“El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”

Pablo Milanés nos recuerda, desgastes y desencuentros en medio, que “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. Es una canción de (des) amor (Años). Tomémosla como pretexto, cambiando de eje: no solamente envejecemos nosotros. Para lo que queremos abordar en estas páginas, también envejece México. No se trata solamente de un asunto demográfico, es también un problema económico, laboral, sanitario, fiscal, y que obliga la formulación de un interrogante sobre la sociedad que estamos construyendo para el futuro.

Pero en la brevedad inmensa de los tiempos, tampoco es un problema de futuro, el destino nos alcanzó y merece nuestra atención desde ahora. Entrando en materia, en 2010, aproximadamente 16.5 millones de trabajadores mexicanos realizaban aportaciones para su retiro mediante empleos formales y con acceso a prestaciones de seguridad social. Para 2025, esa cifra se había elevado a alrededor de 23 millones. El crecimiento, cercano al 40 por ciento, podría parecer alentador. Sin embargo, hay otra cifra que modifica sustancialmente la lectura optimista: en 2025, alrededor de 32.9 millones de personas trabajaban en condiciones de informalidad. La tasa de informalidad laboral se mantuvo durante buena parte del periodo por encima del 50 por ciento de la población ocupada y cerró 2025, con alrededor de 55 por ciento. Es decir, México ha conseguido aumentar considerablemente el número absoluto de personas que cotizan para su retiro, pero la estructura laboral continúa dejando fuera de la seguridad social contributiva a una proporción enorme de quienes trabajan.

Se trata de un problema central, y estructural. Los trabajadores que hoy están en la informalidad no solamente enfrentan una situación laboral particular. En muchos casos, también están construyendo un futuro en el que tendrán dificultades para acceder a una pensión contributiva suficiente, esto es, el producto de la cotización social de empresarios, Gobierno y trabajadores. La informalidad, por ello, no debería ser observada solamente como un problema del presente. Es también una deuda que puede trasladarse hacia el futuro.

Incorporemos a esta problemática un agregado explosivo: una población que vivirá más, es decir, México vive una transformación demográfica que modificará profundamente las necesidades sociales de las próximas décadas. La esperanza de vida al nacer pasó en 2010, de 74.3 años a 75.7 en 2025. Este aumento en la esperanza de vida registró un descenso extraordinario registrado durante la pandemia: en 2020, la esperanza de vida descendió a 68.9 años y en 2021, aún más abajo, 68.8 años. El indicador volvió a recuperarse. En 2025 alcanzó 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres. De esta forma, se puede argumentar que vivir más es una conquista social, producto de la modificación de hábitos, de la importancia social que ha adquirido la actividad física y del papel relevante del avance científico materializado en la medicina. Pero también significa, como desafío, que tendremos que organizar una sociedad capaz de sostener durante más años a las personas que dejan de trabajar. No es un asunto menor.

En este contexto es pertinente formular una pregunta: ¿cuánto cuesta vivir durante esos años que se han incorporado en la esperanza de vida? Antes de intentar cualquier respuesta, es pertinente atender que se trata de una problemática que pasa por lo individual y lo social. Porque no es lo mismo hablar de una jubilación que deberá sostener cinco años de vida que de una que tendrá que sostener quince, veinte o incluso más años; tampoco es lo mismo hablar de una población adulta mayor relativamente pequeña que de una sociedad en la que el número y la proporción de personas mayores aumentarán progresivamente. El envejecimiento modifica la condición social.

Ahora, muy de sentido común, pero vivir más también significa gastar más en salud en lo individual y en la dimensión social (en lo público). Aquí aparece un dato que merece mucha más atención de la que suele recibir en las discusiones sobre pensiones: el costo de los medicamentos. La vejez no implica necesariamente enfermedad, pero el aumento de la edad suele estar asociado con mayores necesidades de atención sanitaria y con tratamientos prolongados para padecimientos crónico-degenerativos.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran que los medicamentos y productos sanitarios constituyen uno de los principales componentes del gasto de bolsillo en salud de los hogares mexicanos. En los hogares con adultos mayores, el peso de los medicamentos es todavía mayor y puede alcanzar 50 por ciento o más del presupuesto destinado a salud.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa su evolución. Entre 2018 y 2024, el gasto trimestral promedio de bolsillo en salud pasó de 1,135 pesos a 1,605 pesos, un incremento real de alrededor de 41 por ciento. En los hogares de menores ingresos con adultos mayores, los medicamentos llegaron a absorber hasta la mitad de los recursos destinados a salud, en buena medida porque las familias tuvieron que asumir directamente el costo de los medicamentos que no fueron obtenidos por medio de las instituciones públicas.

