En una democracia auténtica, la justicia no puede depender del partido político al que pertenezca una persona. La ley pierde legitimidad cuando se utiliza como herramienta de presión política y deja de ser un instrumento para garantizar el Estado de derecho. México atraviesa un momento delicado porque, mientras los ciudadanos exigen instituciones fuertes e imparciales, el gobierno parece decidido a convertir la procuración de justicia en un mecanismo de persecución para unos y de protección para otros.
Lo ocurrido con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe analizarse precisamente bajo esa óptica. En Acción Nacional nunca hemos defendido privilegios ni impunidad para nadie. Quien haya cometido un delito debe responder ante la ley, sin excepciones. Ese principio aplica para cualquier persona, independientemente de su historia, de su apellido o de la fuerza política a la que pertenezca. Pero defender el Estado de derecho también significa exigir que toda investigación se conduzca con imparcialidad, respeto al debido proceso y sin motivaciones políticas.
Ernesto Ruffo tiene el derecho, como cualquier mexicano, de aclarar los señalamientos que existan en su contra conforme a derecho. Nadie en el PAN pretende colocarlo por encima de la ley. Lo que resulta profundamente preocupante es el contexto en el que este procedimiento ocurre y la evidente diferencia de trato que existe frente a otros casos con acusaciones graves, donde abundan las pruebas, los indicios, las denuncias públicas e incluso las investigaciones periodísticas y, aun así, las autoridades permanecen inmóviles.
Ese doble rasero es el verdadero problema.
Mientras el aparato gubernamental parece actuar con una velocidad inusitada cuando se trata de personajes vinculados con la oposición, guarda un silencio absoluto cuando los señalados pertenecen a Morena. Esa selectividad erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta la percepción de que la justicia dejó de ser ciega para convertirse en un instrumento político.
Hoy los mexicanos observan con preocupación cómo distintos gobernantes emanados del partido oficial enfrentan acusaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado, la corrupción o el uso indebido del poder, sin que existan consecuencias legales proporcionales. Las investigaciones avanzan lentamente, se congelan o simplemente desaparecen del debate institucional. En contraste, cuando el señalado proviene de la oposición, la maquinaria gubernamental parece funcionar con una eficiencia extraordinaria.
No estamos hablando únicamente de un caso particular. Estamos hablando del mensaje que se envía al país.
La justicia no puede convertirse en un mecanismo para construir narrativas políticas. Tampoco puede utilizarse para distraer la atención de los problemas nacionales o para fabricar culpables mientras se protege a quienes gozan del respaldo del poder.
Resulta imposible ignorar que esta ofensiva ocurre justamente cuando el gobierno enfrenta una de sus etapas de mayor desgaste. México vive una profunda crisis de seguridad; miles de familias continúan padeciendo la violencia cotidiana; el sistema de salud sigue sin recuperar el rumbo; la economía enfrenta enormes desafíos y cada vez aparecen más cuestionamientos sobre la relación de diversos actores políticos con organizaciones criminales.
En ese contexto, iniciar procedimientos espectaculares contra integrantes de la oposición inevitablemente despierta sospechas. No porque alguien deba quedar exento de responder ante la ley, sino porque el comportamiento de las autoridades deja de ser consistente. La igualdad ante la ley exige exactamente eso: igualdad.
Por ello también hemos sido claros al señalar que las investigaciones no pueden detenerse cuando alcanzan a personajes cercanos al oficialismo. Si existen elementos relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, las autoridades competentes tienen la obligación constitucional de investigarlos con absoluta seriedad. Si no tiene nada que ocultar, lo correcto sería solicitar licencia a su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Ese es el estándar democrático que cualquier servidor público debería asumir.
No puede haber dos sistemas de justicia: uno para perseguir opositores y otro para blindar aliados.
Más preocupante aún resulta lo que estamos observando en el funcionamiento del nuevo Poder Judicial. Las recientes decisiones judiciales, los cambios de jueces y las resoluciones contradictorias alimentan la percepción de que algunas determinaciones responden más a presiones políticas que a criterios estrictamente jurídicos. Esa percepción es devastadora para cualquier democracia.
Los mexicanos necesitan confiar en que un juez resolverá conforme al expediente y no conforme a intereses del poder. Cuando esa confianza desaparece, también comienza a debilitarse el Estado de derecho.
Desde Acción Nacional seguiremos defendiendo un principio elemental: la ley debe aplicarse exactamente igual para todos.
No vamos a respaldar actos de corrupción, vengan de donde vengan. Tampoco vamos a guardar silencio cuando el gobierno utilice las instituciones para perseguir adversarios políticos mientras protege a quienes forman parte de su propio proyecto.
México necesita fiscales que investiguen delitos, no instrucciones políticas.
El combate a la corrupción y al crimen organizado no puede ser una estrategia de propaganda. Debe ser una política de Estado que alcance a todos por igual, sin distingos partidistas. Si alguien cometió un delito, que enfrente a la justicia. Pero si existen acusaciones sólidas contra funcionarios de Morena, también deben investigarse con el mismo rigor y con la misma prontitud. Eso es lo que exige una República.
En Acción Nacional seguiremos exigiendo instituciones imparciales, procesos transparentes y autoridades que actúen con independencia. No pedimos privilegios para nadie; exigimos exactamente lo mismo para todos.
Porque un país donde la ley se negocia según el color del partido no es un Estado de derecho. Es un país donde el poder pretende decidir quién merece justicia y quién merece persecución. Frente a eso, nuestra obligación es alzar la voz con firmeza, defender las libertades y recordar que la democracia solo puede sostenerse cuando la justicia deja de tener colores.
Presidente del Partido Acción Nacional