En octubre del año pasado, Brasil y México tomaron la iniciativa de lanzar, con el apoyo de otros Estados miembros, el Grupo Voluntario de Apoyo al Comité Jurídico Interamericano y a la Promoción del Derecho Internacional (GAJUR). El objetivo fue articular a los países interesados en seguir fortaleciendo el derecho internacional y dar mayor visibilidad a la labor del CJI, órgano principal de la OEA con sede en Río de Janeiro, cuya finalidad es, de conformidad con el artículo 99 de la Carta, servir como cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos y promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.
En menos de un año, el GAJUR ha impulsado dos reuniones entre los Estados miembros y los juristas que integran el CJI, ha organizado conferencias y mesas redondas sobre derecho internacional, y ha recopilado propuestas para dar continuidad a los esfuerzos en esta esfera. Entre ellas figuran la celebración de eventos de alto nivel, el fortalecimiento del Curso de Derecho Internacional de Río de Janeiro, la ampliación de las actividades de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y el seguimiento de los mandatos adoptados por los Estados miembros en la Asamblea General de la OEA.
A nuestro juicio, tres razones principales justifican esta iniciativa. En primer lugar, en tiempos de cuestionamientos y desafíos al derecho internacional, es necesario tomar conciencia de lo que se pierde cuando sus principios fundamentales se erosionan. En segundo lugar, creemos que difundir los avances, beneficios y contribuciones de órganos como el CJI ayuda a demostrar que el derecho internacional es mucho más útil, eficaz y presente en la vida de los Estados de lo que a menudo se piensa. Finalmente, porque el derecho internacional es, al mismo tiempo, producto y motor de la cooperación entre los países, condición indispensable para enfrentar eficazmente los desafíos de nuestro tiempo.
¿Qué se pierde con el debilitamiento del derecho internacional? Se pierden las normas básicas que rigen la convivencia entre las naciones. El derecho internacional, tal como se ha desarrollado durante los últimos ochenta años, no ha eliminado las realidades del poder, pero sí ha sido capaz de imponer límites al uso irrestricto de la fuerza, deslegitimando la idea de que la fuerza crea el derecho. La OEA, heredera de las conferencias panamericanas desde finales del siglo XIX, desempeñó un papel relevante en la consolidación de principios como la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana de los Estados y la no intervención. Las violaciones de estos principios no son únicamente ilegales; constituyen también una amenaza para cualquier concepción de un orden regional estable, racional y justo.
La historia del CJI —que contribuyó a la redacción de la Carta de la OEA, de instrumentos internacionales de derechos humanos y de la Carta Democrática Interamericana— es una prueba palpable de que el derecho internacional no es una abstracción. Ya se trate del derecho internacional público o privado, la labor del CJI y las negociaciones entre los Estados miembros de la OEA que condujeron a la adopción de convenciones, tratados y otros instrumentos jurídicos, tanto vinculantes como de soft law, han tenido y siguen teniendo un impacto positivo.
Dichos instrumentos han facilitado las transacciones comerciales y las inversiones, fortalecido la protección de los derechos humanos, contribuido a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, y promovido la consolidación de la democracia, entre muchos otros avances, como el Tratado de Tlatelolco, que constituye uno de los ejemplos más significativos de la capacidad de los Estados latinoamericanos y caribeños para construir, mediante el derecho internacional y la negociación multilateral, un régimen jurídico pionero en materia de desarme y no proliferación nuclear.
No es posible disociar el derecho internacional de las instituciones multilaterales, cuya existencia depende —como ocurre en el caso de la OEA— de una carta constitutiva que es también un tratado internacional. Por ello, fortalecer el derecho internacional como instrumento para abordar de manera cooperativa los desafíos comunes exige reforzar asimismo la relevancia de las instituciones multilaterales. Esto supone garantizar que sean representativas, legítimas y eficaces; que no se plieguen a las dinámicas del poder económico, político o militar; y que no avalen el unilateralismo que amenaza con devolver al mundo al estado de naturaleza hobbesiano. Solo así podremos enfrentar los desafíos del desarrollo, combatir el cambio climático, proteger y promover los derechos humanos, fortalecer la democracia y la seguridad con alguna posibilidad de éxito.
Hoy, más que nunca, no es momento para el derrotismo. Es cierto que los desafíos al derecho internacional son formidables, pero la historia no es teleológica y no sigue un rumbo predeterminado. Nuestro esfuerzo en la OEA se orienta a preservar los principios fundamentales que sustentan la Organización, procurando que sus órganos políticos actúen con equilibrio y legitimidad, de modo de alejar el riesgo de un orden regional basado en el ejercicio irrestricto de la fuerza, sin controles ni rendición de cuentas. Un escenario de esa naturaleza sería perjudicial para todos, sin excepción, incluso para quienes creen poder obtener beneficios de corto plazo. Sin el edificio de las instituciones multilaterales y sin el cemento del derecho internacional, el resultado no será solamente una mayor inestabilidad, sino un auténtico retroceso civilizatorio. De eso se trata.
Representantes Permanentes de México y Brasil ante la OEA
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