Esta información obliga a introducir una dimensión que normalmente queda separada de la discusión sobre las pensiones, por un haz de razones: una pensión no tiene que financiar solamente la vida de una persona que dejó de trabajar; tiene que contribuir a financiar una vida que puede ser más larga y que, con el paso de los años, puede requerir mayores gastos de salud.

Por eso el monto de una pensión no puede analizarse únicamente en términos de ingreso mensual. Hay que preguntarse qué capacidad tiene ese ingreso para cubrir las necesidades reales de una persona mayor. Y los medicamentos son una parte importante de esa respuesta. Estamos en un nivel de complejidad que no se puede resolver sin atender la paradoja de vivir más, y sus consecuencias individuales, en el círculo concéntrico inmediato, y en lo social. Pero más allá de la complejidad enunciada, pragmáticamente planteamos el relieve de pensar en la necesidad de contar con una pensión. Por ello, que los mexicanos vivan más años es una buena noticia, sobre todo si se transcurren dignamente. Pero una sociedad que vive más años necesita garantizar ingresos durante más tiempo, servicios de salud durante más tiempo y medicamentos durante más tiempo.

Por tanto, el envejecimiento aumenta simultáneamente la duración de la necesidad y el costo potencial de la protección social. En los adultos mayores de 60 años y más, se presenta la tasa de utilización más alta en relación con el tamaño total de su población (tasas de uso de hasta el 11.4% frente al 5.8% nacional promedio), los cuales además tienen estancias hospitalarias más prolongadas y mayores costos por comorbilidades (S. Aída Borges-Yáñez y Héctor Gómez-Dantés, Uso de los servicios de salud por la población de 60 años y más en México, Salud Pública de México, Volumen 40, número 1, 1998). No se trata de presentar a las personas mayores como una carga. Este argumento ocupó un lugar de relieve en el momento de la pandemia, pero sería un argumento equivocado y socialmente injusto. Se trata de reconocer que una sociedad que envejece tiene que modificar sus mecanismos de solidaridad.

La pregunta no es cómo evitar que los mexicanos envejezcan (de Dorian Gray a las obsesiones de la oligarquía tecnológica ligada a la Inteligencia Artificial), sino cómo garantizar que lo puedan hacer dignamente. Así, desde este ángulo, el problema comienza mucho antes de la jubilación. Las pensiones suelen discutirse cuando una persona está cerca de retirarse. Sin embargo, una pensión comienza a construirse muchos años antes. Se construye con cada empleo formal, cada cotización, cada año de trabajo y cada ingreso que permite realizar aportaciones para el retiro. Pero también se deteriora cuando esos años transcurren en empleos informales o sin acceso a la seguridad social.

Por lo enunciado, resulta tan importante observar simultáneamente las cifras de formalidad e informalidad. En 2010 había alrededor de 16.5 millones de trabajadores cotizando. En 2025 la cifra se acercaba a 23 millones. Pero durante esos mismos quince años la informalidad siguió representando más de la mitad de la población ocupada. Se trata de historias para nada lineales, pues hay trabajadores que quedaron fuera durante algunos años y después se incorporaron. Pongamos como ejemplo, que una persona puede tener 30 años de vida laboral y, sin embargo, acumular una historia fragmentada de cotizaciones. En la complejidad de la vida, con la discontinuidad laboral que caracteriza a nuestro país, un sujeto puede haber trabajado algunos años formalmente, después pasar a la informalidad, regresar a un empleo formal, volver a salir y finalmente llegar a la edad de retiro con una trayectoria contributiva insuficiente. ¿El mercado laboral actual está construyendo las pensiones del futuro?

