Jonathan Meléndez: Los límites de contar la tragedia

Hay algo profundamente roto en la manera en que contamos la violencia en México.

Esta semana, un multihomicidio conmocionó al país, el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada Ana Paula Barragán, su hija Sofía de tres años, su perrito y Aleida Romero trabajadora del hogar, fueron asesinados en circunstancias que todavía son materia de investigación. Un niño de seis años sobrevivió a la masacre.

El hecho es, por sí mismo, devastador, pero mientras las autoridades investigan qué ocurrió, una parte del periodismo decidió hacer otra cosa: convertir la tragedia en espectáculo y no es la primera vez. Probablemente tampoco será la última.

En México existe una larga y lamentable tradición de carroña periodística alrededor de la violencia. Basta que un asesinato se vuelva viral para que comiencen a circular fotografías del lugar de los hechos, imágenes de los cuerpos, registros periciales, información de las carpetas de investigación y detalles que, en principio, no tendrían por qué encontrarse en manos de cualquiera.

Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿quién está filtrando toda esa información?, porque esas fotografías no aparecen mágicamente en redes sociales. Alguien las toma, las resguarda, tiene acceso a ellas y ese alguien decide venderlas.

Una persona puede ser asesinada violentamente y, después de su muerte, perder incluso el control sobre la última imagen que existirá de su cuerpo. Cuando ocurre una muerte violenta, el cuerpo de la víctima se convierte en evidencia. Se fotografía, se documenta, se examina y, eventualmente, se practica una necropsia. Todo ello forma parte de una investigación criminal y responde a una finalidad legítima: esclarecer los hechos y procurar justicia.

Pero una cosa es que una fotografía exista porque una investigación penal la necesita y otra, completamente distinta, es que termine circulando en medios y redes sociales para alimentar el morbo. La víctima ya no puede decidir.

No puede decir que no quiere que su cuerpo sea fotografiado. No puede impedir que una imagen de su último momento de vulnerabilidad sea reproducida. No puede reclamar cuando alguien coloca una marca de agua sobre su cadáver, como si aquella imagen fuera una propiedad intelectual más y tampoco puede defenderse cuando alguien convierte esa imagen en contenido.

El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el carácter reservado de los registros de investigación, salvo las excepciones previstas por la propia legislación. Las fotografías y demás registros que forman parte de una carpeta de investigación no son material de libre acceso para quien tenga curiosidad, contactos o una fuente dentro de una institución.

Después del feminicidio de Ingrid Escamilla, México discutió precisamente esto. La indignación provocada por la filtración y difusión de fotografías de su cuerpo llevó a reformas conocidas coloquialmente como “Ley Ingrid”, con las que se buscó sancionar la difusión indebida de imágenes e información relacionada con víctimas.

El problema es que una ley no sirve de mucho si quienes tienen la obligación de hacerla cumplir convierten su acceso privilegiado a la información en una mercancía. La impunidad no solamente se expresa cuando un asesinato queda sin esclarecer, también se advierte cuando quienes tienen acceso a una investigación pueden violentar nuevamente a una víctima sin consecuencias.

Y aquí hay otro elemento que hemos decidido olvidar: En este caso hay un niño de seis años que sobrevivió, que crecerá, tendrá que vivir con el trauma de haber perdido a su familia en circunstancias violentas. Tendrá que reconstruir su vida después de una experiencia que ningún niño debería atravesar. Y, además, tendrá que crecer en un país que ya convirtió la tragedia de su familia en contenido.

Las víctimas no siempre tienen voz en las historias que contamos sobre ellas. Mucho menos cuando están muertas. Y las niñas, niños y adolescentes que sobreviven a un hecho violento tampoco deberían convertirse en personajes de una crónica construida alrededor de su trauma.

Existe una diferencia enorme entre explicar un hecho de interés público y apropiarse del dolor ajeno. Informar es decir qué ocurrió, qué se sabe, qué no se sabe, qué están investigando las autoridades y cuáles son las responsabilidades que podrían derivarse de los hechos.

Exhibir es mostrar aquello que puede generar más clics. Informar busca que la sociedad comprenda. El morbo busca que la sociedad mire.

Mi hermano fue asesinado y con el paso del tiempo he perdido algunos recuerdos de él. Ya no recuerdo con claridad su voz. Hay momentos de su rostro que mi memoria ha ido borrando y hay cosas de nuestra convivencia que hoy apenas puedo reconstruir. Pero hay una imagen que permanece intacta, la de haberlo visto muerto en la portada de un periódico.

Quizá para quien tomó esa fotografía fue una imagen más. Para quien la publicó, probablemente fue una nota más. Para quien compró el periódico, quizá fue una noticia que leyó durante unos minutos, pero para mi familia fue otra cosa, era mi hermano y esa diferencia es precisamente la que muchas veces parece perderse cuando hablamos de nota roja.

Por eso me parece profundamente equivocado llamar “condescendencia” al reclamo de las víctimas y sus familias por un tratamiento digno. No estamos pidiendo que se oculte la violencia ni estamos pidiendo que se trate a las personas como si fueran incapaces de comprender lo ocurrido, lo que estamos pidiendo es algo más básico: respeto.

Que una víctima no tenga que morir dos veces: primero a manos de quien la asesinó y después a manos de quienes convierten su cadáver en contenido.

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