A dos años de la reforma judicial: ¿cuándo perdimos el juicio?

“Ya supera la reforma judicial como superaste a tu ex”. Eso es algo que platicaba en tono de chiste con unas amigas hace un par de días y que, conforme más lo pienso, me parece que para muchas personas que ejercemos el derecho, la reforma judicial se ha convertido en un trauma que probablemente será generacional y, en muchos sentidos, intergeneracional.

Es un acontecimiento que seguimos tratando de entender, discutir y, en algunos casos, superar, aunque ya hayan pasado dos años desde que comenzó aquel proceso que transformó de manera radical la estructura del Poder Judicial. Y no parece que nos vaya a resultar sencillo dejarlo atrás, precisamente porque todavía estamos viviendo sus consecuencias y tratando de entender hacia dónde nos lleva.

En las últimas semanas han circulado dos piezas audiovisuales que intentan reconstruir lo ocurrido alrededor de la reforma judicial. Una de ellas lo hace desde la perspectiva de quienes defendieron al Poder Judicial anterior, mientras que la otra lo hace a través de la trayectoria de una de las nuevas ministras de la Suprema Corte, Lenia Batres. No creo que ninguna de las dos pretenda necesariamente ser una respuesta o una contranarrativa de la otra, y ambas tienen un valor importante como ejercicios de memoria.

Con el paso del tiempo, probablemente serán parte del registro de uno de los cambios institucionales más profundos de las últimas décadas y, desde mi perspectiva, quizá también de uno de los errores más grandes, entre tantos otros, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ambas piezas enfrentan un riesgo: contar una historia extraordinariamente compleja como si se tratara de una lucha entre buenos y malos.

Las dos parten de una perspectiva clara y, por supuesto, atravesada por las experiencias y posiciones de quienes las construyeron, y eso no necesariamente es un defecto. Toda narración histórica tiene una perspectiva; no existe una memoria completamente neutral. El problema aparece cuando esa perspectiva termina reduciendo una historia complejísima a una película de Marvel: héroes contra villanos, buenos contra malos, quienes defendían la justicia contra quienes querían destruirla.

La reforma judicial fue mucho más complicada que eso. Hubo decisiones políticas, errores institucionales, luchas de poder, intereses encontrados, problemas reales dentro del Poder Judicial, una estrategia política desde el Ejecutivo y una enorme incapacidad de distintas instituciones para explicar a la ciudadanía qué estaba ocurriendo. Convertir todo eso en una historia sencilla puede ser útil para construir una narrativa, pero no necesariamente sirve para comprender lo que pasó.

El día que perdimos el juicio tiene, desde mi perspectiva, un valor indiscutible como ejercicio de memoria. Registrar lo ocurrido alrededor de una reforma de esta magnitud importa; documentar las voces de quienes lo vivieron desde el Poder Judicial, la academia, el periodismo, la sociedad civil y el ámbito estudiantil también importa. La memoria puede ser una forma de resistencia, particularmente cuando se atraviesa una transformación institucional tan polarizada y acompañada de narrativas políticas, propaganda y, en algunos casos, información falsa o engañosa. Pero la memoria también puede ser selectiva. Y creo que ahí está una de las principales debilidades de esta pieza: al intentar defender lo que se perdió, termina construyendo una imagen demasiado idealizada de aquello que existía antes de la reforma.

El documental presenta, por momentos, la idea de un Poder Judicial fundamentalmente virtuoso que fue arrasado por un poder político decidido a destruirlo y construye a las personas juzgadoras como protagonistas esencialmente heroicos. El problema es que esa narrativa deja demasiadas cosas fuera. Deja fuera los problemas de nepotismo y opacidad que existían; la distancia que durante años mantuvo el Poder Judicial con buena parte de la ciudadanía; las dificultades para comunicar sus decisiones; la cerrazón institucional y las luchas de poder que también existían dentro de la propia institución.

Y, sobre todo, deja fuera la responsabilidad que tuvieron algunos de sus principales actores para entender a tiempo que defender la independencia judicial no podía reducirse a defenderse hacia adentro. Mientras el Poder Ejecutivo construía una narrativa política sobre el Poder Judicial, éste nunca logró articular una narrativa pública suficientemente sólida para explicar a la ciudadanía por qué su independencia importaba y qué aportaba a la vida cotidiana de las personas. La defensa se concentró, en buena medida, en lo jurídico, mientras lo político quedó relegado.

El Poder Judicial tenía especialistas capaces de explicar la Constitución, pero durante mucho tiempo tuvo enormes dificultades para explicar la justicia. Y mientras tanto, desde el Ejecutivo se construyó una narrativa mucho más sencilla, mucho más accesible y políticamente mucho más eficaz: un Poder Judicial distante, privilegiado, corrupto y alejado del pueblo. Esa narrativa no apareció en un vacío; encontró terreno fértil en problemas reales que el propio Poder Judicial nunca terminó de resolver ni de comunicar.