Pero en la historia en general en el mundo, trabajar no siempre significa construir derechos. Traigamos un indicador para incorporarlo a esta discusión: la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (INEGI). Con este indicador podemos acercarnos a situaciones laborales en las que las personas trabajan menos de 35 horas por razones de mercado, trabajan más de 35 horas con ingresos de hasta un salario mínimo o trabajan más de 48 horas obteniendo hasta dos salarios mínimos. No hay necesariamente un lugar físico establecido para la actividad laboral. En ocasiones el patrón no es conocido (la cuestión ligada a la uberización del trabajo comparte este sello filial), y algo contundente: sin prestaciones ni seguridades.

Durante los primeros años de la década de 2010, la TCCO llegó a superar frecuentemente el 40 por ciento. Después mostró cierta reducción y se situó durante varios años en rangos cercanos al 30-35 por ciento. Tras la pandemia volvió a elevarse y hacia junio de 2025 alcanzaba aproximadamente 38.5 por ciento.

Esto introduce un abanico de preguntas. No basta con tener trabajo. Hay que preguntarse ¿qué tipo de trabajo se tiene? ¿Cuánto se gana? ¿Cuántas horas se trabajan? ¿Existen prestaciones? ¿Se cotiza? ¿El ingreso permite construir una vida digna hoy y una vejez digna mañana? La precariedad laboral presente se proyecta como precariedad durante la vejez.

En los últimos años se aprecian los esfuerzos del gobierno federal respecto al salario mínimo. En el recorte que establecimos para comprender parte del problema que nos atrajo, el salario mínimo general pasó de 57.46 pesos diarios en 2010 a 278.80 pesos en 2025. En la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzó 419.88 pesos diarios. Es una transformación significativa y representa una mejora para millones de trabajadores. Pero también obliga a formular una pregunta: ¿Qué ocurre si los salarios mejoran, pero la informalidad permanece elevada? La recuperación del salario mínimo puede mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que están cubiertos por él, tiene impacto, pero no resuelve por sí misma el problema de quienes permanecen fuera de la seguridad social. De ahí que salario y formalización deban observarse conjuntamente. Un trabajador necesita un ingreso digno. Pero también necesita que ese ingreso se traduzca en derechos para el futuro. No basta con ganar más hoy. También hay que poder retirarse mañana.

El problema fiscal nos alcanza. Aquí se encuentra quizá el núcleo de la discusión. Las pensiones y jubilaciones requieren recursos. Las pensiones no contributivas también requieren recursos. La atención sanitaria requiere recursos. Los medicamentos requieren recursos. Y todos esos gastos deberán financiarse en una sociedad que tendrá cada vez más personas mayores. Mientras tanto, una proporción muy elevada de la población ocupada continúa fuera de la formalidad. Volvemos a una pregunta en la que hemos girado. La cuestión, por tanto, no consiste simplemente en determinar cuánto cuesta una pensión, implica preguntarnos quién financiará las necesidades de una sociedad envejecida.

La informalidad reduce la cantidad de trabajadores que realizan cotizaciones a los sistemas contributivos. Eso no significa que las personas informales no paguen ningún impuesto: muchos consumen y pagan impuestos indirectos, y existen distintas modalidades de informalidad. Pero sí significa algo fundamental: una parte enorme de quienes trabajan no está contribuyendo mediante cotizaciones laborales a construir el sistema contributivo que deberá sostener las pensiones futuras. Cuando esas personas lleguen a la vejez, porque “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”, la sociedad tendrá que encontrar alguna forma de garantizarles ingresos, ¿pero de dónde salen los recursos? Y ahí podemos inquirir sobre la presencia del Estado, tan molesto para el pensamiento neoliberal.

Las pensiones no contributivas han sido una respuesta necesaria frente a una realidad laboral en la que millones de personas no pudieron construir una pensión suficiente mediante sus cotizaciones. Pero el problema de fondo permanece. Si el mercado laboral continúa produciendo informalidad a gran escala, mientras aumenta la población adulta mayor, la responsabilidad de garantizar una vejez digna recaerá cada vez más sobre las finanzas públicas. Empero, las finanzas públicas tienen límites.

