Surge el 9S con la consigna: Ser hombre no es delito

​El pasado 9 de septiembre, mientras caminaba con mi café por una de las avenidas principales de nuestra bulliciosa capital, me topé con algo distinto, un grupo que no encajaba en el libreto habitual del megáfono con consignas partidistas o banderas sindicales.

Vi pancartas con frases como “Ser hombre no es delito”, “Debido proceso para todos” o “Justicia no es venganza”. El contingente, nutrido por colectivos como Infancia Sin Barreras, No Más Presos Inocentes, Niños con MaPa o Mujeres por Ellos, marchaba de manera pacífica pero firme hacia la Fiscalía General de Justicia.

De pronto reconocí al frente a figuras como el abogado David Torres Cadena y el activista conocido en redes como Al3x Flores. Movido por la curiosidad profesional y por esa vieja manía periodística de andar de metiche donde la narrativa oficial dicta no mirar, comencé a seguir de lejos aquella caminata y a sacar algunas fotos con mi celular. Quería entender más de qué iban realmente esos reclamos que, según me enteré más tarde, se replicaban en más de 20 ciudades del país.

​La caminata me dejó una inquietud persistente. En los últimos años, el debate público ha sufrido una sutil pero profunda metamorfosis. Hemos pasado, casi sin darnos cuenta, de la urgente y necesaria erradicación de la violencia hacia las mujeres a una especie de dogmatismo procesal donde el solo hecho de poseer un cromosoma… el famoso cromosoma “Y”, ya parece actuar como un agravante probatorio.

La presunción de inocencia, ese pilar que a nuestra civilización le tomó siglos pulir para evitar las hogueras inquisitoriales, los Macartismos u otros males, parece haber quedado congelado.

​Para muchos especialistas no se trata de ignorar la cruda realidad de la violencia en nuestras sociedades, sino de señalar una anomalía jurídica y cultural: la denuncia se ha convertido, en no pocos casos, en una sentencia ejecutoria previa al juicio. Se asume con ligereza cuando la acusación proviene de cierto lado de la balanza.

​A nivel internacional, el fenómeno de la instrumentalización de la justicia y las denuncias falsas o infundadas en litigios de custodia, divorcio o señalamientos penales empieza a arrojar números que incomodan a la corrección política. Diversos estudios de victimología y sociología jurídica en Europa y América Latina sugieren que entre el 5 y el 10 por ciento de las denuncias en materia de violencia de género terminan demostrándose categóricamente falsas.

Mientras que una franja aún mayor, que roza en algunos análisis hasta el 30 por ciento, cae en el terreno de las acusaciones infundadas, sobreseídas por falta de pruebas o instrumentalizadas en procesos de alienación parental para privar a padres del contacto con sus hijos.

​En México, el panorama se agrava por el estado endémico de nuestro sistema de justicia. Con cifras del INEGI que ubican la impunidad general por encima del 90 por ciento, el sistema penal suele operar por impulso mediático o bajo el principio del menor esfuerzo procesal. La imposición automatizada de medidas cautelares, que en la práctica equivalen a encarcelamientos preventivos o al desalojo inmediato del hogar sin una verificación mínima de los hechos, ha transformado la denuncia formal o mediática en un arma de destrucción reputacional, económica y emocional.

El abogado David Torres Cadena, quien además es autor del libro Denuncias Falsas, analiza a profundidad en esta obra este dificil tema con mil aristas, mismo que en el entramado institucional mexicano, hace que luchar contra una acusación falsa pueda tomar años de litigio, destruir la vida de un individuo y, en cambio, en el otro lado de la balanza, esos perjuicios toman exactamente el tiempo que se tarda en redactar un tuit o firmar una comparecencia sin peritajes rigurosos.

​Uno de los ángulos más perversos de este fenómeno es su inmediata repercusión en el ámbito familiar, donde la denuncia instrumentalizada se convierte en el ariete perfecto para la alienación parental. En el tablero de los juicios de custodia o divorcios conflictivos, basta sembrar una acusación grave, por lo general de violencia o abuso, para activar de inmediato medidas precautorias que suspenden visitas y rompen de tajo el vínculo afectivo entre el padre y sus hijos.

Mientras el aparato burocrático de los juzgados y las fiscalías se la toman cachetona y con muuucha calma para desahogar peritajes psicológicos, el menor queda atrapado en una dinámica de manipulación e instruido para percibir a su progenitor como una amenaza, sufre un daño psicológico severo e irreparable. Así, la acusación sin sustento deja de ser una simple argucia legal para transformarse en una forma silenciosa de maltrato infantil, avalada por la omisión de un sistema que confunde la protección cautelar con el aislamiento punitivo.

​Pero nos quedamos cortos, esta patología social encuentra terreno fértil en las costuras malechas del propio marco legal mexicano, donde el derecho a la presunción de inocencia cada vez se asemeja más al texto vacío y alambicado de una de esas monografías que uno compraba en la papelería de la esquina.

Esa mítica presunción de inocencia que se escucha muy bonita en papel, sufre una erosión constante frente a la presión política y social. Aunque el artículo 20 de la Constitución consagra la presunción de inocencia como un principio cardinal del sistema penal acusatorio, la realidad en las salas de audiencia y en los ministerios públicos dista mucho de ejercerla, porque la prisión preventiva oficiosa y el uso desmedido de medidas cautelares automáticas contradicen abiertamente los tratados internacionales firmados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al invertir la carga de la prueba en la práctica cotidiana, se exige implícitamente al imputado demostrar su inocencia, un hecho a menudo imposible de probar, frente a la sola incriminación inicial. Esta asimetría procesal convierte la prisión en la regla y la libertad en la excepción, contraviniendo el debido proceso y dejando al ciudadano común indefenso ante un sistema de justicia claramente añejado.

​La paradoja es evidente: combatir las denuncias falsas y el sesgo de género en la ley no debilita la protección a las verdaderas víctimas, al contrario, la fortalece. Cada expediente fabricado o impulsado por despecho, manipulación o estrategia legal en un juzgado familiar no solo encarcela o estigmatiza a un inocente, sino que satura los recursos del Estado y resta credibilidad a las mujeres que realmente enfrentan situaciones de peligro desgarradoras. Ésto puede leerse más ampliamente en el libro de David Torres Cadena.

​Despues de seguir por algunos kilómetros a aquel grupo de manifestantes, me di cuenta que el mensaje que resonó aquel 9 de septiembre frente a la Fiscalía no era una confrontación entre géneros, sino un recordatorio elemental: la justicia, si pretende serlo, debe ser ciega a los prejuicios y devota únicamente de la verdad probada. La investigación rigurosa no es una concesión diplomática hacia el acusado, sino una obligación constitucional de la autoridad.

​También durante esa marcha escuché opiniones sobre cómo el ser hombre no debiera ser considerado un factor de riesgo procesal, ni la culpabilidad una deducción sociocultural automática.

Quizá sea momento de revisar si, en el afán por corregir históricas asimetrías, no estamos construyendo un sistema donde la presunción de inocencia dependa de la identidad de quien comparece ante el juez, por ello, bienvenido el 9S, como una manera de encontrar el equilibrio en una sociedad como la nuestra, ávida de verdadera justicia.

homerobazanuniversal@gmail.com

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