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Cuernavaca, Mor. - Desde este sábado, la estudiante española Claudia Tacoronte forma parte del memorial de víctimas, instalado en la puerta principal de Palacio de Gobierno, tapizado de rostros y nombres de cientos de personas desaparecidas y/o víctimas de la violencia sistemática que envuelve al país.
En ese memorial, por ejemplo, se encuentran las fotografías de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, y sus seis amigos torturados y masacrados por el Cártel del Pacífico Sur, célula de los Beltrán Leyva, en 2011.
La demanda de justicia para Claudia Tacoronte, victimada hace ocho días en la Casa de Cultura del municipio de Cuautla, concitó a colectivos de mujeres buscadoras y estudiantes de la Resistencia Estudiantil en la Ofrenda de las Víctimas, frente al Palacio de Gobierno de Morelos, para rendirle homenaje y expresar su repudio al delito de feminicidio y todos los actos lesivos para las mujeres.
Frente al memorial, donde permanece la fotografía de Claudia, los asistentes colocaron flores y veladoras y dejaron cartulinas con mensajes como “Que estudiar no nos cueste la vida. Justicia para Claudia” y “Justicia para todas”.

Durante el acto, estudiantes de la Resistencia Estudiantil señalaron que Morelos enfrenta desde hace años una crisis de violencia que afecta particularmente a jóvenes y estudiantes, y recordaron que al 16 de mayo de 2026 los registros nacionales contabilizaban 2 mil 27 personas desaparecidas y no localizadas en Morelos; más de la mitad de los casos correspondían a personas de entre 15 y 34 años.
“Estamos cansados de tener miedo y acostumbrados a la violencia”, expresó una estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
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Además, cuestionaron que las respuestas oficiales suelen concentrarse en las investigaciones posteriores a los hechos, sin atender las condiciones que permiten que la violencia continúe.
“La violencia no termina cuando encontramos a una persona responsable. Una carpeta de investigación no le devuelve la tranquilidad a una familia y una conferencia de prensa después de una tragedia no significa que exista seguridad”, señaló.
Los integrantes de la Resistencia Estudiantil, promotores del paro de dos meses en la UAEM tras el doble feminicidio de sus compañeras Kimberly y Karol, en marzo pasado, exigieron a la rectora de la máxima casa de estudios, Viridiana León Hernández, asumir una postura pública en defensa de sus estudiantes y no mantenerse al margen cuando integrantes de la comunidad universitaria son víctimas de violencia.
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“La universidad tiene una responsabilidad con la comunidad”, señalaron, al tiempo que cuestionaron que la institución pueda actuar de manera subordinada frente a los intereses del gobierno estatal.
También demandaron que la UAEM respalde el derecho de sus estudiantes a protestar y se pronuncie ante cualquier acto de represión contra quienes participan en movilizaciones.
“No estamos pidiendo privilegios, sino exigiendo derechos”.
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El colectivo sostuvo que las movilizaciones no buscan justicia por casos individuales, sino visibilizar una problemática que se ha vuelto cotidiana en el estado.
“Ver las avenidas tapizadas con los rostros y nombres de cientos de personas desaparecidas y escuchar el sonido de las sirenas y ambulancias es la realidad que vivimos en Morelos. Pretender que no pasa nada no hace que estemos seguros”.

Justicia con perspectiva de género
Ayer, la jueza especializada de Control de Garantías, Alma Patricia Salas Ruíz, vinculó a proceso a Francisco Javier "N", por el delito de feminicidio de Claudia y expuso el caso con perspectiva de género.
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Planteó qué habría pasado si en la Casa de Cultura a esa hora hubiera estado un hombre sentado en el sitio de la agresión. ¿El sujeto activo habría actuado de la misma forma?, cuestionó y enseguida reflexionó:
“Con lo que nosotros ponemos en contexto, nos damos cuenta de que no es así, porque precisamente lo que distingue el delito de feminicidio es esa su cuestión de vulnerabilidad que tiene una persona que sea mujer.
Además de la trascendencia que tiene el feminicidio, es que una mujer es considerada el sexo débil; una mujer difícilmente se entiende porque no tiene la forma de impedir ser agredida por esa condición de vulnerabilidad.
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“En el caso particular, es una joven que tenía 21 años, que estaba en un país que no es el suyo, que desconoce la situación que hoy que nos encontramos en un municipio, lo que ha motivado precisamente la intervención de todos los órganos del gobierno para cuidar la seguridad pública, y que esto la puso en una situación de desventaja que no habría sucedido si ella hubiese sido una persona de género masculino”, afirmó.
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