Hablando de lo que ya nos alcanzó, existe una tentación frecuente de pensar que el problema de las pensiones pertenece a quienes hoy tienen 60 o 65 años. Pero esto no es cierto, pertenece también a quienes tienen 30, 40 o 50 años, considerando que estas generaciones llegarán a la vejez en las próximas décadas, y sus trayectorias laborales serán determinantes. Si durante décadas estuvieron fuera de la seguridad social, tendrán menores posibilidades de acceder a una pensión contributiva suficiente. Si tuvieron empleos con salarios bajos, sus aportaciones serán menores. Si atravesaron largos periodos de informalidad, sus semanas o años de cotización serán insuficientes. Y un aspecto que hemos resaltado en estas notas, si además vivirán más años, necesitarán financiar durante más tiempo su existencia. El problema, entonces, es transversal a todas las generaciones.

Aceptando que el bono demográfico está diluyéndose, podemos afirmar que el país avanza hacia una sociedad en la que habrá proporcionalmente más personas mayores y menos trabajadores respecto de la población que necesitará algún tipo de protección. Quizá una tarea sea empeñarnos en incrementar la formalización laboral, de fortalecer los sistemas de seguridad social, fortalecer el ahorro para el retiro, elevar la productividad. El tiempo pasa y el problema de las pensiones es un problema del futuro y de las decisiones en el presente.

Por eso resulta tan importante la información de la ENIGH sobre el gasto de los adultos mayores. Una pensión puede parecer suficiente cuando se observa solamente el monto mensual. Pero puede ser insuficiente cuando se observa el conjunto de gastos que enfrenta una persona mayor. Y allí aparece nuevamente la salud. Si los medicamentos absorben una parte considerable del gasto de bolsillo, una pensión baja puede desaparecer rápidamente entre alimentos, servicios y tratamientos médicos. En lo histórico, así como en información más reciente, con base en la ENIGH, (con cortes bianuales hasta la edición más reciente de 2024), se plantea que la compra de medicamentos representa de manera constante la mayor carga financiera en salud para las personas mayores, abriendo la escala de que absorbe entre el 38% y hasta más del 50% de su gasto total, relacionado estrechamente con la necesidad de tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas (ejemplos, diabetes o hipertensión). En ese escenario, la familia termina funcionando como una especie de seguridad social informal. Los hijos ayudan. Los nietos ayudan. Los hogares redistribuyen sus ingresos. Se posterga algún gasto. Se compra una parte del tratamiento, pero en hogares con menos recursos se deja de comprar otra. Y así, silenciosamente, el costo de una protección social insuficiente se traslada de los individuos hacia las familias. No es solamente cuánto pagaremos, sino qué sociedad queremos.

La discusión sobre las pensiones suele reducirse a números. Lo que aporta el trabajador, lo aportado por el patrón, la aportación del Estado, cuánto recibe el pensionado. Pero detrás de la numeralia, necesaria de conocer, por supuesto, resalta una pregunta: ¿Qué pacto social queremos establecer entre generaciones?

Esta pregunta también apareció en una conversación reciente con mi colega Ulises Carmona, al reflexionar sobre las Afores y la Pensión Bienestar. Carmona señalaba que, “considerando los bajos niveles salariales y la inflación que determina los incrementos a las pensiones anuales, es similar pero más agresivo. El escenario no cambiará y se agudizará al considerar a los programas de bienestar que absorben mayores recursos por la incorporación de nuevos beneficiarios, que no necesariamente han aportado o contribuido en crear un fondo preventivo para ellos mismos”. Es una discusión abierta y que en otra colaboración se buscará documentar.

Coincidíamos en que “una manera de revertir un poco la tendencia, es elevar el monto mensual de las cotizaciones de los trabajadores, incrementar el trabajo formal y disminuir los salarios del personal de confianza y funcionarios públicos”.

Concluyo estas notas regresando a Milanés, en otro momento de Años, cuando hablaba de “sin forzar un momento, formaban parte de una verdad”. La conversación social tiene que apuntar hacia allá, por su legitimidad, con conducción estatal. Como el tiempo pasa, urgencias incluidas, ¿qué pacto social queremos establecer entre generaciones?

PS. Urge detener el genocidio. Palestina libre

(UAM) aley@correo.xoc.uam.mx

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