Recientemente fue publicado un documento titulado “Diez años de vigilantes, las autodefensas mexicanas”. Este documento cuenta con el aval del organismo conocido como La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta organización comprende una red de más de 600 expertos en temas de derechos humanos, democracia, gobernabilidad y desarrollo en los que el crimen organizado se ha vuelto cada vez más pertinente.
¿Y qué nos dice el reporte acerca de las autodefensas en nuestro país? Su punto de origen es el caso particular que nació en Michoacán y que estuvo activo entre 2013 y 2015. Hace ya una década que cientos de ciudadanos armados se reunieron en la región de Tierra Caliente para combatir a Los Caballeros Templarios, una organización criminal que dominaba la mayor parte del estado ante la debilidad, corrupción, negligencia, ineficacia y/o indiferencia de los distintos órdenes de gobierno.
Las autodefensas dijeron “hacer lo que el gobierno no hacía” en la lucha contra el crimen organizado.
Tras dos años de movilización, que reunió a más de 15,000 hombres armados en 34 municipios de Michoacán, y sin que dejaran de ocurrir enfrentamientos armados, asesinatos y detenciones en aquel bienio, estos grupos de autodefensa fueron la pieza angular para lograr desmantelar al poderoso grupo criminal.
El Gobierno federal en aquel entonces puso en marcha un proceso de negociación (sin precedentes) entre los civiles armados y autoridades públicas, y las autodefensas pasaron a estar parcialmente legalizadas y legitimadas mediante la creación de un nuevo cuerpo de policía local, la llamada Fuerza Rural (hoy desaparecido).
Y si esta columna terminara en el párrafo anterior, solo faltaría decir que todos vivieron en paz y fueron felices para siempre. Sin embargo, esos finales solo ocurren en las películas animadas de Disney.
Acorde al reporte, en una etapa entre 2015 y 2018 el poder se consolidó en manos de líderes que habían acumulado recursos y control sobre los mercados lícitos e ilícitos gracias a su participación en las autodefensas.
Por otro lado, el mercado extorsivo hacia las agroindustrias de exportación multimillonarias (aguacate, limón y frutos rojos entre otros), el control del puerto de Lázaro Cárdenas (punto de entrada de precursores químicos asiáticos para la fabricación de fentanilo) y la siembra de amapola y mariguana atrajo al CJNG a esa geografía. Ergo, el estado sigue siendo hogar de decenas de grupos criminales y armados y se ha convertido en escenario de un enfrentamiento entre el CJNG y una coalición de grupos criminales locales y antiguos grupos de autodefensa, llamada Cárteles Unidos.
Al día de hoy, Michoacán sigue siendo uno de los estados más sangrientos, no solo es uno de los cinco estados más violentos del país, sino que también experimentó un aumento del 187% en los homicidios entre 2015 y 2021. En 2022, Michoacán tuvo una tasa de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio en el país fue de 26.
Para concluir esta columna, menciono tres puntos del reporte que me parecen clave:
(a) El Gobierno federal (pasado y presente), al aceptar dialogar formal e informalmente con estos caciques e intermediarios locales, ya sean líderes de las autodefensas, jefes criminales o activistas políticos, acaba promoviendo la coerción y la violencia como herramientas clave de gobernanza, limitando o impidiendo la participación y la representación políticas no armadas y dirigidas por los ciudadanos.
(b) El aumento del número de actores violentos en México demuestra la evolución de las modalidades de negociación entre las autoridades, los civiles armados y los grupos criminales que compiten por gobernar las regiones del país.
(c) Las autoridades están dispuestas a trabajar discretamente con los caciques locales porque valoran su capacidad para regular la violencia y mantener un relativo orden a nivel local. Pero a veces, estos adquieren demasiada autonomía y se desmarcan de las condiciones establecidas por las autoridades.
Es muy triste reconocerlo, pero en muchas regiones de México, el orden público no implica la ausencia de violencia (ni de grupos criminales), sino más bien un conjunto de normas informales establecidas para regular su uso por parte de actores públicos y privados, esto para controlar el acceso al poder y a la autoridad.
POSTDATA – Con datos oficiales, en el presente mes se acumuló hasta el viernes pasado un promedio de 77.1 homicidios dolosos por día. Hasta ahora, junio es el mes más violento del 2023, y leyendo las noticias del fin de semana, todo apunta a que ese promedio se elevará a un rango cercano a los 80 asesinatos diarios.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
