El narcomenudeo en la Ciudad de México ha sido uno de los delitos que más ha llamado la atención en los últimos meses. Las expresiones de violencia con altos niveles de brutalidad que se asocian con la disputa de grupos del crimen organizado por el control del mercado de las drogas en la ciudad exigen a la autoridad que haga uso de manera efectiva los recursos disponibles para reducir el delito y sus efectos.

Desde hace unos años, distintos actores sociales han señalado que la ciudad hay presencia de grupos del crimen organizado, pero la respuesta inmediata de la autoridad de la capital del país ha sido descartar ese tipo de señalamientos. Los recursos explicativos a los que se apelan es que no hay presencia de grupos del crimen organizado en la ciudad, que solo son grupos menores; que, en la ciudad, el narcomenudeo está focalizado en la parte oriente de la urbe; que la capital solo es espacio de tránsito para la actividad criminal de este tipo, etc.

Sin embargo, los eventos ocurridos en los últimos meses dan cuenta que la violencia debido al narcomenudeo se asienta, intensifica y extiende hacia distintas partes de la ciudad. Los enfrentamientos armados y bloqueos de Tláhuac en julio de 2017, la colocación de mantas en febrero del año pasado en avenidas centrales de la ciudad y los restos de personas que fueron arrojados en la principal vía de tránsito de la ciudad hace unos días, develan que la autoridad no tiene diagnósticos precisos del comportamiento del delito y sus efectos, y en estas circunstancias es posible que el delito siga creciendo, pues seguirán tomando decisiones que no están basadas en evidencia.

Al realizar un análisis de las cifras oficiales del SESNSP se encontró que, en la Ciudad de México, la incidencia del delito ha crecido de manera preocupante. En 2015 las autoridades capitalinas abrieron 1 522 carpetas de investigación por narcomenudeo, mientras que en 2017 pasaron a 2 625, lo cual significa un aumento de 72.47%, en paralelo a nivel nacional la denuncia creció a razón de 12.82%.

Además, al compararse con otras entidades federativas y en el tiempo, las estadísticas del SESNSP siguen siendo reveladoras. En 2015, la CDMX aportó 3.91% de las carpetas de investigación de todo el país, en 2017 esta proporción llegó a 5.97%. Y lo más preocupante es que al contar las estadísticas de los primeros cuatro meses del 2018, este indicador ya llegó a 7.21%. En lo que refiere a la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, en 2015 la entidad federativa ocupaba la posición 19, en 2017 se ubicó en la 14, lo cual significa que perdió 5 lugares en dos años. Además, en los primeros cuatro meses de 2018 la entidad tiene 12va tasa más importante por el delito. De esta forma, podemos decir que la capital del país mantiene la inercia del incremento del delito.

A nivel más localizado la presencia del narcomenudeo presenta un comportamiento que tiende a desconcentrarse, es decir, que el delito se extiende hacia varias unidades administrativas de la ciudad. En 2015, las delegaciones de Iztapalapa (22.47%), Coyoacán (15.97%), Gustavo A. Madero (15.11%) y Venustiano Carranza (11.83%) aportaban 65.37% de las denuncias por este delito, para 2017 su participación en conjunto se redujo a 56.37%. En paralelo, en algunas delegaciones, el ilícito ha aumentado de manera preocupante, por ejemplo, en Azcapotzalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo las denuncias por narcomenudeo crecieron en 117. 86, 93.57, 217.2 y 350%, respectivamente, esto al comparar 2015 y 2017.

Entonces, el delito no se focaliza en la zona oriente de la ciudad o es fenómeno transitorio, como en algún momento los responsables de la seguridad lo expresaron. De hecho, en 2017, la Delegación Tláhuac, uno de los espacios estigmatizados por la autoridad, reportó una tasa de 16.4 denuncias por cada 100 mil habitantes, medida muy inferior la reportada a la de toda la CDMX (29.79) o la de la Cuauhtémoc (51.85) en donde se presentó la mayor tasa de narcomenudeo por cada 100 mil habitantes.

Así pues, antes de lanzar explicaciones superficiales a la forma en que se manifiesta el delito, es necesario que la autoridad haga un uso intensivo de los importantes recursos que tiene a su disposición para generar una estrategia para reducir el delito, a saber, tecnología de video vigilancia o el mayor cuerpo de policías del país. Es central articular los recursos disponibles antes de que uno de los centros económicos y políticos más importantes del país termine por mimetizarse entre las ciudades en donde las expresiones de violencia y las conductas delictivas vinculadas al narcomenudeo son parte de la rutina diaria.

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@DonJAngel

@ObsNalciudadano

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