La impunidad es una serpiente enrollada que se muerde la cola. Un sistema de justicia lleno de ineficiencia que no logra prevenir homicidios ni dar con los responsables de estos crímenes. Un sistema que se ha visto penetrado poco a poco por elementos que tienen más en común con el crimen organizado que con el estado de derecho y la justicia. Desgraciadamente en ese rabo ferozmente tragado se encuentran los periodistas en México.
Esta semana dos hombres entraron en la Presidencia Municipal de Temoac, Morelos, caminaron directo a la oficina del alcalde Valentín Lavín Romero y le dispararon a quemarropa. No fue la primera vez que pasaba: en enero ya había sobrevivido a un ataque armado. Pero en estas fechas, el municipio contaba con vigilancia de la Guardia Nacional. Meses antes, su suegra había sido detenida e investigada como presunta líder de una célula delictiva. El Estado protegía a un alcalde con presuntos vínculos con el crimen organizado y no logró salvarlo.
Temoac no es una anomalía. En los últimos 10 años México acumula 59 alcaldes asesinados, concentrados en Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero. Esto un patrón, no un episodio, y este patrón tiene detrás la impunidad. En México la impunidad estructural tiene un elemento más reciente. Cuando el país eligió por primera vez a sus jueces por voto popular, la organización Defensorxs documentó y denunció 11 candidaturas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque se presentaron ante el INE denuncias formales contra estas postulaciones, ninguna candidatura fue invalidada. Las fauces de la serpiente no hicieron más que fortalecerse.
Pero entre ellas está el rabo de la serpiente, la que le da a esta metáfora su forma más brutal. Mientras las instituciones del Estado dejan entrar a sus filas a quienes tienen vínculos con el crimen organizado y los protegen, a las personas que investigan y exhiben estos vínculos el Estado los abandona. El mismo día del ataque en Temoac, el periodista oaxaqueño Alejandro Leyva fue asesinado a tiros mientras desayunaba, después de dedicar su vida a investigar sobre corrupción y seguridad en su estado. Es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026, una cifra que sólo países en guerras activas superan. La Secretaría de Gobernación reconoce que en la actualidad tiene 690 periodistas que son beneficiarias del mecanismo de protección. Pero también señala una realidad terrible, en los casos donde se identificó al probable agresor de las personas periodistas, los servidores públicos son señalados en 4 de cada 10 casos.
Ese es el contraste que debemos dejar de normalizar: un alcalde con una suegra presuntamente ligada al crimen organizado recibe protección de la Guardia Nacional, pero un periodista que denuncia esos vínculos no logra que el Estado lo proteja. La estructura de impunidad en la que estamos inmersos acalla las voces que permiten encontrar las vulnerabilidades y los abusos de poder que perpetúan la injusticia.
Mientras sigamos discutiendo estos casos como sucesos aislados, un alcalde asesinado aquí, un juez cuestionado allá, un periodista asesinado más, seguiremos perdiendo de vista la estructura que en realidad describen juntos: no una serie de fallas puntuales, sino una arquitectura de impunidad donde el poder protege a quien lo infiltra desde adentro y abandona a quien intenta exhibirlo.
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