La Plataforma interactiva ”Reporte de Incidencia Delictiva- Coahuila” (MR) desarrollada por el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC, disponible en el sitio presenta información desde 2011 y el análisis mensual de la evolución de delitos reportados al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública por las Procuradurías de Justicia y Fiscalía General del Estado de Coahuila por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.

Dicha plataforma permite al usuario realizar consultas, descargar tablas de datos y gráficos que permiten el análisis de tendencias y evolución de cada uno de los presuntos delitos. Y es un claro ejemplo del interés de la ciudadania por contar con información periódica sistematizada, sencilla y clara para la interpretación, investigación y estudio de fenomeno delictivo.

Sin embargo la información oficial generada al respecto, que sirve de base para el estudio y conocimiento no debe considerarse suficiente por parte de la ciudadania y es indispensable exigir un mejor nivel de rendicion de cuentas de nuestros gobiernos al respecto. Constituye una obligación para las autoridades proporcionar dicha información de una manera estructurada, estandarizada, consistente, compatible y comparable, como resultado de la estandarización en la vinculación de los procesos de generación de información ya que los registros administrativos que realizan las autoridades correspondientes se consideran un elemento necesario e indispensable para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad y justicia.

Si bien las denuncias presentadas se registran y reportan en forma mensual, la calidad de ésta información es deficiente ya que existe un número importante de delitos cometidos que no se encuentran en estas cifras por diversas razones, entre ellas la baja denuncia de hechos delictivos producto de la falta de confianza en las instituciones de procuración de seguridad y justicia y los altos niveles de impunidad que desalientan al ciudadano a participar en la primer etapa de un proceso de investigación, además de el ineficiente proceso administrativo de los ministerios públicos y policías para conformar una denuncia.

Sumado a esto México aun no cuenta con un Código Penal Único que termine de homologar los criterios de clasificación de los delitos entre las distintas entidades federativas, no existen sanciones a las procuradurías o fiscalías que alteren la información presentada y ocurren delitos como los cibernéticos que no cuentan con clasificación para su debido registro.

A pesar de lo lejos que se encuentran estas cifras de la realidad, Coahuila demuestra cifras elevadas de modo permanente en materia de delitos patrimoniales. Y los esfuerzos realizados por la autoridad no han logrado disminuir la incidencia de este grave problema a niveles por debajo de la media nacional.

En los primeros dos meses del año actual se reportan 2,993 presuntos delitos en materia patrimonial, cifra que representa mas del 35% del total de delitos registrados en la entidad cada mes, y dato que coloca al Estado de Coahuila aproximadamente 38% arriba de la media nacional. Destacan en el registro las categorías de daño a propiedad y otros robos, categorías inciertas para la colaboración en el diseño de estrategias conjuntas entre sociedad y gobierno. También destacan los registros de robo a casa habitación y robo a negocio, 283 y 223 presuntos delitos respectivamente en solo dos meses y esto a pesar de los constantes esfuerzos de la sociedad civil por buscar formas de autoprotección como contratación de sistemas privados de vigilancia, alarmas, protecciones, botones de pánico e instalación de cámaras de videovigilancia.

Es indispensable la generación de nuevos mecanismos de reporte estadístico de incidencia delictiva en México, es urgente que las cifras que sirven de evidencia para la construcción de políticas públicas y estrategias de combate a la delincuencia ofrezcan información apegada a la realidad del ciudadano, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones requiere nuevos procesos y sistemas que registren adecuadamente y den tratamiento basado en resultados desde la prevención del delito hasta la reinserción social de las personas privadas de su libertad; la calidad en la información delictiva permitirá realizar una evaluación objetiva de las acciones y programas implementados y del eficiente ejercicio del gasto público en materia de Seguridad y Justicia.

Alejandra Wade Villanueva

Directora Ejecutiva del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC

@alewade @CCICOAH @ObsNalCiudadano

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