Universidad Iberoamericana | 06-09-26 | 01:35 | Margarita Núñez Chaim |

Margarita Núñez Chaim

Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana

Cuando un territorio ya no puede sostener la vida, la gente se va. Así de simple, así de grave.

Con esa frase resume el segundo informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales1 de la Universidad Iberoamericana uno de los hallazgos más incómodos de una investigación de años: buena parte de quienes hoy caminan por las rutas migratorias no salieron de casa buscando una vida mejor, sino porque les destruyeron la que tenían. Una mina que secó el pozo, una presa que inundó la milpa, una tala que dejó sin agua a la sierra, un desarrollo inmobiliario que volvió impagable el barrio donde nacieron.

A ese fenómeno solemos ponerle nombres que lo vuelven invisible. Cuando la prensa lo cuenta, habla de violencia, de familias que huyen, de conflictos entre vecinos. Casi nunca nombra al proyecto que está en el origen. Y cuando esas personas cruzan por fin una frontera, los registros las clasifican como migración económica, y borran de un plumazo la devastación que las expulsó. El informe documenta al menos 52 proyectos extractivos vinculados a desplazamiento entre 2017 y 2024, y advierte que esa cifra es apenas un piso: la parte que se pudo probar de una realidad mucho mayor.

Lo grave es que ese despojo no es un accidente del desarrollo, sino uno de sus costos esperables. Minas, presas, parques de energía, corredores logísticos y grandes desarrollos inmobiliarios funcionan con una misma lógica: apropiarse de un territorio rentable y expulsar a quienes lo habitan. A veces con una orden de desalojo y guardias armados; a veces dejando que grupos criminales que se financian con madera, minerales o amapola controlen la zona; a veces, simplemente, contaminando el agua y agotando la tierra hasta que quedarse se vuelve imposible. En todos los casos, el Estado suele estar ausente cuando debería proteger, y presente cuando conviene al proyecto.

Este desplazamiento golpea con especial dureza a los pueblos indígenas. Para ellos, salir del territorio no significa solo perder la casa y la parcela, sino también los lugares sagrados, las prácticas comunitarias y la lengua, que existen en vínculo con la tierra. Y, sin embargo, la ley mexicana no los reconoce: no son refugiados porque no cruzan una frontera, no son desplazados internos porque su huida no responde a una guerra en el sentido clásico, no son víctimas porque el daño que los expulsó no tiene un responsable con rostro. No existe una definición jurídica que los nombre a plenitud, y esa ausencia es una forma de dejarlos fuera.

Lo anterior también implica que el desplazamiento dentro del país y la migración hacia el norte, en ocasiones, son tramos de un mismo recorrido. Quien pierde su territorio rara vez logra rehacer su vida donde llega, y vuelve a partir, arrastrando una causa que nunca se resolvió. Entender la migración asociada a los conflictos socioambientales exige, entonces, mirar más atrás de la frontera: hacia la mina, la presa o el desarrollo inmobiliario que vaciaron un pueblo años antes de que alguien emprendiera el viaje.

El informe reconoce con honestidad todo lo que aún no sabemos —cuántas personas han sido desplazadas, cuántas cruzaron una frontera, si podrán volver algún día— y convierte esas preguntas en una agenda de trabajo. Nombrar lo que ocurre es apenas el primer paso hacia la justicia. Vale la pena leerlo, detenerse en sus mapas, volver sobre sus datos: es una invitación a documentar, junto con las comunidades, una realidad que las instituciones todavía no quieren ver.