El régimen ha cambiado la Constitución y las instituciones de forma precipitada y sin claridad estratégica. Buena parte de sus impulsos provienen de obsesiones o reduccionismos que no han ayudado a que el país funcione mejor. El círculo que forman democracia, economía y cultura política como sistemas funcionales y recíprocamente dependientes –lo que, en principio, permite a las democracias generar prosperidad– no ha dejado de deteriorarse en estos años. La percepción de que vivimos una recesión democrática o si se prefiere una creciente autocratizacion, es evidente. Cada vez concentra más poder el gobierno y resiste peor la crítica. No es un buen síntoma.
Por más vueltas que le den, el nuevo arreglo institucional no ha mejorado la economía. Muchas de las decisiones tomadas en los últimos años han demostrado ser improductivas porque fueran adoptadas desde el escritorio del caudillo. El fracaso relativo del Mundial en términos económicos se explica por la imposibilidad de aprovechar un estímulo externo. Ni el consumo ni el empleo, según demuestran recientes informes de BBVA y Deloitte, se beneficiaron del torneo.
Pero lo más preocupante es el deterioro de la cultura política. El pueblo ha reemplazado a la categoría de la sociedad civil en el discurso del gobierno. Este nuevo sujeto colectivo es un conjunto de personas que tiene derecho a recibir apoyos. Una sociedad, pues, subsidiada por un gobierno que asume que la justicia democrática es repartir el dinero público. No entraré a ese debate, simplemente lo tomaré como plataforma de despegue. Esta concepción restrictiva de la justicia democrática nos permite anotar el empobrecimiento que supone el que los derechos humanos, como conquista civilizatoria, se desplacen. El problema no es que hayan desfondado éticamente a la CNDH. El problema principal es que los derechos humanos y la atención a las víctimas no forman parte del ideario de la coalición que nos gobierna.
Al asumirse como un gobierno humanista y a partir de la arrogante postura de que los gobiernos mayoritarios no necesitan correctivos ni contrapesos, el régimen ha perdido el sentido más elemental de control sobre sus propios impulsos. La cifra más reciente publicada por el INEGI indica que el 42% de los internos en prisiones no tiene sentencia. La cifra es escándalosa. ¿Cómo puede un gobierno eludir los mecanismos básicos de control para evitar abusos de las fuerzas de seguridad? Te meten a la cárcel y ya veremos. El que la presidenta no ordene la represión ni la desaparición, no significa que no se torture o se agravie a muchos ciudadanos. Desentenderse de esa función que es monitorear a los órganos públicos a través de la CNDH es un retroceso.
A este país le costó mucho adoptar la agenda de los derechos humanos. Se le veía en los 90 como superflua, como si nos lo hubiesen exigido desde el exterior. También era percibida como una coartada para proteger delincuentes. El ejemplo más conocido fue el de Arturo Montiel, un exgobernador del Edomex, que hizo su campaña diciendo que los derechos humanos no eran para las ratas. Tuvo mucho éxito.
Hoy la izquierda los ha convertido en una momia. No hay una agenda gubernamental de los derechos humanos y la tutela de las víctimas. Se han convertido en una especie de estatuas de sal. Los dirigentes actuales son una suerte de líderes charros de la ideología progresista, dicen que la profesan, pero en el fondo sólo velan por sus intereses para reproducirse en el poder. Es una derrota generacional. Nos llevará mucho tiempo volver a convencer a amplios sectores de la sociedad que la defensa de los derechos humanos es un elemento civilizatorio.
Analista.
@leonardocurzio
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