Qué dañina es la cultura del “échale ganismo” 

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la decimosexta Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE), un instrumento fundamental para entender qué ocurre en materia de seguridad y justicia en nuestro país -desde la vivencia ciudadana- y cómo se contrapone a los discursos y las estadísticas oficiales.

ENVIPE estima el total de delitos que ocurrieron en el país; cómo y dónde ocurrieron; si se denunciaron y cuántos de ellos se investigaron; cuál fue el resultado y cómo percibe el ciudadano el desempeño institucional.

Los resultados presentan datos preocupantes, anualmente se registra una tasa aproximada de 23 mil delitos por cada 100 mil habitantes, 93% de ellos permanecen en la cifra negra -es decir, sólo se investigan 7 de cada 100 delitos-, subsiste una nula reparación del daño para las víctimas y los ciudadanos reprueban el desempeño institucional y las condiciones generales de seguridad.

Lamentablemente, dicha información no resulta novedosa, si se analizan los datos de la encuesta desde su primera aplicación en 2011 a la fecha, no parece haber alguna variación importante ni en la tasa de delitos que ocurren, ni en el porcentaje que se investiga, ni en el acceso a la justicia para las víctimas, ni en la calidad del trato con la que una institución se conduce con quien ha sufrido un crimen, ni en la percepción ciudadana de seguridad.

Dicho de otra manera, ENVIPE pone en evidencia el conjunto de fracasos de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno ¿de qué otra manera se podría evaluar que tras cuatro diferentes gobiernos federales, un sinfín de gobiernos locales, operativos, detenciones y diferentes visiones sobre el problema, poco o nada haya cambiado en 16 años?

Paralelamente es indiscutible, que la mayor parte de policías, peritos, ministerios públicos, fiscales o secretarios de seguridad, han puesto su mayor esfuerzo, han sacrificado su vida, su salud, sus familias, en el intento de proteger y servir a las comunidades, entonces ¿qué falla?

Podríamos decir que son diferentes factores los que influyen en que México siga sumido en delitos y violencia: la mala identificación del problema, la deficiente puesta en marcha de las posibles soluciones, la inconsistencia de las políticas públicas, el centrarse en medir los resultados a partir del desempeño más que del impacto de las acciones y la falta de objetividad para rediseñar la atención al problema.

En resumen en nuestro país se privilegia la simulación, más que la consistencia y que se suplan las carencias estructurales con la cultura del “échale ganismo”, de la buena voluntad de las personas.

Si en una institución de seguridad no hay suficientes insumos, no hay gasolina, no hay armas, no hay recursos tecnológicos, se pretende que sea el servidor público quien subsane las carencias.

Cuando a una policía o una fiscalía se le reclama ante el crecimiento de delitos, las fallas en los procesos de justicia, la pérdida de vida de las personas, la autoridad se defiende con una recopilación del número de horas que trabajan los servidores públicos, del número de casos que atienden y de los sacrificios que cada uno de los integrantes de la institución hace.

Ante el reclamo por un mal desempeño o actuación de los funcionarios públicos, los titulares de las instituciones prefieren recopilar cuántas horas de capacitación se dieron en la institución, en vez de rendir cuentas y explicar por qué no se internalizaron conocimientos y competencias

Es decir, la autoridad centra su evaluación en qué tanto “le echaron ganas” sus colaboradores, más que en los resultados que obtuvieron.

Si bien es cierto que la buena disposición de un funcionario ayuda a mitigar los efectos negativos de un estado ineficiente, también es cierto que una autoridad debe centrar su empeño en resolver problemas, no en qué tanto lo intentaron.

Es indispensable pasar de “trabajamos mucho” a “obtuvimos esto”, de “hicimos nuestro mejor esfuerzo” a “logramos reducir, transformar y mejorar tal cosa”.

La evidencia que las autoridades de nuestro país creen que por el simple hecho de “echarle ganas” no se deberían exigir cambios o manifestar descontento, la tuvimos esta misma semana en dos ocasiones diferentes para dos temas diferentes: el de salud y el de educación.

En Veracruz médicos residentes se reunieron con el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos, para protestar por la falta de insumos básicos para poder llevar a cabo alguna cirugía.

Ante los reclamos, el funcionario prefirió contestar con un “si no quieren operar, no operen", antes de reconocer las fallas de la autoridad y asumir su responsabilidad como titular de la institución, como si para poder ejecutar una cirugía exitosa sólo se necesitase la buena voluntad de un médico y no las condiciones necesarias para hacerlo.

De manera similar, la presidenta de la República respondió a los cuestionamientos de los periodistas sobre el pésimo desempeño que tuvieron los estudiantes mexicanos en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Prueba PISA), minimizando el fracaso y enfatizando que tanto docentes y alumnos le echan ganas.

La Prueba PISA mide desde 2009 las habilidades y conocimientos de jóvenes de 15 años de los países pertenecientes a la OCDE, en lectura, matemáticas y ciencias.

Los jóvenes mexicanos tuvieron los peores resultados desde que se aplica dicho instrumento, la mayoría no logra entender lo que lee, distinguir entre opiniones y hechos o realizar pruebas matemáticas simples, de tal suerte que la educación en nuestro país se posiciona como una de las más deficientes de toda la OCDE.

Ante todo ello, Sheinbaum respondió que en México la gran mayoría de profesores está comprometidos con sus estudiantes y estos últimos muestran interés en la escuela en porcentajes mayores a nuestras contrapartes de la OCDE.

Para la presidenta que le echen ganas los estudiantes y docentes es tan importante como el que adquieran las herramientas para resolver problemas, desarrollen habilidades y competencias.

Los datos ahí están, a nuestras instituciones les faltan resultados concretos más allá de la buena disposición que tengan.

Los problemas no sólo se resuelven con una buena actitud requieren planeación, consistencia en la aplicación, evaluación objetiva, recursos suficientes y honestidad para entender si lo que hacemos tiene un impacto real y positivo.

Esperemos que los fracasos en materia de seguridad, educación y salud, lleven a transformar la manera en la que se implementa y evalúa el trabajo, de lo contrario la situación del país y de los mexicanos empeorará aún más.

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