Por LARIZZA CAMPOS CADENA
Durante décadas, la imagen del notario en México ha estado asociada con la certeza jurídica: expedientes cuidadosamente integrados, escrituras, protocolos y sellos. Pero esa función tradicional hoy convive con una nueva realidad: la vigilancia digital del Estado en materia de prevención de lavado de dinero.
La fiscalización ya no ocurre solo cuando llega una revisión a la oficina. Ahora también sucede en silencio, mediante plataformas que cruzan datos fiscales, avisos, operaciones inmobiliarias y declaraciones. En ese entorno, cualquier omisión, retraso o inconsistencia puede encender una alerta antes de que alguien toque la puerta de la notaría.
El cambio obliga al notariado mexicano a mirar el cumplimiento de otra manera. Ya no basta con tener documentos completos ni con presentar avisos dentro del plazo. Hoy se requiere demostrar que cada operación fue analizada con criterio, que se identificaron riesgos y que la decisión tomada tiene una explicación razonable.
Ahí entra el Enfoque Basado en Riesgos, conocido como EBR. Su lógica es sencilla: no todas las operaciones representan el mismo nivel de peligro. No es igual una compraventa común entre particulares que una operación compleja con estructuras corporativas, recursos trasfronterizos difíciles de rastrear o participantes ubicados en zonas de mayor exposición.
Pero el EBR no puede quedarse en una tabla o en una clasificación aislada. Para ser útil debe formar parte de un Sistema de Gestión de Cumplimiento, o SGC, que organice políticas internas, responsables, capacitación, controles, auditorías y evidencia. Dicho de otro modo: la notaría necesita una forma ordenada de probar que sabe lo que hace y por qué lo hace.
Ese es el valor del compliance interno. No se trata de llenar formatos para cumplir en apariencia, sino de construir una cultura de prevención dentro de la oficina. Un buen sistema permite saber quién revisó al cliente, qué señales de alerta se detectaron, qué medidas se tomaron y dónde está la evidencia para acreditarlo.
La diferencia es importante. Una notaría sin SGC puede depender de criterios personales, archivos dispersos o decisiones difíciles de reconstruir. En cambio, una notaría con procesos claros puede trazar la ruta completa de una operación: desde la identificación del cliente hasta la evaluación del riesgo, la autorización interna y la conservación del expediente.
Para el SAT y las autoridades antilavado, esa trazabilidad será cada vez más relevante. Los sistemas digitales pueden comparar información proveniente de los CFDI, la presentación y pago del Declaranot, avisos de actividades vulnerables y otros registros. Frente a ese nivel de revisión, el cumplimiento improvisado se vuelve un riesgo.
El mensaje para el notariado mexicano es claro: la fe pública también se protege con método. En la era de la vigilancia digital, el notario no solo debe dar forma legal a los actos; también debe demostrar que conoce sus riesgos, que los documenta y que cuenta con una estructura interna capaz de responder. Ese será uno de los grandes desafíos para fortalecer y consolidar la confianza en la función notarial.
Miembro de la BMA