Liderazgo político de las mujeres, ¿con solo un 3% del financiamiento?

La participación política de las mujeres ha sido cada vez más visible desde que el Legislativo elevó a rango constitucional el principio de paridad, al que siguieron otras reformas en la Constitución y en diversas leyes que dieron origen a la “Paridad en Todo”.

Así, de ser una reforma necesaria para que las mujeres tengamos mejores condiciones para acceder al poder público, hoy es una obligación legal que, sin embargo, no se ha materializado por diversas circunstancias, una de ellas la violencia política contra las mujeres en razón de género que derivó nuevamente en que el Legislativo modificara diversas normas para combatirla.

Pero hay un elemento que me parece necesario analizar: que el Legislativo determinó como pauta fundamental, al establecer una base para empoderar a las mujeres en su búsqueda por acceder a la esfera pública, destinar el 3% del presupuesto que reciben los partidos políticos.

En perspectiva, el Legislativo consideró (a partir de 2014) que este porcentaje serviría para corregir la desigualdad estructural e incluso histórica que las mujeres han sufrido, ¿en serio solo un 3%? No obstante, el Legislativo determinó que este porcentaje sería suficiente para que las mujeres contaran con las herramientas para competir y, eventualmente, ejercer el poder en igualdad de circunstancias que los hombres.

Pero pensemos, ¿realmente con un 3% pueden construirse cuadros y liderazgos de mujeres con capacitación y las herramientas suficientes para participar, primero, en el desarrollo de las campañas políticas y, posteriormente, en el ejercicio del poder público o como representantes legislativas?

La respuesta es más que obvia: claro que no es suficiente. De hecho, he insistido en que el Legislativo debe aumentar el porcentaje obligatorio para los partidos políticos al menos entre un 6 y 10% para, a partir de ahí, irlo incrementando de acuerdo con el involucramiento de las mujeres en la representación política, tal como lo aprobó el Senado en la legislatura pasada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado que dichos recursos pueden destinarse a la capacitación y formación política de las mujeres, a la investigación y análisis, a estudios, a la divulgación y difusión, entre otros.

Sin embargo, los resultados históricos muestran que no todos los partidos políticos cumplen con la asignación de este porcentaje de recursos. El INE ha encontrado diversas inconsistencias que van desde objetivos vagos en los programas de algunos partidos políticos, metas poco claras o incluso imprecisas, así como la falta de indicadores que puedan medir la eficacia de los objetivos programados.

La historia de la fiscalización demuestra que algunos actores políticos ni siquiera cumplen con el 3% de los recursos asignados. De acuerdo con registros del INE, diversos partidos dejaron de ejercer dichos recursos, presentaron inconsistencias en los reportes, incurrieron en simulación en los gastos ejercidos, entre otros aspectos, lo que ha derivado incluso en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara diversas multas aplicadas a los partidos políticos por parte del INE.

El 3% debe entenderse como un piso mínimo, no como un techo, sobre todo cuando las mujeres siguen enfrentando diversos obstáculos relacionados con la falta de redes políticas, formación, tiempo, acceso a medios de comunicación, violencia política por razón de género, entre otros.

Para 2027, más de 236 millones de pesos deben destinarse de manera proporcional por los ocho partidos políticos con registro nacional al empoderamiento de las mujeres en la esfera política. Esta cifra representa una oportunidad para concretar que los partidos políticos estén verdaderamente comprometidos con la paridad y la igualdad de género en el ejercicio del poder público.

La elección de 2027 ofrece una perspectiva interesante para observar si los partidos políticos tienen verdaderamente la voluntad de fortalecer la presencia de las mujeres y su visibilidad en el ejercicio del poder político.

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Consejera Electoral del INE