La Suprema Corte después del informe

Siempre he pensado que los informes públicos deben leerse después del aplauso. La ceremonia pasa; quedan los datos. El balance presentado esta semana por el ministro Hugo Aguilar Ortiz merece esa lectura. Es el primer año completo de la Suprema Corte surgida de la reforma judicial y elegida mediante voto popular. Desde su comienzo la acompañan esperanza y recelo.

Hay avances reales. Ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluida la carga heredada, y concluyeron 13 mil 231, el 88 por ciento del total. De mil 479 asuntos de la integración anterior quedan 44; algunos dormían desde 2014. Destrabar expedientes con una década de espera merece reconocimiento.

Aquí conviene hacer una pausa. Resolver un expediente y dictar una sentencia de fondo son cosas distintas. De los 13 mil 231 asuntos concluidos, 2 mil 640 fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. Cuatro de cada cinco terminaciones ocurrieron fuera del Pleno. El 88 por ciento habla de capacidad administrativa; la obra constitucional, sin embargo, se mide con otra regla. Una Corte gana autoridad por la solidez de sus razones y por los derechos que sus sentencias protegen.

También había desorden interno. La nueva administración encontró miles de promociones pendientes y registros dispersos. Ganaron terreno la digitalización y el expediente electrónico. El conjunto del Poder Judicial reportó ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos. La Corte redujo diez por ciento su plantilla administrativa y suprimió prestaciones extraordinarias.

La comparación con el pasado impone cautela. La integración anterior trabajaba mediante el Pleno y dos Salas; la actual concentra toda la carga en nueve ministros. Una medición externa registró 18 por ciento menos asuntos resueltos durante once meses comparables. El dato apunta al diseño que trazó la reforma. La supresión de las Salas produjo un cuello de botella que exige una revisión técnica, alejada de entusiasmos partidistas.

La apertura institucional suma otra señal a favor. Las sesiones en territorio y la comunicación en lenguas originarias acercan el lenguaje judicial a comunidades históricamente distantes. Esa cercanía valdrá de verdad cuando generalice el acceso a la justicia y deje huella en las sentencias.

Al final, Aguilar Ortiz puso énfasis en la autonomía del Poder Judicial. Ahí está, a mi juicio, el punto que sostiene todo lo demás. La independencia se demuestra cada día, cuando una resolución incomoda al poder con buenas razones y la misma regla jurídica rige para cualquier litigante. Su existencia real, sin embargo, está en los expedientes.

Los asuntos pendientes ofrecerán esa oportunidad. La prisión preventiva oficiosa y el estándar probatorio para la vinculación a proceso reclaman definiciones de fondo, como otros temas de igual peso. Ahí se pondrá a prueba la valentía y la precisión jurídica que el informe promete.

El balance deja una casa más ordenada y algunas puertas abiertas. Eso ya cuenta a su favor. El segundo año deberá convertir cercanía en confianza y eficiencia en buena justicia. Usted y yo sabemos dónde se prueba de verdad una Corte: en las sentencias, mucho después de la ceremonia. Ahí terminarán la propaganda y los prejuicios; ahí comenzará el verdadero testimonio.

Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK.

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