómo se define y prueba esa intromisión extranjera. Esto significa que, si la lengua larga de Trump critica cualquier cosa de nuestra elección, Morena puede invocar esta causal para anular una elección que haya perdido ante la oposición en las urnas, "por injerencia extranjera", y el Tribunal Electoral, ya capturado a su favor (como lo está el Consejo Electoral nicaragüense), lo aprobaría sin problema.

2.- ¿Quién participa y en qué términos? El pasado 25 de junio, el Consejo General del INE, al aprobar el registro de "Somos México", lo obligó a cambiar de identidad, que había aceptado durante todo el tiempo que estuvo realizando las asambleas y configurando la membresía requerida por la ley para que un instituto político obtenga su registro como partido. La decisión fue a todas luces arbitraria y sin fundamento legal, pues los artículos 25, inciso d), y 35, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos solo facultan al INE a exigir modificaciones cuando el nombre ya haya sido adoptado por otro partido o bien por alusiones religiosas y raciales, pero no para meterse en interpretaciones semánticas del nombre, o peor aún, del logotipo. En una segunda e ilícita corrección le exigió a SOMOS que quitara también la silueta o vector de la República Mexicana de su nuevo diseño gráfico y corrigiera el color rosa original. Mensaje claro: "si quieres participar en la fiesta electoral, yo digo en qué términos, o no participas".

3.- ¿Quién organiza y supervisa la elección? El pasado 31 de agosto, el INE aprobó un Acuerdo sobre la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-27 por el que se va a entrenar a la ciudadanía que integrará las casillas y contará nuestros votos, pero flexibilizó los necesarios y distintos controles que aseguraban personal idóneo, imparcial e impoluto en tan delicadas funciones, controles que eviten filtraciones partidarias expresamente prohibidas, como las que se sancionaron en un 55% en la pasada elección de 2024.

4.- ¿Quién observará y vigilará la elección? Mediante un Acuerdo reciente, el INE eliminó la compulsa automática de las solicitudes de aspirantes a observadores electorales con la base de datos de los llamados "siervos de la nación", lo que inhibe la tentación de infiltrar a los siervos como observadores en favor del partido cuyo gobierno los integra y coordina. De ser así, la elección no sería observada por testigos totalmente imparciales, sino en favor del partido gobernante.

5.- La joya de la corona. En los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos, el Consejo General, por mayoría, decidió que pueden valer las ¡boletas marcadas no dobladas! que, por su tamaño (20 x 28 cm), es imposible que entren en la ranura de la urna de tan solo 12 cm de largo y 3 mm de ancho. Esto significa la posibilidad de contabilizar ¡boletas marcadas fuera de urna!, pues, sin doblarlas, no hay manera en que pueda introducirlas el votante, o peor aún, ¡dentro de la urna no dobladas!, que se introdujeron ¡por un milagro! que desafió a las leyes de la física, con lo cual volvemos al viejo truco, ya supuestamente soterrado, de las ¡urnas embarazadas! Esto permite propiciar un FRAUDE, como bien lo indicó Marco Baños, representante de SOMOS en la sesión del INE, y corresponde a esa subcultura, propia del sistema de partido hegemónico, del "tapado", "destape", "ratón loco", "tómbola" y las famosas "urnas embarazadas", etcétera, del siglo pasado.

Decidir cuándo y cómo se puede anular una elección que se perdió; qué partidos pueden participar en las elecciones y cuáles no, y en qué términos, alterando su identidad propia sin fundamento legal alguno; determinar quién y cómo se capacita y quién observa sin mayores y verdaderos controles que eviten la infiltración partidaria, y contabilizar boletas marcadas, físicamente imposibilitadas de depositarse en la urna es, ni más ni menos, la ruta del modelo nicaragüense en el que el poder decide los términos de la "competencia", deformando a la democracia precisamente para que no haya competencia, que es su esencia, o se reduzca al mínimo, para evitar la alternancia y asegurar el poder, esto es, al margen del pueblo que proclaman obedecer y defender.

La deformación política es la característica principal del populismo. No se mata a las instituciones, se les "transforma" deformándolas para que, lejos de su propia esencia, resulten obsecuentes y convenientemente acomodadas a los designios del poder.

Un ejemplo muy elocuente: no se prohibieron las corridas de toros, pero se les suprimió la puya o pica, las banderillas y el estoque, elementos fundamentales, junto con el capote y la muleta, de la fiesta brava, con lo que, al deformarla, se acabó por cancelarla, pues nadie se presta a asistir a esa farsa taurina.

Igual sucede con una elección: si no se garantizan plenamente los derechos políticos activos (votar libremente, sin coacción alguna abierta o solapada) y pasivos (ser votados sin restricciones), participación ciudadana 100% imparcial en la organización de las casillas y el cómputo, lejos de filias partidarias, un auténtico árbitro y tribunal plenamente autónomos e independientes del poder político y poderes fácticos (crimen organizado) que solo decidan conforme a derecho, NO PODEMOS HABLAR DE ELECCIONES. Se trata de una simulación para engañar al mundo de que en México existe una democracia plena, cuando en realidad, sin elecciones auténticas e íntegras, es una farsa de democracia deformada. Si se trata de acomodar el sistema electoral para asegurar el triunfo de Morena en 2027 y 2030, y no la voluntad del pueblo de México, entonces, como Nicaragua, ¡CANCELEMOS LAS ELECCIONES!

Docente/investigador de la UNAM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.