Elecciones sin partidos

La reforma judicial mexicana ha producido una paradoja a la que quizá no hemos prestado suficiente atención. Nunca habíamos tenido tantos cargos sometidos a voto popular y, al mismo tiempo, nunca habíamos creado un espacio electoral de semejante magnitud diseñado expresamente para funcionar sin partidos políticos.

El derecho electoral mexicano expandió extraordinariamente sus fronteras, ahora para normar las elecciones del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos locales. Tenemos más elecciones, más candidaturas, más boletas, más cargos sometidos al voto y más ámbitos en los que deben intervenir las autoridades electorales. Pero dicha expansión vino acompañada de una exclusión: la de los partidos políticos.

Por supuesto, estos participan al momento en que las fuerzas parlamentarias con representación en sede legislativa seleccionan las candidaturas. Pero la constitución les prohíbe realizar de actos de proselitismo o posicionarse a favor o en contra de las candidaturas. La legislación electoral reproduce esa prohibición y la propia jornada debe desarrollarse sin la intervención de representantes partidistas.

La reforma no sólo introdujo las elecciones en la justicia, creó una competencia electoral formalmente despartidizada.

Durante décadas, buena parte de nuestro sistema electoral se construyó alrededor de una tríada relativamente estable: ciudadanía, partidos y autoridades electorales. Los partidos no eran simplemente los nombres y emblemas que aparecían en las boletas. Cumplían funciones que estructuraban prácticamente todas las etapas de la competencia: reclutaban candidaturas, agregaban intereses, organizaban campañas, producían información, movilizaban electores, vigilaban las elecciones e impugnaban sus resultados.

Pero cumplían además una función menos evidente: simplificaban la decisión electoral.

Nada semejante existió en la elección judicial. La ciudadanía tuvo que enfrentarse a miles de candidaturas, múltiples boletas y cargos cuya naturaleza y funciones eran, en muchos casos, poco conocidas. Se creó así una enorme oferta electoral al mismo tiempo que se debilitaron deliberadamente algunos de los mecanismos tradicionales para organizarla, comunicarla y hacerla inteligible.

La necesidad de intermediación política no desaparece simplemente porque la ley elimine a los intermediarios institucionalizados. Cuando millones de personas deben escoger entre una enorme cantidad de candidaturas que conocen poco, alguien tiene incentivos para ordenar esa oferta, seleccionar nombres, recomendar opciones y coordinar el voto.

Eso es precisamente lo que hace en especial relevantes a los llamados “acordeones”. Más allá de su legalidad concreta, revelan un problema estructural: cuando existe una oferta electoral enorme, pero faltan intermediarios institucionales capaces de organizarla y hacerla comprensible, surgen incentivos para que otros actores ocupen ese vacío.

La reforma judicial mexicana no eliminó la intermediación política de las elecciones; eliminó una de sus formas institucionalizadas y visibles —la intermediación partidista—, abriendo espacio para mecanismos alternativos de intermediación —gubernamental, partidista y de los poderes privados— mucho más difícil de regular y mucho más opacos. La despartidización formal, en pocas palabras, puede favorecer una politización informal.

Por eso resulta insuficiente afirmar que las elecciones judiciales son “apartidistas”. Lo son desde el punto de vista de su diseño jurídico. Pero ninguna elección de miles de cargos públicos en la que intervienen intereses gubernamentales, políticos, económicos e ideológicos puede convertirse, por mandato constitucional, en un espacio políticamente neutro.

Y quizá allí se encuentre una de las principales lecciones de la primera elección judicial mexicana. Durante años discutimos cómo abrir el sistema electoral a actores distintos de los partidos. Creamos candidaturas independientes, regulamos nuevas formas de participación y tratamos de reducir el monopolio partidista sobre el acceso al poder. La reforma judicial llevó ese impulso mucho más lejos: creó elecciones enteras sin partidos. El problema es que cuando la política es expulsada de la superficie s necesidad de intermediación polític

Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S.-Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran

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