Por: Óscar David Hernández Carranza
Francia acaba de tomar una decisión que hace apenas unos años habría parecido impensable: prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años y reforzar la restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas. Australia ya había dado un paso similar. Otros países europeos discuten medidas equivalentes. El debate dejó de ser tecnológico para convertirse en una conversación sobre salud pública, desarrollo infantil y convivencia escolar.
Mientras tanto, en México seguimos preguntándonos si prohibir el celular en los salones es una medida exagerada, como si el problema fuera únicamente un aparato.
La realidad es mucho más compleja. Hoy el bullying ya no termina cuando suena el timbre de salida. Antes, un estudiante podía encontrar un respiro al llegar a casa; ahora, la agresión viaja en el bolsillo. Continúa en grupos de WhatsApp, se multiplica en TikTok, se hace viral en Instagram y encuentra nuevas formas de humillar a través de fotografías, videos, memes o comentarios anónimos. El espacio seguro prácticamente desapareció.
La evidencia científica es contundente: el ciberbullying no sustituyó al acoso escolar tradicional, lo amplificó. Lo hizo permanente, público y potencialmente ilimitado. Un insulto frente a un grupo podía olvidarse al día siguiente; un video humillante puede permanecer durante años en internet y alcanzar miles de espectadores en cuestión de horas. La violencia dejó de tener horario.
Por eso resulta un error reducir esta discusión a una supuesta lucha entre quienes están "a favor" o "en contra" de la tecnología. Nadie propone regresar a la era analógica. Lo que distintos países están cuestionando es si resulta razonable permitir que niñas, niños y adolescentes pasen buena parte de su desarrollo dentro de plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia, estimular la comparación social y privilegiar los contenidos que generan mayor impacto emocional, incluso cuando ese impacto proviene de la humillación o del conflicto.
En México, el debate suele concentrarse en el derecho a portar un teléfono, pero rara vez analizamos el derecho de las y los estudiantes a aprender en un ambiente libre de violencia digital. Tampoco discutimos con suficiente seriedad la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, la necesidad de fortalecer la alfabetización digital o el papel de las familias en la supervisión del uso de redes sociales. Pretender que todo se resolverá con un reglamento escolar sería tan ingenuo como pensar que basta con retirar los pupitres para acabar con la indisciplina.
Sin embargo, también sería un error descalificar las restricciones como si fueran medidas autoritarias. La experiencia internacional muestra que limitar el uso del celular durante la jornada escolar puede mejorar la concentración, reducir conflictos inmediatos y disminuir la difusión instantánea de agresiones. No elimina el bullying, pero sí le quita uno de sus principales amplificadores.
Quizá la pregunta que México debería hacerse no es si debemos copiar a Francia, sino por qué seguimos reaccionando cuando el daño ya está hecho. Cada caso de violencia extrema, cada intento de suicidio relacionado con el acoso, cada video de una agresión escolar que se vuelve tendencia nos recuerda que el costo de la inacción siempre termina siendo mayor que el de prevenir.
La tecnología llegó para quedarse. Lo que aún está en nuestras manos es decidir si serán los algoritmos quienes eduquen la convivencia de nuestras niñas, niños y adolescentes, o si seremos los adultos quienes establezcamos los límites necesarios para protegerlos. Francia ya tomó una decisión. La pregunta incómoda es cuánto tiempo más esperará México para tener esta conversación con la seriedad que merece.
Presidente del Consejo Directivo de Protocolo Antibullying (Protocol AB)