La política migratoria de la administración Trump representa un reto creciente para México, tanto por el aumento de las deportaciones a terceros países como por los casos de mexicanos que han muerto durante operativos o bajo custodia del ICE.

Los hechos recientes son contundentes. En lo que va de 2026, Estados Unidos ha enviado a 2,284 mexicanos a Guatemala, desde donde son trasladados por tierra a México, generalmente en menos de 24 horas. Este mecanismo, que Guatemala describe como un tránsito temporal y no como un esquema de “tercer país seguro”, también se ha utilizado con Honduras, donde se han documentado decenas de casos de mexicanos enviados desde Estados Unidos.

La pregunta inevitable es: ¿qué sentido tiene deportar a un mexicano a un tercer país cuando México está dispuesto a recibirlo directamente? Las llamadas third-country removals no son una práctica nueva en la política migratoria estadounidense, pero la escala que han alcanzado plantea dudas importantes sobre el debido proceso, la notificación a las personas afectadas, su posibilidad de objetar el país de destino y la continuidad de la protección consular.

Para México, por tanto, no basta con expresar rechazo. Es necesario entender cómo se están realizando estos traslados: con qué fundamento, por qué se utiliza a Guatemala y Honduras como destinos intermedios, qué información recibe el gobierno mexicano, quién asume los costos y qué garantías tienen los connacionales durante el trayecto. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha señalado que estos traslados se coordinan con las autoridades migratorias mexicanas.

Este problema adquiere una dimensión adicional cuando se trata de esclarecer las muertes de mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE. Desde mayo de 2025 han muerto 17 connacionales en estas circunstancias. Para esclarecer estos casos, México presentó 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, por hechos ocurridos en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

De las 20 denuncias, sólo 4 han sido respondidas hasta ahora. Las fiscalías de Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas, informaron que comenzarán a valorar posibles acciones. En Florida la fiscalía decidió no investigar y respaldar la versión del ICE que adjudica la muerte de nuestro connacional a un suicidio.

Hasta ahora, la experiencia muestra lo difícil que es lograr justicia por estos abusos, sobre todo en un contexto politizado. Presentar una denuncia no garantiza que haya una investigación, mucho menos una sanción. A esto se suma un sistema fragmentado, con autoridades estatales, locales y federales sujetas a distintos estándares de responsabilidad, y procesos que pueden tardar más de un año en dar resultados.

El reto es lograr que las denuncias se investiguen y deriven en responsabilidades. En los tres expedientes bajo valoración, México debe mantener representación especializada para las familias, aportar la evidencia disponible y exigir definiciones sobre la apertura de investigaciones. En Florida, corresponde apelar la negativa y explorar otras vías de justicia.

Además de la vía penal, pueden explorarse acciones civiles por negligencia o responsabilidad de funcionarios y operadores privados. Cada uno de los 17 casos requiere una estrategia propia, pero una coordinación común permitiría identificar patrones de uso excesivo de la fuerza, fallas en la actuación oficial o deficiencias en las condiciones de detención.

Las muertes y las deportaciones a terceros países son fenómenos distintos, pero plantean un mismo reto: fortalecer y anticipar la defensa de los mexicanos frente al endurecimiento de la política migratoria estadounidense. La red consular ya acompaña los 17 casos y las acciones jurídicas iniciadas; ahora el desafío es lograr que éstas avancen y, al mismo tiempo, extender esa capacidad de defensa a las deportaciones a terceros países, garantizando información oportuna, representación y protección consular durante todo el proceso.

@EuniceRendon

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