Cuando la víctima es “la empleada”

¿Por qué, cuando ocurre un multihomicidio dentro de una casa, la trabajadora del hogar parece convertirse automáticamente en una víctima de segunda categoría? La pregunta me ronda desde lo ocurrido en el multihomicidio de Atizapán.

Y es que no es la primera vez que los medios y el propio sistema de justicia parecen invisibilizar a estas mujeres, cambiándoles el nombre, minimizando su función o reduciendo su presencia a la de “niñera”, “una empleada” o “la trabajadora del hogar”. Otro ejemplo cercano es el multihomicidio de la colonia Narvarte, en 2015, o el ocurrido en Tlalpan, en 2002. Casos distintos, con móviles distintos y circunstancias distintas. No pretendo equipararlos.

Lo que me interesa es otra cosa: mirar qué sucede con las trabajadoras del hogar cuando son asesinadas en medio de estos crímenes y qué lugar ocupan o dejan de ocupar en nuestra conversación pública y en nuestra respuesta institucional y legal.

En el multihomicidio de Tlalpan fueron asesinadas Cecilia de los Ángeles Pacheco y Margarita Cortés Santiago, quienes trabajaban en la casa donde ocurrieron los hechos. En 2015, en el multihomicidio de la colonia Narvarte, fue asesinada Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora del hogar. Su nombre quedó muchas veces relegado y su muerte fue vista, en distintos momentos, como una consecuencia secundaria de un crimen cuya atención pública se concentró en otras vertientes.

Ahora, en Atizapán, Aleyda Romero Victorio, de 21 años, también fue asesinada mientras trabajaba. Cecilia, Margarita, Olivia Alejandra y Aleyda. Cuatro nombres que deberían recordarnos algo elemental: no son daños colaterales. Son víctimas directas de un delito y sus familias también son víctimas. Y, sin embargo, la manera en que hablamos de ellas muchas veces parece decir lo contrario. Son “la trabajadora doméstica”, “la empleada”, “la persona que estaba trabajando en la casa”, o “la niñera”. Como si su presencia en el lugar pudiera explicar o disminuir, de alguna manera, la gravedad de su muerte. Pero una relación laboral no convierte a una persona en parte del mobiliario de una casa. Tampoco la vuelve una víctima incidental.

Si una persona es asesinada, es víctima directa de un delito, independientemente de su profesión, de su nivel socioeconómico o de la razón por la que se encontraba en ese lugar. Y detrás de esa víctima hay, además, otras personas que también tendrán que enfrentar las consecuencias del crimen: su familia, que para muchas familias también desaparece una fuente de ingresos, una persona que sostenía económicamente a otros, una hija, una madre, una hermana. Y entonces comienza otra historia de la que no hablamos: la de las víctimas indirectas, ¿Qué pasa con esa familia después del funeral? ¿Quién la acompaña? ¿Quién le explica el proceso penal? ¿Quién se hace cargo de los gastos que genera la muerte? ¿Cómo exige una reparación integral del daño una familia que, además de atravesar un duelo, puede encontrarse en una situación económica todavía más vulnerable?

Ahí es donde el problema deja de ser únicamente la manera en que los medios narramos un multihomicidio y se convierte también en un problema de política criminal. Porque la justicia no termina con identificar a una persona como víctima. Implica garantizar investigación, verdad, acceso a la justicia, atención, asistencia y reparación integral.

Y aquí hay una contradicción que deberíamos mirar de frente: las trabajadoras del hogar históricamente han ocupado una posición de enorme vulnerabilidad dentro del mercado laboral. Sus jornadas, descansos, prestaciones y condiciones de contratación han estado marcados durante décadas por la informalidad y la desigualdad. Cuando una de ellas es asesinada, esa desigualdad no desaparece. Puede trasladarse al duelo, a la investigación, al acceso a las instituciones e incluso a las posibilidades reales de obtener una reparación.

Por eso es necesario decir que una trabajadora del hogar no murió en un multihomicidio, fue asesinada y tenemos que decir sus nombres: Cecilia, Margarita, Alejandra y Aleyda. Nombrarlas también es una forma de reconocerlas como personas y no como una circunstancia secundaria dentro de la historia de alguien más como si existiera una forma correcta de jerarquización de las víctimas de acuerdo con su posición social.

Tal vez por eso algunas muertes ocupan las primeras planas durante semanas, mientras que otras terminan resumidas en una frase: “también murió la trabajadora doméstica”. Para su familia esa frase contiene un proceso doloroso diferente, por eso, cuando hablamos de multihomicidios, deberíamos dejar de pensar en las trabajadoras del hogar como daños colaterales. No estaban ahí por accidente, estaban trabajando y precisamente por eso, cuando fueron asesinadas, no fueron una nota al pie de la historia: son víctimas y sus familias también merecen justicia, verdad y reparación. La justicia no debería depender de qué tan conocida era la persona asesinada. Una sociedad que reconoce distintos grados de valor en las vidas que pierde corre el riesgo de reproducir, incluso después del delito, las mismas desigualdades que existían antes de él.

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