Tampoco podemos ignorar el contexto de violencia y misoginia que acompañó este proceso. La entonces ministra presidenta Norma Piña fue objeto de ataques que no pueden analizarse únicamente como una disputa política, porque muchas de las críticas que recibió estuvieron atravesadas por estereotipos y violencia de género. Incluso la manera de nombrarla importa: fue la primera mujer en presidir la Suprema Corte, y ese hecho también es político e institucionalmente relevante. Pero reconocer la violencia que enfrentó no significa convertirla, ni a ella ni a cualquier otra persona juzgadora, en una figura intocable.

Podemos condenar la misoginia contra una ministra y al mismo tiempo cuestionar sus decisiones; podemos defender la independencia judicial y, simultáneamente, reconocer las deficiencias de la institución que la ejercía. Una cosa no cancela la otra, y quizá esa capacidad de sostener dos ideas aparentemente contradictorias es precisamente la que más ha faltado en la narrativa pública sobre la reforma.

Hay otro episodio que me parece especialmente revelador y que considero que merecía mayor atención: la respuesta de la Suprema Corte cuando la reforma ya había sido aprobada. La Corte llegó a discutir y presentar una propuesta de respuesta institucional cuando la reforma constitucional ya había sido votada y publicada. El momento fue peculiar: ocurrió en domingo y en un contexto institucional extraordinario.

Más allá de la discusión sobre qué era exactamente aquel documento y si jurídicamente podía considerarse una “contrarreforma”, el episodio merece ser contado porque permite preguntarnos algo mucho más importante que quién tenía razón: qué ocurrió, por qué ocurrió en ese momento, quién participó, qué pretendía hacer la Corte y qué posibilidades reales tenía para modificar un proceso constitucional que ya estaba consumado. La memoria institucional también debe registrar nuestros errores y nuestras decisiones fallidas, no solamente aquellas que nos permiten construir una imagen heroica de nosotros mismos.

También me llamó la atención que ambas piezas recurran, en buena medida, a los mismos espacios y a las mismas voces de siempre: personas académicas, especialistas y figuras que durante años han ocupado los lugares desde donde se explica el derecho. El problema no es que sean expertas; muchas lo son y sus aportaciones son indispensables.

El problema es que, si estamos hablando de una reforma que se justificó en buena medida bajo la idea de acercar la justicia al pueblo, resulta paradójico que sigamos contando su historia principalmente desde arriba. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están las personas que enfrentan todos los días una fiscalía? ¿Dónde están quienes pasan años esperando una sentencia o quienes nunca pudieron pagar una defensa? ¿Dónde están las personas juzgadoras locales y quienes trabajan en esa justicia cotidiana que también fue alcanzada por la reforma? Esas voces deberían formar parte de la memoria que estamos construyendo.

Recordemos que la reforma judicial no fue solamente una reforma de la Suprema Corte y el sistema de justicia mexicano tampoco se reduce a nueve ministras y ministros. La mayoría de las personas nunca tendrá un asunto frente a la Suprema Corte, pero sí puede enfrentarse a una fiscalía, un juzgado local, una defensoría pública, un tribunal o una autoridad administrativa. Ahí también se está jugando el futuro de la justicia mexicana. Por eso me parece insuficiente contar la reforma como la historia del día en que alguien perdió y alguien ganó.

No fue una competencia deportiva ni una película de superhéroes. Fue un proceso político e institucional en el que hubo responsabilidades compartidas, errores, aciertos, omisiones, intereses y decisiones que todavía estamos tratando de dimensionar.

El Poder Judicial anterior tenía problemas reales y no era una institución impoluta ni intocable. Había prácticas que debían cambiar, estructuras que necesitaban ser revisadas y formas de relacionarse con la ciudadanía que resultaban profundamente insuficientes.

El Ejecutivo construyó una narrativa política que encontró terreno fértil precisamente porque esos problemas existían; la oposición no logró construir una respuesta política eficaz y el propio Poder Judicial no supo defenderse frente a la ciudadanía. Finalmente, el poder político tuvo la fuerza suficiente para modificar constitucionalmente las reglas del juego.

Todo eso forma parte de la historia y negarlo no fortalece la defensa de la independencia judicial; por el contrario, la debilita, porque si queremos aprender de lo ocurrido primero tenemos que ser capaces de reconocer en qué fallamos.

Quizá por eso vuelvo al chiste del principio: “ya supera la reforma judicial como superaste a tu ex”. Superar no significa olvidar, ni fingir que no dolió, ni decidir que todo estuvo mal o que todo estuvo bien. A veces superar significa aceptar que una historia terminó, reconocer lo que hicimos mal, aprender de lo ocurrido y dejar de idealizar aquello que perdimos

Y quizá eso es lo que más necesitamos frente a la reforma judicial: no otra narrativa de buenos y malos, sino memoria suficiente para reconocer nuestras propias contradicciones y aprender de ellas.

Tal vez ese sea el verdadero pendiente que nos dejó la reforma judicial: dejar de preguntarnos quién ganó aquella batalla y empezar a preguntarnos qué tipo de justicia estamos construyendo después de ella.

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