Enrique de la Madrid | 05-09-26 | 02:00 | Actualizada | 05-09-26 | 02:10 |

México no había concentrado tanto poder en un solo grupo desde hace varias décadas y, paradójicamente, pocas veces un gobierno había tenido tan poco margen para gobernar.

Actualmente, hay mayorías legislativas, gobernadores aliados y un control institucional que López Obrador no tuvo durante buena parte de su sexenio, pero también hay pocos impuestos disponibles porque casi todo está ya comprometido, compromisos y restricciones ideológicas heredadas, empresas públicas costosas, más presión por parte de Estados Unidos, grupos internos que cobran facturas y regiones donde el crimen organizado disputa al Estado algo mucho más importante que una elección: el control efectivo del territorio. Por lo tanto, el margen para proveer mejores servicios públicos es cada vez más pequeño.

El problema no es cuánto poder tiene el gobierno, sino para qué lo usa.

De esta paradoja platiqué con Carlos Bravo Regidor en el podcast En Blanco y Negro. La conversación completa se puede ver y escuchar en . Carlos planteó una frase que retrata bien el problema: Claudia Sheinbaum puede tener más poder institucional que su antecesor y, al mismo tiempo, menos margen para ejercerlo en favor de la población.

Eso ayuda a entender por qué importa tanto la discusión sobre los derechos de las audiencias en manos de un grupo político que cada vez concentra más espacios de toma de decisiones y permite menos crítica.

Hay partes de esa agenda que tienen todo el sentido: un medio efectivamente debe distinguir con claridad una noticia de un contenido pagado; las audiencias también deben contar con mecanismos para reclamar cuando consideran que una cobertura fue incorrecta; y un defensor de las audiencias, acompañado de un código de ética, puede fortalecer la relación entre medios y ciudadanos.

Sin embargo, el problema empieza cuando una causa legítima se convierte en una puerta para que el gobierno supervise a los medios. ¿Quién decide dónde termina la información y empieza la opinión? Elegir qué hechos se publican, cuáles se colocan en primera plana y cuáles se dejan fuera ya implica un criterio editorial. Pretender que una autoridad pueda vigilar esa frontera abre un espacio enorme a la discrecionalidad y, peor todavía si esa misma autoridad puede influir en los códigos de ética o en la designación de quienes deben defender a las audiencias.

El Estado no puede ser juez y parte. Y ese principio debería valer incluso para el gobierno más respetuoso de la libertad de expresión. Las leyes no se hacen pensando solamente en quién ocupa hoy el poder, sino también en quién podría ocuparlo mañana.

Ahora bien, hay otra forma de control todavía más difícil de demostrar: la que no necesita una llamada. Cuando el dueño de un medio sabe que un periodista incómodo puede complicarle permisos, contratos, publicidad o su relación con el gobierno, la presión empieza antes de que alguien dé una orden. De esta manera, el miedo puede hacer el trabajo de la autocensura. Por eso resulta contradictorio hablar de pluralidad mientras desde el poder se elaboran listas o se estigmatiza a comunicadores críticos.

Carlos Bravo Regidor señaló otro problema que ayuda a explicar esta situación: la polarización es muy útil para ganar y conservar el poder, pero sirve muy poco para gobernar. Cuando señalar un abuso de "los nuestros" se interpreta como ayudar al enemigo, desaparece una parte esencial de la rendición de cuentas. El ciudadano deja de exigir porque primero se pregunta a qué bando beneficia su crítica.

A eso se suma un gobierno que carga deudas políticas, económicas e ideológicas. Sheinbaum heredó obras que requieren recursos, una forma muy costosa de administrar Pemex y CFE, compromisos políticos y una relación con Estados Unidos que ya no parece una negociación cada ciertos años, sino una negociación permanente en la que México, muchas veces, parece negociar para superar la siguiente amenaza y no a partir de una definición clara de qué quiere lograr en diez o veinte años.

Hablar de soberanía frente a Estados Unidos sirve de poco si en nuestro país hay territorios donde el crimen organizado ha doblegado al Estado y cuando los negociadores del T-MEC de Estados Unidos han obtenido tantas concesiones de los negociadores del gobierno mexicano.

Por eso y más, la comparación con el Maximato puede ser interesante, pero quizá se queda corta. El problema no es únicamente cuánto poder conserva López Obrador o cuánto ha podido construir Sheinbaum. La pregunta más importante es para qué sirve todo ese poder si cada vez cuesta más resolver los problemas concretos de la población.

"Poco gobierno, mucha y mala política", dijimos en la plática. Mucha batalla por controlar la conversación pública, los espacios institucionales y las lealtades; y demasiado poco tiempo dedicado a que la seguridad, la salud, la energía o la justicia funcionen mejor.

México no necesita un gobierno más poderoso, necesita un Estado más capaz. Un Estado que pueda aplicar la ley sin preguntar primero a qué grupo político pertenece el involucrado; que proteja la libertad de expresión aunque la crítica incomode; capaz de negociar con Estados Unidos desde un interés nacional definido; y que premie a quienes hacen bien su trabajo en lugar de proteger a quienes tienen conexiones.

Concentrar poder puede ganar elecciones. Sin embargo, gobernar exige algo mucho más difícil: usar bien ese poder, aceptar límites y obtener resultados. Ahí se juega hoy buena parte del futuro del país.