Las encuestas a modo de Morena

Hay una escena que se repite casi cada mañana desde hace años: el presidente en turno, micrófono en mano, sostiene una hoja con números y dice “no lo digo yo, lo dice la encuesta”. El público asiente. Los medios lo replican. Y pocos se preguntan quién pagó ese estudio, con qué dinero público y bajo qué reglas.

Esa escena, más que anécdota, es método. Desde que Morena llegó al poder, las encuestas han dejado de ser solo un instrumento para medir a la opinión pública y se han convertido en un instrumento para fabricarla.

El mecanismo es relativamente simple. Una dependencia federal, estatal o municipal contrata, de manera directa, sin licitación abierta, a una casa encuestadora para “medir la percepción ciudadana” sobre algún tema. El resultado, casualmente, favorece siempre al gobierno en turno. Ese resultado se difunde en la mañanera, se reproduce en spots, se convierte en tendencia en redes y termina fijando el marco de la conversación pública, incluso cuando otras encuestas arrojan cifras distintas.

Multiplicado a lo largo de ocho años, en decenas de dependencias, gobiernos estatales y municipales gobernados por ese partido, ese patrón configura un ecosistema de encuestadoras afines que reciben contratos en áreas que van mucho más allá de la opinión pública: comunicación social, estudios de mercado, “estrategia digital”, capacitación, e incluso obra o logística electoral, a cambio de una lealtad informal en la forma de presentar los datos.

El daño no es solo estético. Una encuesta manipulada, o simplemente sesgada por conveniencia, hace tres cosas peligrosas: 1. Desplaza el debate real. Si la “realidad” que circula es la que compran las propias dependencias, la crítica legítima —sobre inseguridad, economía o salud— se disuelve frente a un relato de aprobación permanente. 2. Confunde al ciudadano. Cuando todos los números “oficiales” apuntan en la misma dirección, se vuelve difícil distinguir entre consenso genuino y consenso fabricado. 3. Erosiona a la industria demoscópica misma. Las casas encuestadoras serias, que no dependen de contratos gubernamentales, terminan pagando el costo de reputación de las que sí lo hacen.

Separar una cosa de la otra —el apoyo real del apoyo fabricado— es precisamente lo que una prensa y una ciudadanía críticas deberían exigir: transparencia total en los contratos, metodologías públicas y auditables, y una línea clara entre comunicación social legítima y propaganda pagada con el erario.

Mientras esa línea no exista, cada vez que un funcionario diga “no lo digo yo, lo dice la encuesta”, valdrá la pena preguntar: ¿y quién pagó la encuesta?

Presidente Nacional del PRI

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