Implosión en Morena

Imposible ignorar la implosión que vive Morena apenas a 12 años de su creación como partido político. Los nombres de personajes dentro de sus filas se acumulan en expedientes, investigaciones judiciales, testimonios y trabajos periodísticos tanto en México como en Estados Unidos.

Y aunque no todos están acusados ni son investigados formalmente, se genera una enorme bola de nieve que amenaza con caer sobre el partido que llegó al poder prometiendo barrer la corrupción de arriba hacia abajo, pero que hoy parece haber dejado la escoba de lado.

El caso más contundente es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una acusación federal en Estados Unidos junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Enrique Inzunza. Aquí no hablamos de una filtración periodística: existe un procedimiento judicial estadounidense que no ha podido avanzar debido a la reticencia del gobierno mexicano por entregar a una de sus figuras relevantes.

En otro nivel están Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Diversos medios han publicado que autoridades estadounidenses han puesto la lupa sobre ambos por posibles vínculos con actividades criminales. Los dos lo han rechazado y, hasta ahora, no existe una investigación formal en México.

Luego está el enorme expediente del huachicol fiscal. La investigación sobre la red que habría utilizado puertos y aduanas para introducir combustible ilegalmente ha tocado nombres cercanos al poder, comenzando por quienes presuntamente la lideraban: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.

En testimonios, documentos y revelaciones periodísticas también han surgido referencias a su tío político, el exsecretario de Marina Rafael Ojeda; a Adán Augusto López, y hasta a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

¿Cómo tantos caminos terminan acercándose a los mismos círculos de poder sin que la autoridad sea contundente?

Adán Augusto enfrenta además el costo político del caso de Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco mientras, según las acusaciones, lideraba “La Barredora”. La responsabilidad penal es individual, por supuesto, pero también existe una obligación política.

En Baja California, Marina del Pilar Ávila quedó envuelta en polémica después de la cancelación de su visa estadounidense. Y la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien aspira a sucederla, está en el ojo del huracán por versiones de que habría aceptado colaborar como testigo protegido en Estados Unidos a cambio de beneficios por una investigación en su contra.

Para desgracia de todos, la corrupción no pertenece al pasado ni los vínculos entre políticos y delincuentes se quedaron en los viejos gobiernos del PRI o del PAN. Es falso que la “Cuarta Transformación” haya “cambiado las reglas”.

La FGR sigue guardando silencio respecto a estos y otros temas, pese al llamado de Claudia Sheinbaum para investigar a todo aquel vinculado con alguna posible ilegalidad.

La bola de nieve comenzó a rodar. El peligro es que termine aplastando no sólo a Morena y su “legado”, sino también a los ciudadanos gobernados en prácticamente todo el país por el partido guinda.

@azucenau

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