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La bancada del PRD en San Lázaro impulsa una iniciativa para elevar las penas por delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y pederastia.
La diputada perredista Olga Luz Espinosa planteó reformas al Código Penal Federal que buscan considerar que serán imprescriptibles las sanciones en los delitos de pederastia, pornografía y turismo sexual, a fin de agregarlos a lo establecido para casos de corrupción de menores y lenocinio.
Señaló que a quien cometa el delito de corrupción de menores mediante acciones u operaciones a través de tecnologías de la información que dañen sus bienes o su persona, se le impondrá una pena de prisión de seis a 10 años.
Argumentó que el delito de corrupción de menores, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró un alza de 22% en 2019 con relación a 2018, al pasar de mil 487 a mil 817. En tanto, el primer trimestre de 2020 el aumento fue de 11.7% con relación al mismo periodo de 2019.
También expuso que, por el delito de pornografía de menores de edad, la sanción de prisión sea de 10 a 20 años y no de siete a 12 años, como se establece en la ley vigente.
Consideró que con esta modificación se combatirá este delito, toda vez que 60% de la pornografía infantil en el mundo es generada en México.
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Detalló que, en 2020, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dio a conocer que, derivado del confinamiento, las denuncias por pornografía infantil en el país crecieron 73% entre marzo y abril.
Respecto al turismo sexual, argumentó que, según la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. En 20% de estos desplazamientos el sexo es buscado por los turistas, ya que 3% confesó tener tendencias pedófilas.
“Esto supone que más de tres millones de personas viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad”.
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Refirió que ante lo alarmante de estos datos y las situaciones en las que viven los menores, en condición de turismo sexual, su propuesta contempla que al autor de este delito se le aplique una pena de 10 a 20 años de cárcel, en lugar de siete a 12 años de prisión.
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