Ya han pasado treinta días desde que Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de Colombia y el sello de lo que será su gobierno no se ha hecho esperar.

Iniciando con un devastador terremoto que azotó a varias ciudades del país tomó rápidamente las riendas, aunque con decisiones muy polémicas como llevar balones de futbol a niños cuyos familiares perdieron todo; aceptar solo la ayuda internacional de sus aliados ideológicos o canalizar las donaciones privadas a la fundación de su esposa, a quien ha puesto al frente de la ayuda humanitaria a los damnificados. En una tragedia de esta magnitud, la asistencia a los damnificados debería mantenerse completamente separada de intereses políticos, familiares o ideológicos.

Más que un periodo de transición y organización administrativa, estas primeras semanas De la Espriella todavía parece actuar bajo la lógica de la campaña electoral. Viaja mucho con un gasto enorme para el erario, confronta a todo aquel que lo interpela, denuncia permanentemente al Gobierno anterior, exhibe resultados operativos, utiliza consignas movilizadoras religiosas y busca mantener una presencia constante en la conversación pública para enaltecer su figura y lo que considera sus logros.

Cada decisión es una reafirmación de su proyecto político de odio inspirado en una narrativa en donde expresiones como “¡Viva Cristo Rey!”. Nos recuerdan los discursos del franquismo en España y que en Colombia personajes como Laureano Gómez en los años 40 usaron para iniciar la violencia en el país.

En estos 30 días ha emitido más de un centenar de decretos, nombramientos controvertidos y una acelerada recomposición de las alianzas políticas centradas en destruir los logros que en materia social se habían logrado con el gobierno anterior y ha reafirmado su ideario de “Patria, Milagro y Seguridad Nacional” sin que quede claro eso qué va a significar para el país.

Ha hecho de la muerte un espectáculo, al divulgar imágenes de los bombardeos que ha realizado donde se le observa caminando entre cadáveres, que han sido muy cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de derechos humanos, a quienes les preocupa la muerte de niños y de civiles. De alguna manera, esa práctica de la muerte como trofeo nos recuerda la época con Uribe con los falsos positivos. Preocupa mucho la construcción simbólica de la guerra, pue la utilización de imágenes de personas muertas como demostración del éxito gubernamental corre el riesgo de transformar la violencia en espectáculo político.

El gobierno se vanagloria con cifras de sus éxitos militares, los capturas, toneladas de droga incautadas, bombardeos y enemigos abatidos. El tema es que las cifras presentadas durante estas primeras semanas son parecidas a las que se dieron durante el mismo periodo de Gustavo Petro.  

Otro tema de gran controversia es el levantamiento de restricciones al porte de armas. Resulta paradójico que un Gobierno que reivindica la recuperación del monopolio estatal de la fuerza considere simultáneamente conveniente ampliar las posibilidades de que particulares porten armas. La historia de Colombia ha demostrado que más armas en manos particulares es más violencia, para cualquier lado.

También generan inquietud las propuestas relacionadas con el ingreso de la fuerza pública a las universidades. La autonomía universitaria no puede convertirse en un obstáculo imaginario que deba ser removido en nombre del orden público. Las universidades son espacios de formación, debate, crítica y movilización social. Cuando existen conductas delictivas, corresponde aplicar la ley mediante procedimientos constitucionales; otra cosa muy diferente es normalizar la presencia policial como mecanismo de control de la protesta o del movimiento estudiantil. Según la Comisión de la verdad entre 1962 y 2011 fueron asesinados 588 estudiantes universitarios ¿Qué esperar ahora que el gobierno busca estigmatizar a los movimientos estudiantiles?  

A este escenario se agregan los cuestionamientos de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa que ya se están viendo presionadas por la política de comunicación gubernamental que no está dispuesta a aceptar críticas.

Lo que comenzamos a observar con el nuevo gobierno colombiano es una idea de poder que busca congraciarse con los sectores más ortodoxos de la política nacional e internacional, que busca concentración del poder, la militarización de la agenda pública, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, del Estado de derecho y de una política convertida en espectáculo.  Esto sin duda, pondrá a prueba lo fuertes que son las instituciones del Estado colombiano, su democracia, para no verse rebasadas por ideas que pretende volver a un pasado violento que el país ya había empezado a dejar atrás.    

Investigador CIALC-UNAM

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